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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAEl pacto de gobierno que firmaron PP y Vox ya rechazaba la acogida de más menores extranjeros no acompañados y garantizaba el uso de "todos los medios legales, jurídicos y políticos" para oponerse al reparto de estas personasEl PP compite con Vox y choca con el Gobierno por la acogida de menores de Ceuta con la excusa de la “seguridad nacional”
La Junta de Castilla y León se opone “frontalmente” a acoger a menores que accedieron irregularmente a Ceuta la seman pasada, según ha explicado la Vicepresidencia Primera autonómica, que recae en Carlos Pollán (Vox). La reforma de la Ley de Extranjería que fue aprobada el año pasado pese al rechazo de PP y Vox obliga a las comunidades a aceptar el reparto de menores en caso de de emergencia humanitaria y si lo pedían otros territorios como sucedió hace años con Canarias y este con Ceuta, este último dirigido por el PP. La de Castilla y León es una postura que ya han compartido los ejecutivos autonómicos de coalición en Aragón, Andalucía y Extremadura.
El secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, defiende que se trata de una crisis de “seguridad nacional” y no de una cuestión migratoria, por lo que el PP está defendiendo el no acogimiento de los menores. Las autoridades ceutíes calculan que hay un millar de menores extranjeros que necesitarán atención, aunque se prevé que la cifra aumente, puesto que muchos todavía estaban “en barriadas y calles” y no se han incorporado al sistema de protección.
La Vicepresidencia de Vox fundamenta su rechazo a esta acogida en el décimo punto del pacto de gobierno firmado en junio y que rechazaba la acogida de más menores extranjeros no acompañados y garantizaba el uso de “todos los medios legales, jurídicos y políticos” para oponerse al reparto de estas personas. El PP de Alfonso Fernández Mañueco y Vox acordaron que tampoco se ampliarán las plazas en los centros de acogida de migrantes.
Este acuerdo contemplaba, entre otras medidas, la supresión total de subvenciones a aquellas ONG que “favorezcan la inmigración ilegal”, una afirmación que Vox ha reiterado sin dar pruebas de ello. Por todo ello, la Vicepresidencia de Vox destaca que la postura del Ejecutivo autonómico “es claro y no ha variado”: “Oposición frontal a la política migratoria y la imposición del Ejecutivo central”.
En una de sus primera comparecencias ante los medios, Carlos Pollán —también consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales— ya defendió que era “inasumible” atender a 833 menores extranjeros no acompañados, aunque no por recursos humanos o materiales sino de “principios” y anunció que su consejería condicionaría las subvenciones a Cáritas y otras ONG a su apoyo a migrantes irregulares.
La Junta de Castilla y León se opone “frontalmente” a acoger a menores que accedieron irregularmente a Ceuta la seman pasada, según ha explicado la Vicepresidencia Primera autonómica, que recae en Carlos Pollán (Vox). La reforma de la Ley de Extranjería que fue aprobada el año pasado pese al rechazo de PP y Vox obliga a las comunidades a aceptar el reparto de menores en caso de de emergencia humanitaria y si lo pedían otros territorios como sucedió hace años con Canarias y este con Ceuta, este último dirigido por el PP. La de Castilla y León es una postura que ya han compartido los ejecutivos autonómicos de coalición en Aragón, Andalucía y Extremadura.
El secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, defiende que se trata de una crisis de “seguridad nacional” y no de una cuestión migratoria, por lo que el PP está defendiendo el no acogimiento de los menores. Las autoridades ceutíes calculan que hay un millar de menores extranjeros que necesitarán atención, aunque se prevé que la cifra aumente, puesto que muchos todavía estaban “en barriadas y calles” y no se han incorporado al sistema de protección.
La Vicepresidencia de Vox fundamenta su rechazo a esta acogida en el décimo punto del pacto de gobierno firmado en junio y que rechazaba la acogida de más menores extranjeros no acompañados y garantizaba el uso de “todos los medios legales, jurídicos y políticos” para oponerse al reparto de estas personas. El PP de Alfonso Fernández Mañueco y Vox acordaron que tampoco se ampliarán las plazas en los centros de acogida de migrantes.
Este acuerdo contemplaba, entre otras medidas, la supresión total de subvenciones a aquellas ONG que “favorezcan la inmigración ilegal”, una afirmación que Vox ha reiterado sin dar pruebas de ello. Por todo ello, la Vicepresidencia de Vox destaca que la postura del Ejecutivo autonómico “es claro y no ha variado”: “Oposición frontal a la política migratoria y la imposición del Ejecutivo central”.
En una de sus primera comparecencias ante los medios, Carlos Pollán —también consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales— ya defendió que era “inasumible” atender a 833 menores extranjeros no acompañados, aunque no por recursos humanos o materiales sino de “principios” y anunció que su consejería condicionaría las subvenciones a Cáritas y otras ONG a su apoyo a migrantes irregulares.