El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha avalado en una sentencia judicial, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la polémica desocupación en la que el Ayuntamiento de Badalona desalojó a unos 250 migrantes de un antiguo instituto municipal llamado B9. Concretamente, el tribunal ha desestimado un recurso que pesaba sobre la resolución que dio luz verde al consistorio para el desalojo del recinto. El operativo tuvo lugar en diciembre del 2025, dos semanas después de emitirse el auto de desalojo, y acabó con lo que se había convertido en el mayor asentamiento de Catalunya.

La sentencia ha sido recibida con satisfacción por el alcalde Xavier Garcia Albiol, que en declaraciones a este diario la describe como una "victoria moral". El popular destaca dos "aspectos importantes" de la decisión judicial: "Demuestra que el Ayuntamiento de Badalona prestó los servicios sociales adecuados y que el procedimiento que se llevó a cabo fue el que correspondía", suscribe Albiol.

El recurso que desestima la reciente sentencia, firmada el pasado 23 de julio, lo interpusieron 11 de los ocupantes del antiguo instituto B9 de Badalona y hace referencia directa al escrito judicial que autorizaba la desocupación, y no a la gestión de los desalojados posterior al operativo. Los apelantes planteaban, entre otros puntos, que el auto vulneraba "el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación", o que prescindía "del juicio de proporcionalidad, vulnerando el derecho fundamental a tutela judicial efectiva".

Para el tribunal, sin embargo, "no se acreditan dichas vulneraciones" ya que, asegura, "se han tenido en cuenta las circunstancias de los ocupantes de los inmuebles, así como el criterio de proporcionalidad a la hora de valorar si se autoriza o no la entrada en el inmueble". De hecho, el tribunal llega a afirmar que "la Administración [el Ayuntamiento de Badalona] sí ha tenido en cuenta la vulnerabilidad social de los ocupantes".

Por su parte, Fiscalía solicitó desestimar el recurso de los antiguos ocupantes, ya que sostiene que el auto "es conforme a derecho", y arguyó que "tanto el procedimiento de autorización de entrada como en el auto impugnado han seguido las prescripciones de la ley". Cabe recordar que, en un escrito remitido a un juez de lo contencioso en marzo de 2026 sobre la gestión de los desalojados y no sobre la autorización para la desocupación en sí, el Ministerio Fiscal concluyó que el consistorio badalonés no habría ofrecido ayuda a los migrantes, que quedaron "en situación de vulnerabilidad y emergencia habitacional", apuntalaba Fiscalía.

En esa misma línea incide la denuncia que el eurodiputado Jaume Asens interpuso a Albiol días después del desalojo. Durante semanas, muchos de los antiguos ocupantes del B9 acamparon bajo el puente de la C-31, a decenas de metros de un B9 en que ya se llevaban a cabo tareas de limpieza y desescombro, cuando no del derribo completo. De hecho, decenas de vecinos cortaron hace unos días la C31 a la altura del barrio de Sant Roc para protestar contra el último reducto de los desalojados del B9, una quincena de personas que aún pasa las noches en las plazas del barrio.

El alcalde Albiol ha explicado en varias ocasiones que, durante el operativo, una decena de trabajadores de los Servicios Sociales municipales entró en el recinto "para atender a todas las personas" que así lo requiriesen, siendo unas 50 las que finalmente pidieron asistencia 'in situ'. A ese operativo es al que el gobierno municipal ha apelado siempre para justificar haber cumplido lo que disponía la resolución judicial.

Los apelantes que impugnaron la autorización judicial para entrar en el B9 también resaltaban que el auto tenía "un contenido imposible, ya que el Ayuntamiento carece del mencionado protocolo". Ese protocolo es al que la juez hacía referencia en el auto, cuando señalaba que la desocupación se debía efectuar "siguiendo el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales a los efectos de prestarles la atención del programa de atención social", y "remitiendo informe de lo actuado" a este respecto.

Asimismo, en la nueva sentencia también se lee que "en atención al informe remitido [por el Ayuntamiento de Badalona] no ha existido irregularidad procedimental alguna". Con todo, Albiol entiende que la Justicia le "da la razón": "Esta es una victoria contra la demagogia y ante la utilización política que a nivel local y exterior se intentó hacer", rubrica el alcalde.

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