“La vulnerabilidad mata”. De este modo concluyó Olga Matute, una vecina del barrio de Santa Eulàlia de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) su intervención en una comisión sobre la salud mental del Parlament de Catalunya. Era 2024. Ya entonces, tras unos años en paro y con cada vez más dificultades para “cubrir las necesidades básicas”, advirtió que había caído en “un pozo muy profundo” y que solo pensaba en suicidarse, pero que no lo hacía por sus dos hijas, una de las cuáles todavía es menor de edad. En la misma comisión explicó que, más allá del paro, sus principales males provenían de un desahucio que sabía que, tarde o temprano le terminaría por llegar y la imposibilidad de acceder a una vivienda por los altos precios de las mismas. El desahucio se produjo finalmente en abril de 2026. Y Olga se suicidó unos meses después: el pasado 7 de septiembre de 2026. Tenía 54 años.

“Queremos que se tomen todas las medidas para que esta sea la última muerte vinculada al negocio inmobiliario”, ha dicho Khristian Giménez, miembro de la Asociación de Vecinos y Vecinas Som Santa Eulàlia, en una rueda de prensa en la Ciutat de la Justícia de L’Hospitalet. Lo ha hecho tras recordar que, en 2010, la segunda ciudad de catalunya ya tuvo que lamentar un suicidio de un vecino del barrio del Gornal, que se quitó la vida tras recibir una notificación de desahucio: “16 años después, nos seguimos viendo obligados a denunciar un nuevo asesinato”.

Estaba previsto que en la comparecencia ante los medios participase también una de as hija de Olga. Sin embargo, después de tener que organizar el funeral este mismo domingo 20 de septiembre, amigas y vecinos de la mujer han explicado que no se ha visto capaz de ponerse ante los micrófonos. En su lugar, Marta y Desirée, amigas de la familia, han leído un comunicado en el que han remarcado que "estos últimos días han sido muy duros para todas nosotras". "Llevamos días conmocionadas, rotas y cabreadas. Pero, a pesar de las dificultades, no queríamos que un hecho de estas características quedara en silencio", han remarcado.

Vecinos y entidades se concentran frente a la Ciutat de la Justícia para denunciar el suicidio de Olga tras ser desahuciada en L'Hospitalet. / Cedida

También ha comparecido un miembro del Sindicat d'Habitatge de L'Hospitalet, entidad que acompañó a Olga durante el proceso de desahucio. Uno de sus portavoces, Pau Segura, ha anunciado así que han convocado una concentración el próximo 3 de octubre en el barrio de Santa Eulàlia para denunciar el caso de Olga y la precariedad habitacional que cada vez afrontan más familias. Además, han alertado de que los problemas de salud mental asociados a estas situaciones "no se atienden lo suficiente".

Las amigas de la familia también han explicado que Olga pasó toda su vida en el barrio de Santa Eulàlia, donde "estudió, trabajó, luchó, amó" y donde también tuvo a sus dos hijas. "Un barrio que hoy la echa de menos", han querido enfatizar. Olga Matute había sido socia de la asociación de vecinos de Santa Eulàlia e incluso llegó a ser miembro de la Junta Directiva durante algunos años. También había militado en ERC y participó activamente en la organización del 1 de octubre de 2017 a través del CDR del barrio de Santa Eulàlia. En los últimos años, militó en el Sindicat d'Habitatge de L'Hospitalet.

Con voz trémula y rompiéndose en un par de ocasiones, la misma Olga explicó en el Parlament en 2024 que se quedó sin empleo después de que la empresa en la que trabajaba cerrara. También que se hizo cargo sola de sus dos hijas y que, entonces, llevaba ocho años "luchando y denunciando" que el padre de las mismas no pagaba la pensión. Así, tras no recibir los ingresos que iban disminuyendo con el tiempo y sin la pensión complementaria, empezó a no poder a pagar la hipoteca que había firmado con el Banc Sabadell, con el que terminó por firma una dación en pago —dar el piso a cambio de condonar la deuda— y firmar un alquiler social. Sin embargo, el banco vendió el piso a un fondo de inversión, que no renovó dicho alquiler social.

"Con unos ingresos de 600 euros no puedo acceder a una vivienda. Hay parejas que ni con dos nóminas puede", apuntó Olga en el Parlament. "Caes en un pozo muy profundo del que no sabes salir. Te aislas y dejas de participar en todo y solo piensas en suicidarte, pero es algo que tampoco me puedo permitir. No tengo padres, no tengo hermanos y mis hijas tienen un padre ausente. ¿Qué harían estas hijas si yo no estoy?", lamentó entonces. Olga Matute había vivido en la vivienda de la que fue desahuciada desde hacía más de 20 años. La noche previa al desalojo, explican las entidades, tuvo que ser ingresada en urgencias psiquiátricas del Hospital de Bellvitge "después de amenazar con quitarse la vida". "Su abogado aporto esta prueba a los juzgados con tal de suspenderlo [el desahucio], pero el juez se negó", siguen.

Tras la ejecución del desahucio, Olga y su hija menor de edad fueron a vivir a casa de una vecina del barrio, que les prestó la vivienda. "La solidaridad de clase le proporcionaron un techo. Las instituciones nunca le garantizaron nada", han dicho. Desde el Sindicat d'Habitatge de L'Hospitalet, Pau Segura ha querido "señalar" como responsables de este caso al Sabadell, al fondo que no renovó el alquiler —Promontoria Coliseum Real Estate—, así como las distintas administraciones y autoridades judiciales. "La vivienda no puede ser un negocio. Es un modelo que hemos visto fracasar. La vivienda debe ser un derecho universal y eso significa que debe regirse por las necesidades sociales", ha remachado Khristian Giménez, de la asociación de vecinos Som Santa Eulàlia.

Fuentes municipales aseguran que los Servicios Sociales realizaron desde 2020 una “intervención social continuada” con la familia respecto a la vivienda, su situación socioeconómica y laboral, la educación y la salud. En materia residencial, detallan actuaciones de asesoramiento, informes de vulnerabilidad y seguimiento de los procedimientos vinculados a la pérdida de la vivienda. En 2026, “se gestionó una ayuda económica extraordinaria para facilitar una alternativa temporal de alojamiento”. Tras el fallecimiento de la madre, los servicios activaron “la atención y el acompañamiento a la familia” y señalan que actualmente mantienen el seguimiento y el acceso a recursos de apoyo.

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