09/04/2026 a las 08:12h.

El informe de la Inspección General de Servicios «denota es que el Servicio de Minas no funcionaba correctamente». El presidente del Principado, Adrián Barbón ha comparecido en rueda de prensa para comprometer que su Gobierno «va a ir más allá de las 11 recomendaciones» que se recogen en dicho informe y entre esas medidas adoptadas ha anunciado la recuperación del Servicio de Seguridad Minera suprimido en 2019. Un completo informe realizado tras la muerte de cinco mineros leoneses en Cerredo el pasado 31 de marzo de 2025.

Ha explicado Barbón que tras analizar las 317 páginas del informe lo que se busca es «un refuerzo total y absoluto, sabiendo ya la situación y la necesidad que existe de regenerar total y absolutamente el servicio de Minas» y sabiendo que «está claro que ha habido un funcionamiento anómalo, defectuoso que no se corresponde con lo que debe ser un funcionamiento de un Servicio».

Así ha insistido el presidente en destacar que el Ejecutivo asume «todas y cada una» de esas 11 recomendaciones recogidas en el documento e irá «más allá» y ha destacado algunas de estas medidas en las que ya están trabajando.

En lo referente a las medidas de organización interna ha anunciado que, a pesar de que el informe no pide la recuperación del Servicio de Seguridad Minera, sino que lo que pide es una reordenación y refuerzo de los efectivos, a propuesta del consejero de Ciencia, el Consejo de Gobierno, en el plazo de dos meses, aprobará nuevamente la creación del Servicio de Seguridad Minera.

En segundo lugar, se llevará a cabo el refuerzo de la dotación del personal del Servicio de Minas para adecuarlo al nuevo contexto de transición justa, minería verde y de materias primas. Además anualmente se publicará la publicación una memoria de inspección minera y se llevará a cabo un programa nuevo de inspecciones sin previo aviso.

Respecto a las medidas normativas ha indicado que en el plazo de un mes se van a dictar instrucciones urgentes de aplicación inmediata, en varios ámbitos. Uno de ellos el de los derechos mineros de tal modo que la consejería va a desarrollar con carácter inmediato una instrucción para la que va a ser determinante establecer la motivación de las transmisiones de los derechos mineros, la solvencia técnica y económica de las empresas adquirientes.

En cuanto a los proyectos de investigación complementaria, que ha manifestado Barbón el informe no dice que sean ilegales, sino que hay que establecer el desarrollo de los mismos y hacer un marco normativo al respecto, la Administración no autorizará nuevos PIC en tanto en cuanto no exista esta regulación normativa.

Respecto a las medidas de carácter de investigación, el Gobierno de Asturias iniciará actuaciones de información previa previstas en la legislación de procedimiento administrativo relativas al contrato presentado por Blue Solving con Combayl, que la propia Inspección General de Servicios remitió a la fiscalía; respecto a la rebaja de la cualificación del expediente sancionador a Combayl por el accidente de agosto de 2022 y respecto a los procedimientos que se encuentren pendientes de resolución administrativa expresa, para determinar las causas de dicha situación y su posible incidencia en la seguridad o el interés público, así como el inicio de los procedimientos de responsabilidad a los que pudiera haber lugar.

Preguntado el presidente si el informe conllevará «responsabilidades políticas», Barbón ha indicado que este documento «es el inicio de un trabajo que va a llevar todavía mucho tiempo, muchos meses de evaluación» y ha añadido que «van a seguir trabajando en determinar todas las responsabilidades».

Ha añadido a preguntas de la prensa que la forma de haber evitado el accidente es que la empresa, Blue Solving, no hubiera incumplido la normativa, ni hubiese actuado de manera ilegal con una «actividad clandestina, contraria a derecho y sin ningún tipo de autoridad». Sobre la existencia de delitos penales por parte de la Administración ha incidido en que «confía plenamente en la actuación de la justicia».

«Lo que le puedo garantizar es que si detectáramos que por parte de cualquier autoridad administrativa o política hubieran tomado decisiones que fueran iniciarais de un posible delito, la orden estricta es inmediatamente acudir a Fiscalía», insistió Adrián Barbón.