El Pleno del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha dedicado un minuto de silencio a Olga Matute, la vecina del barrio de Santa Eulàlia que se suicidó a principios de este mes después de haber sido desahuciada en abril de la que había sido su vivienda durante más de 20 años. Amigas de la familia, y portavoces de entidades vecinales y por el derecho al acceso a la vivienda atendieron a los medios de comunicación el pasado 21 de septiembre para denunciar el caso de Olga y los fallos en un sistema que no logró evitar el trágico final de la mujer, quien ya había alertado en distintas ocasiones de sus inclinaciones suicidas vinculadas a la pérdida de la vivienda.

Tras unos años en paro y con cada vez más dificultades para “cubrir las necesidades básicas”, Olga Matute acudió a una comisión sobre salud mental en el Parlament en la que advirtió de que había caído en “un pozo muy profundo” y que solo pensaba en suicidarse, aunque aseguraba que no lo hacía por sus dos hijas, una de las cuales todavía es menor de edad. En esa misma comisión explicó que, más allá de la falta de empleo, sus principales problemas derivaban de un desahucio que sabía que, tarde o temprano, acabaría llegando y de la imposibilidad de acceder a una vivienda por los elevados precios. Finalmente, el desahucio se ejecutó en abril de 2026 y Olga se suicidó unos meses después, el 7 de septiembre de 2026, a los 54 años.

La misma Olga relató ante el Parlament la situación que atravesaba desde que perdió su empleo tras el cierre de la empresa en la que trabajaba. Durante su intervención, explicó que había asumido en solitario la crianza de sus dos hijas y que llevaba ocho años reclamando que el padre de ambas no abonaba la pensión. La falta de estos ingresos, junto a la reducción progresiva de sus recursos económicos, le impidió seguir haciendo frente a la hipoteca de su vivienda con Banc Sabadell. La entidad aceptó finalmente una dación en pago, por la que entregó el piso a cambio de cancelar la deuda, y le concedió un alquiler social. Tiempo después, la vivienda fue vendida a un fondo de inversión, que decidió no renovar ese alquiler social e inició el proceso para su desalojo.

L’Hospitalet llora el suicidio de Olga tras ser desahuciada de su vivienda / "Norma Vidal; / ACN"

La noche previa al desalojo, explicaron las entidades, tuvo que ser ingresada en urgencias psiquiátricas del Hospital de Bellvitge "después de amenazar con quitarse la vida". "Su abogado aporto esta prueba a los juzgados con tal de suspenderlo [el desahucio], pero el juez se negó", siguen.

Tras el minuto de silencio, y en consonancia con las reclamaciones de los vecinos de Olga, los distintos grupos han instado a hacer lo que sea necesario para que esta sea la "última" muerte por un caso de vulnerabilidad como el de Olga.

En lo que no han coincidido los grupos es en las causas que han empujado a la vecina hospitalense a este final tan trágico. Los postulados han quedado divididos entre los grupos de izquierdas de la oposición —ERC-EUiA y Comuns— y los de derechas —PP y Vox—. Los primeros han apuntado a las prácticas "especuladoras sin alma" de fondos como el que promovió el desalojo de Olga y han aseverado que el sistema "ha fallado", también por parte de las instituciones. Por su parte, Vox ha insistido en que "las políticas restrictivas de vivienda de la izquierda" la han convertido en "un bien escaso", lo que facilita la especulación con ellas, mientras que el PP ha aseverado que se trata de un caso de "fracaso del sistema político e institucional".

El PSC, partido que gobierna en la ciudad, no ha querido entrar en el debate y se ha limitado a reclamar una reflexión más amplia para estas situaciones "no se vuelvan a repetir". Fuentes municipales aseguraron el pasado 21 de septiembre que los Servicios Sociales realizaron desde 2020 una “intervención social continuada” con la familia respecto a la vivienda, su situación socioeconómica y laboral, la educación y la salud. En materia residencial, detallan actuaciones de asesoramiento, informes de vulnerabilidad y seguimiento de los procedimientos vinculados a la pérdida de la vivienda. En 2026, “se gestionó una ayuda económica extraordinaria para facilitar una alternativa temporal de alojamiento”. Tras el fallecimiento de la madre, los servicios activaron “la atención y el acompañamiento a la familia” y señalan que actualmente mantienen el seguimiento y el acceso a recursos de apoyo.

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