Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, ha reafirmado que los gobiernos autonómicos del PP cumplirán la ley en lo referente a la gestión de los menores migrantes. Esta postura, según Bendodo, forma parte integral de los pactos de gobierno alcanzados con Vox en diversas comunidades, como Andalucía. El dirigente popular ha insistido en que la legislación vigente se acatará "en esta ocasión también", al tiempo que ha responsabilizado al Ejecutivo central de la problemática migratoria, señalando su "inestabilidad y debilidad" en la materia.

Desde Málaga, Bendodo fue categórico al afirmar que el Gobierno central es el responsable de "resolver esta situación" y no debe "echar la pelota a las comunidades". Para el vicesecretario popular, se trata de un "problema de seguridad y de inmigración" que ha sido "ocasionado por este gobierno". En este sentido, el Partido Popular mantiene una posición firme: "todos los que han entrado ilegalmente, legalmente tienen que irse", reiterando su compromiso con el estricto cumplimiento de la ley, "como siempre".

La controversia se intensificó con las declaraciones de Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, quien manifestó que la Junta "se iba a oponer" al reparto de menores propuesto por el Gobierno central. Gavira, fue explícito al señalar que "Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez. Así lo pactamos". Esta declaración subraya la firmeza de los acuerdos entre PP y Vox en las comunidades donde gobiernan, marcando una clara línea de acción frente a las políticas migratorias del Ejecutivo nacional.

En este contexto de tensión política, Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, ha señalado que, si las comunidades autónomas persisten en su negativa a acoger a los menores migrantes procedentes de Ceuta, "entonces, tendrá que actuar de oficio Fiscalía de menores". El delegado fue contundente al afirmar que, "evidentemente, la ley tiene que cumplirse", poniendo de manifiesto las posibles consecuencias legales de una falta de colaboración entre administraciones. Esta intervención resalta la obligación legal de protección de estos menores, independientemente de la postura política de cada región.

La legislación española establece que los menores de edad, independientemente de su origen o situación administrativa, son sujetos de derecho y deben ser protegidos. La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015, y la Ley de Extranjería, son los pilares que rigen la tutela de los menores extranjeros no acompañados. Las comunidades autónomas tienen la competencia exclusiva en materia de protección de menores, lo que incluye su acogida, tutela y atención integral. Sin embargo, la llegada masiva de estos menores, especialmente a puntos fronterizos como Ceuta o Canarias, genera una presión asistencial que a menudo desborda las capacidades de las administraciones locales. La negativa de algunas regiones a participar en este reparto plantea un conflicto de competencias y responsabilidades que la Fiscalía de Menores podría tener que dirimir, tal como ha advertido el delegado del Gobierno en Ceuta.

La postura de los gobiernos autonómicos, especialmente aquellos donde el PP y Vox comparten ejecutivo, tiene un impacto directo en la política migratoria y en la gestión de los menores no acompañados. Al condicionar su participación en el reparto a un estricto cumplimiento de la ley de extranjería, y al exigir la expulsión de quienes han entrado ilegalmente, estos gobiernos están marcando una línea dura que contrasta con la visión de acogida y protección incondicion