Este lunes se ha aplazado por tercera vez en cuatro meses el desahucio de una vecina de Vilanova i la Geltrú con 89 años y una dependencia severa víctima de irregularidades en una permuta inmobiliaria. La mujer vendió la casa a unos promotores que construyeron un bloque con el compromiso de que ella podría quedarse uno de los pisos. La permuta, sin embargo, no consta regularizada en ninguna parte. Los promotores quebraron y la actual propiedad le ordena que se marche. La mujer se opone, y tiene una situación física delicada que requiere intervención de sanitarios para sacarla de casa. Como que cognitivamente se vale por sí misma, el personal del SEM se ha negado a sacarla contra su voluntad sin una orden judicial exprés que justifique la intervención.

El inmueble de la discordia se sitúa en la rambla Pirelli de Vilanova, en pleno barrio de mar de la capital del Garraf, donde Carme Alcaraz, Carmeta, vive desde hace 70 años. Hasta principios de los 2000 vivió en la casa donde se había instalado cuando se casó, muy joven, pero "varios problemas económicos" la llevaron a aceptar la oferta de una constructora para tirar el inmueble al suelo y levantar tres pisos, según relata su hija, Raquel Prats.

Aquel trato implicaba que Carme se iba a vivir de alquiler temporalmente a otro piso mientras se construía el edificio, con una renta pagada por el promotor. Con la obra a medias, la hija asegura que el propietario le dijo que se podía avanzar y acceder a uno de los pisos que ya estaba acabado. Pero aquel acuerdo encadenó varias irregularidades que afloraron posteriormente.

Movilización en Vilanova para parar el desahucio de Carme, la vecina de 89 años a la que quieren desahuciar de su vivienda. / ACN

La propiedad del edificio quebró, y los pisos pasaron a manos de diferentes entidades bancarias hasta que los adquirió un fondo de inversión, el cual también ha acabado vendiendo la finca a otra empresa. La propiedad insiste por la vía judicial en echar a Carme porque en ninguna parte constan sus derechos a vivir en el piso. Ella, sin embargo, asegura que es víctima de una estafa que pide aclarar. "Son unos ladrones que me lo han quitado todo, incluso las pertenencias que tenía guardadas en un camión mientras hacían las obras", se exclama, evidenciando muchos problemas respiratorios al hablar.

Carme insulta los propietarios que la quieren forzar a salir, a quienes insta que se personen en el proceso de mediación que ya está abierto en los juzgados, donde las partes están citadas para el 15 de mayo. "Que esperen a ir al juzgado, porque las cosas siempre se pueden arreglar", insiste, y asevera: "No podrán hacerme marchar de aquí".

Su hija insiste que su madre "no debe dinero a nadie" y sostiene que uno de los acuerdos con la propiedad era que ella asumía el recibo del agua de toda la finca mientras se formalizaban los papeles de los diferentes pisos. Prats ha apuntado que, en paralelo a la mediación prevista para el mes próximo, tienen otras causas judiciales cruzadas vinculadas a la finca.

La orden de desahucio de este lunes ha sido la tercera desde que empezó el año, pero la familia asegura que la última década ha habido varias órdenes que también se han acabado suspendiendo por motivos diversos. Las últimas tres han tenido una movilización ciudadana especial para hacer presión frente a la comitiva judicial y la policía para evitar que Carme se tenga que ir de su casa.

Esta vez, una decena de activistas de diferentes entidades sociales y en defensa del derecho a la vivienda han pasado la noche dentro del edificio, y una veintena más se han sumado a la protesta a primera hora de la mañana. A medida que iban pasando las horas, la movilización ha sumado asistentes, hasta superar de largo el centenar de personas. Y otras muchas se han quedado fuera del cordón policial que han definido los Mossos al ver el gentío.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Locatarias han encabezado la negociación con los Mossos, la comitiva judicial, la propiedad y las concejalas de Vivienda y Servicios Sociales. Pero ha sido el personal del SEM quien ha indicado a la comitiva judicial que no podían sacar la mujer contra su voluntad si ella estaba consciente y era cognitivamente válida por sí misma, ni tampoco había ninguna situación de riesgo que justificara su traslado.

Los sanitarios han recalcado que por ahora no disponen de ninguna orden judicial que justifique actuar contra la voluntad de Carme. "Si la sacaban a la fuerza se exponían a asumir la responsabilidad de poner en riesgo su integridad", ha apuntado Andreu Bonet, del Sindicato de Locatarias. Desde la PAH, Jacqueline Tokyo ha recalcado que el estado de salud de la mujer "es muy grave".

La oposición del SEM, sumada a la movilización ciudadana y a la voluntad de negociación expresada por las diferentes partes ha forzado que se suspendiera la orden judicial de este lunes sin poner una nueva fecha. Según la PAH, ha habido el "compromiso" del consistorio a negociar un alquiler social para garantizar que Carme pueda continuar en su casa con el mínimo perjuicio económico para los propietarios.

Fuentes municipales consultadas por ACN han precisado que el compromiso adquirido para abrir la negociación no plantea un alquiler social, puesto que es inviable porque el piso no tiene cédula de habitabilidad y que están "buscando una solución 'ad hoc'", para la cual confían que haya buena predisposición tanto de la propiedad como de la familia.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento insiste que ha ofrecido a Carme disponer de una plaza en una residencia de personas mayores de Vilanova, con un copago en función de su capacidad económica. La mujer rehúsa esta opción y sostiene que quiere vivir en su casa.

Una vez se ha confirmado que el desahucio no saldría adelante este lunes y en el momento que la policía ha reculado, todos los manifestantes se han reunido a la puerta del bloque de pisos para apoyar a la afectada y abuchear a los Mossos d'Esquadra mientras estos se iban.