El PSOE de Mogán considera que la sentencia que anula la ordenanza fiscal de tasa turística de Mogán confirma las deficiencias jurídicas y de planificación que, según la formación, acompañaron a la medida desde su tramitación. Los socialistas responsabilizan al grupo de gobierno municipal y sostienen que la iniciativa se planteó con una finalidad más política que estructural.

El partido afirma que la propuesta impulsada por la alcaldesa de Mogán no aclaraba qué servicio concreto se pretendía financiar, quién debía prestarlo ni sobre qué competencias municipales se apoyaba el cobro.

La formación entiende que estas carencias terminaron generando recursos judiciales e inseguridad jurídica. También considera que el Ayuntamiento priorizó el impacto público de la iniciativa frente al análisis técnico necesario para aprobar una medida de carácter fiscal.

Una aportación turística por otra vía

El PSOE de Mogán asegura que comparte la idea de que los visitantes contribuyan a compensar el impacto de la actividad turística sobre el territorio y los servicios públicos. Sin embargo, defiende que esa aportación debería canalizarse mediante un impuesto y no a través de una tasa municipal.

Según el planteamiento de los socialistas, la competencia para crear ese tributo correspondería al Gobierno de Canarias y no al Ayuntamiento. La formación insiste así en la diferencia entre una tasa, que debe estar vinculada a un servicio concreto y un impuesto de carácter general.

El partido sostiene que el municipio necesita una fórmula estable, con respaldo jurídico y capacidad para afrontar las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de la actividad turística. Para ello, reclama consenso institucional y una planificación definida.

Críticas a la gestión municipal

Los socialistas atribuyen el revés judicial a una actuación que califican de improvisada y cuestionan que la iniciativa fuera presentada como una solución estructural para el municipio. A su juicio, la anulación de la ordenanza afecta a la credibilidad institucional del Ayuntamiento de Mogán y obliga a revisar la forma en que se adoptan decisiones fiscales de especial relevancia.

El PSOE también lamenta que las consecuencias del conflicto jurídico recaigan sobre el conjunto de la ciudadanía. La formación considera que la respuesta a los retos derivados del turismo debe construirse con una base legal suficiente, objetivos concretos y una definición precisa del destino de los fondos recaudados.

Petición de rigor y planificación

El partido interpreta la sentencia como una advertencia sobre la necesidad de reforzar el análisis jurídico antes de aprobar nuevas figuras fiscales. También reclama que futuras iniciativas se tramiten con mayor diálogo y transparencia.

El PSOE de Mogán concluye que cualquier propuesta destinada a obtener recursos de la actividad turística debe respetar el reparto de competencias entre administraciones y ofrecer garantías suficientes. Para los socialistas, el municipio necesita una solución duradera que combine financiación, sostenibilidad y seguridad jurídica.