La Junta de Andalucía sigue en silencio una semana después de la llegada de miles de inmigrantes a Ceuta. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que la Consejería de Igualdad “aún no ha valorado” este asunto y se remite a una próxima comparecencia dentro de unos días. A falta de una respuesta del Ejecutivo, hay que quedarse con al valoración que ayer en Málaga ofreció el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, que aseguró que “en los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox (incluida Andalucía), se habla de que cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La Legislación vigente se cumplirá en este caso también”.

Dos son los puntos del acuerdo de gobierno en Andalucía. El número 12 establece un “rechazo frontal a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad” y llama a “oponerse por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier reparto de inmigrantes”. La frase final del mismo es determinante: “La Junta cumplirá el marco legal vigente en lo referido a llegadas de inmigrantes ilegales a las costas andaluzas”. Es a ésta a la que se aferra Bendodo. El número 13 también se refiere a los mecanismos de devolución de los menores a sus países de origen. Nuevamente, también tiene un enganche legal, en concreto la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que facilita la adopción de acuerdos para agilizar estas repatriaciones.

La legislación española establece que los menores de edad, independientemente de su origen o situación administrativa, son sujetos de derecho y deben ser protegidos. La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015, y la Ley de Extranjería, son los pilares que rigen la tutela de los menores extranjeros no acompañados. Las comunidades autónomas tienen la competencia exclusiva en materia de protección de menores, lo que incluye su acogida, tutela y atención integral. Sin embargo, la llegada masiva de estos menores, especialmente a puntos fronterizos como Ceuta o Canarias, genera una presión asistencial que a menudo desborda las capacidades de las administraciones locales. La negativa de algunas regiones a participar en este reparto plantea un conflicto de competencias y responsabilidades que la Fiscalía de Menores podría tener que dirimir.

De tales manifestaciones cabe deducir que la Junta de Andalucía sí que parece estar dispuesta al respeto del posible reparto que se haga a estos cientos de niños no acompañados que se siguen en las calles de Ceuta y que no pueden ser devueltos a Marruecos. Bendodo, no obstante, volvió a exigir al Ejecutivo a que resuelva la cuestión y señaló a los responsables de Interior, Defensa y Presidencia, como los responsables de la misma.

Respuesta de Vox

Desde Vox no se lo han puesto nada fácil. Si hace unos días fue el vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira quien manifestó que la Junta “se iba a oponer” al reparto de menores propuesto por el Gobierno central”, ayer le tocó al portavoz de la formación en el Parlamento andaluz. Javier Cortés, a través de su perfil en X, volvió a denominar “invasores” a los llegados a Ceuta y asegura que “su reparto por España sólo beneficia el efecto llamada, beneficia a las mafias del tráfico de personas y prepara la siguiente invasión promovida por Marruecos”.

No se quedó ahí y en otro mensaje en la misma plataforma ilustrado con una información sobre la llegada de trabajadores a la vendimia francesa aseguró en referencia a los inmigrantes, que “ni vienen a pagar nuestras pensiones, ni vienen a hacer los trabajos que nos españoles no quieren. Lo que hacen es contribuir a precarizar los salarios y las condiciones laborales, echando por tierra décadas de conquistas sociales”.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, advirtió que “si los gobiernos autonómicos de PP yvox se oponen al traslado de menores inmigrantes, incurrirán en un delito de prevaricación”. El también portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, recordó que “desde 2025 estña vigente un decreto de medidas ante una contingencia migratoria uqe pauta la reubicación de menores entre las comunidades, como ha ocurrido en Ceuta”. Maíllo calificó al partido de Abascal como la “banalidad del mal” con su “absoluta falta de compasión”.