En el reparto de los menores inmigrantes que están todavía en las calles de Ceuta después de la llegada masiva de hace más de una semana, faltaba la opinión de la Fiscalía General del Estado (FGE). Ayer, la titular de la institución, Teresa Peramato, advirtió mediante la publicación de un decreto, las pautas para los fiscales a fin de “garantizar” la “protección de todos los menores no acompañados en situación de contingencia migratoria extraordinaria” que se encuentren en España y avisa de que actuará si las comunidades rechazan acogerlos. Mientras, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de visita en la ciudad, aseguró que las primeras reubicaciones a otras autonomías en “pocas semanas” y elevó a 1.342 la cifra que la Policía Nacional tiene ya censados.

La instrucción de la FGE llega tras las reticencias manifestadas por algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox a una eventual acogida de menores migrantes. El Ministerio Público señala que desde el momento en que la sección de menores del lugar de destino tenga conocimiento de que se va a producir un traslado de menores extranjeros a su territorio, y de que el lugar de procedencia sea una comunidad autónoma “declarada en situación de contingencia migratoria extraordinaria”, se deberán adoptar “las medidas necesarias” para que “por parte de la entidad pública autonómica de protección de menores se procure una adecuada acogida”.

La Fiscalía insta, de este modo, a que los gobiernos autonómicos cumplan “su deber de garantizar la atención inmediata necesaria y, en su caso, de la protección de aquellos mediante la adopción de las medidas oportunas, cuya superior vigilancia y control deberá ejercer el fiscal competente”. El decreto indica que en el caso de que las comunidades autónomas de destino rechacen o “muestren reticencias para asumir de forma inmediata la recepción efectiva” de los menores, el fiscal del lugar de origen “deberá informar al fiscal del lugar de destino, con copia de la resolución de reubicación y traslado, así como alegaciones de rechazo o dilación de su ejecución”.

El auto de la FGE concluye con que una vez “recibida dicha información, el fiscal de menores del lugar de destino, en el marco de las diligencias preprocesales o expediente gubernativo que hubiere incoado, procederá a requerir a la entidad competente en materia de protección de menores para que, con carácter de urgencia, designe el recurso que entienda más idóneo para ejercer una adecuada protección de los menores”.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ayer en Ceuta. / Reduan / EFE Fondos para la acogida

Sira Rego anunció la puesta en marcha de una partida presupuestaria para la acogida “solidaria y vinculante” de estos menores, para lo cual se convocará una Comisión Sectorial de Infancia la próxima semana. “La intención es habilitar esa partida con carácter urgente y comenzar con la acogida en la península de estos menores en coordinación con el resto de comunidades autónomas”.

La ministra de Juventud e Infancia advirtió que para que el proceso de salidas se haga de la manera “más eficiente”, un equipo técnico estará en Ceuta “con carácter permanente para que el procedimiento de acogida sea lo más rápido posible”. La ministra aclaró que la cifra de niños censados se incrementará porque “se sigue con el proceso que está siendo complicado por el volumen de llegadas y la situación de cierto desborde que requiere un trabajo pausado pero constante para empezar a trabajar con los procesos de acogida”.

De hecho, este mismo viernes se habilitó un segundo colegio público para la acogida de menores “y seguimos tratando de poner en marcha otros espacios para atender a estos niños y facilitar que el procedimiento se haga de manera más ágil y con más garantías”.

Silencio de la Junta

En Andalucía sigue el silencio oficial del PP, por lo que la única voz del Ejecutivo continúa siendo la de su vecepresidente segundo, Manuel Gavira, quien ayer volvió a insistir en reclamar a Marruecos que acoja a los menores y culpó a Pedro Sánchez de no cumplir el acuerdo entre los dos países que lo contemplaba. Gavira, recordó que “existe un acuerdo con Marruecos para favorecer el retorno de los menores con sus familias y el Gobierno se niega a aplicarlo. El interés del menor no es ser separado de su familia y repartido por España”.

El portavoz de la formación en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, insistió en esa idea al afirmar que “si Marruecos utiliza a menores como arma de guerra híbrida contra España, la respuesta no puede ser repartirlos por toda la nación. Eso sólo recompensa la invasión y fortalece a las mafias que trafican con seres humanos. No al reparto. Sí al retorno”. Vox registraba ayer una proposición no de ley en el Congreso en la que exige el retorno a Marruecos de los menores no acompañados que entraron a Ceuta y la paralización “inmediata” de su traslado a la Península.