Las organizaciones vecinales que denunciaron la planta de la empresa Tenneco en Badalona reclaman que la justicia reabra la causa por presunto exceso de dispersión de contaminación insalubre en el entorno de la fábrica de pastillas de freno. Las entidades Airenet y la Asociación de Vecinos de El Remei han interpuesto un recurso contra el decreto de archivo dictado por el juzgado de instrucción número 3 de Badalona. En su apelación, reclaman que se practiquen pruebas que recalcan que son necesarias para valorar un potencial riesgo relevante para la salud humana y el medio ambiente.Seguir leyendo....
Las organizaciones vecinales que denunciaron la planta de la empresa Tenneco en Badalona reclaman que la justicia reabra la causa por presunto exceso de dispersión de contaminación insalubre en el entorno de la fábrica de pastillas de freno. Las entidades Airenet y la Asociación de Vecinos de El Remei han interpuesto un recurso contra el decreto de archivo dictado por el juzgado de instrucción número 3 de Badalona. En su apelación, reclaman que se practiquen pruebas que recalcan que son necesarias para valorar un potencial riesgo relevante para la salud humana y el medio ambiente.
Representados por el abogado Andrés Maluenda, los denunciantes lamentan que el sobreseimiento provisional de la causa "se ha dictado sin haberse practicado en su integridad la totalidad de las diligencias de investigación", que precisamente el juez instructor acordó "por considerarlas necesarias para poder pronunciarse sobre la existencia o no de indicios de ilícito penal". Una cuestión que, entienden, "por sí sola debe llevar a la revocación" del archivo.
El recurso destaca que el propio auto de sobreseimiento admite la existencia de emisiones difusas, la ausencia de un plan de control de dichas emisiones, la presencia relevante de partículas y metales pesados en el entorno de la planta. Son extremos que consideran que aún deben ser esclarecidos como "posibles incumplimientos" relativos "a la ausencia de un plan de control pese a venir exigido normativamente", "incidencias relacionadas con sistemas depuradores, medidas correctoras y control de emisiones" y "la necesidad de valorar las muestras de polvo recogidas en las inmediaciones de la planta y los posibles riesgos derivados de las concentraciones de metales pesados detectadas en el entorno".
Asimismo, piden la remisión al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) de los informes obtenidos durante la instrucción, para que el organismo emita una valoración técnica conjunta sobre la eventual concurrencia de un delito contra el medio ambiente. "No consta que dicho informe del INTCF haya sido finalmente emitido ni incorporado a las actuaciones", advierten. Concretamente, se refieren a la valoración de las campañas de recogida de polvo correspondientes a los años 2023 y 2024 y un análisis cuantitativo de riesgo relativo a los resultados de los muestreos en puntos en el entorno de la planta. Señalan así que el instituto no ha tenido ocasión todavía de pronunciarse sobre la pericial que le fue encargada por el juez, "debiendo remitírsele toda la documentación técnica aportada a la causa".
Los denunciantes también subrayan que la empresa no ha podido aportar "un solo documento que rebata las conclusiones alcanzadas por el primer informe elaborado por la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que dio lugar a la incoación del presente procedimiento". Sostienen que es así porque "ninguno de los informes aportados ha analizado las mismas muestras que fueron tomadas por UB/UAB".
Los recurrentes subrayan que el auto de sobreseimiento admite emisiones difusas de partículas y metales pesados en el entorno de la planta y la ausencia de un plan de control
Con todo, los firmantes del recurso entienden que "no puede considerarse válidamente descartada la existencia de indicios de ilícito penal", "resultando por ello improcedente y prematuro el sobreseimiento acordado". Por ello, piden que se revoque la resolución y dicte una nueva por la que se dé traslado al INTCF del último informe aportado a la causa, del 13 de abril 2026. Remarcan que, en ese documento, los técnicos de la UB y la UAB analizan el informe aportado por la defensa de Tenneco en diciembre de 2025 y concluyen que sus afirmaciones "carecen de respaldo técnico, metodológico y científico".
A su vez, el recurso indica que uno de los motivos que lleva al juez a acordar el sobreseimiento es que no se sobrepasan los Niveles Genéricos de Referencia de emisiones establecidos para el suelo industrial. Por el contrario, los denunciantes subrayan que se hallan domicilios "a escasos metros" y que la planta de Tenneco se sitúa en una "zona próxima a núcleos urbanos". Una decena de residentes de las inmediaciones que contrajeron cáncer y otras enfermedades que asociaron supuestamente a la actividad de la planta se personaron como acusación particular. El magistrado concluyó que no podía acreditarse que las afecciones se debieran a la polución de la empresa.
Los denunciantes entienden que la proximidad de viviendas a los alcorques de los árboles donde se encuentra la fábrica, y de dónde se tomaron las muestras, "no descarta que las emisiones recaigan en suelo urbano, puesto que se trata de partículas en suspensión que se desplazan por el aire". Además, muchas de las muestras se han tomado en los domicilios de los vecinos, "indiscutiblemente en suelo urbano", y, en este caso, "sí existe una superación" de los niveles de referencia.
Así, la defensa de los denunciantes lamenta que el sobreseimiento se centre en "el hecho de que determinados controles ambientales y valores de inmisión no superarían formalmente los límites previstos en la normativa" y que los "incumplimientos detectados tendrían, en su caso, relevancia únicamente administrativa". De hecho, junto al acuerdo de sobreseimiento, el juez remitió el mencionado informe de los Mossos al Departament de Territori y al Ayuntamiento de Badalona, para que valoren la posibilidad de multar a la compañía por presuntas infracciones administrativas. Hasta el momento, ninguna de las dos administraciones ha confirmado si interpondrán estas sanciones.
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