El Consorci Badalona Sud (CBS) fue creado en el año 2006 por el ayuntamiento y la Generalitat, con el objetivo de revertir la degradación y luchar contra la exclusión social de los barrios del sur de la ciudad (Artigues, Congrés, El Remei, La Mora y, en especial, Sant Roc). Cuando nació, el ente contaba con siete trabajadores y 1,2 millones de euros de presupuesto. Con el paso del tiempo, sin embargo, los recursos dedicados se redujeron tanto que su operatividad quedó reducida al mínimo: en diciembre de 2019 solo contaba con una persona asalariada y la inversión había caído a la mitad. Desde entonces, el consorcio se ha disuelto y ha resucitado temporalmente para, después, ser definitivamente enterrado. Ahora, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha detallado en una respuesta parlamentaria que el Govern se decidió por "culminar la liquidación" del ente motivado por su "precariedad estructural", la "falta de planificación y gestión", la "dificultad en la gestión administrativa y económica", su "dependencia funcional" y su "falta de autonomía real".

Así, los males que aquejaban al consorcio mermaban su capacidad de acción, de manera que la Generalitat optó por su disolución "como una manera de mejorar las políticas públicas y optimizar los recursos", ya que "los objetivos se podían alcanzar mejor sin una estructura jurídica específica, optando por mecanismos más simples, flexibles y eficientes de coordinación interadministrativa". En síntesis, la conselleria dispone que ni el volumen económico ni de actividad justificaban una estructura propia, de manera que mantener abierto el consorcio "era contrario a los principios de eficiencia y economía".

Rescate fallido

En nada quedó el intento de recuperar el ente, en junio de 2023, capitaneado por el entonces conseller de Drets Socials, Carles Campuzano (ERC), y por un alcalde Albiol que apenas hacía una semana que había asumido el cargo, tras su victoria en las elecciones municipales del mes de mayo. Ambos dispusieron que para que el CBS funcionase debería "incluir ámbitos de actuación transversal".

El intento de rescate no fue flor de un día. Casi un año después, en mayo de 2024, se llegaron a reformar los estatutos del ente para que la Generalitat tuviese en él una participación mayoritaria (60%, frente al 40% del ayuntamiento), se llegó a mencionar que se diseñaría un plan integral de intervención en el sur de Badalona y el Govern aseguró, un mes antes de las elecciones al Parlament de 2024, que inyectaría 415.000 euros para garantizar su reactivación.

Sin embargo, el cambio de gobierno al frente de la Generalitat frenó esas propuestas. El 5 de febrero de 2025 quedó ratificado el documento firmado por ambas administraciones, que enterraba definitivamente el consorcio. Los motivos que se esgrimían entonces van en la misma línea que la reciente respuesta parlamentaria de la consellera Martínez Bravo: la situación y estructura precarias del ente. Además, el dictamen de la consellera destaca que el acuerdo de gobierno de 10/07/2012 establece que "se han de suprimir entidades públicas cuando no sean eficientes o hayan perdido su razón de ser".

Continuidad de los servicios

Una de las críticas más frecuentes a la clausura del consorcio era la falta de previsión sobre qué servicios de los que ofrecía el ente se podrían continuar prestando. En este sentido, el escrito de la respuesta parlamentaria detalla que "el Govern ha adoptado las medidas necesarias para garantizar que el proceso de liquidación" del ente "no comporte ninguna interrupción en la atención a las personas y familias usuarias de los servicios afectados". Así, se "prevé que las administraciones competentes asuman directamente los servicios y programas, o bien los articulen mediante los instrumentos de gestión y contratación correspondientes".

Asimismo, la réplica de Drets Socials señala que "el proceso de liquidación ha previsto la subrogación del personal y la asignación de los medios materiales a las administraciones consorciadas", es decir, al Ayuntamiento de Badalona y la Generalitat de Catalunya, para "asegurar la continuidad de los servicios y evitar disfunciones en su prestación".

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