La Junta consolidará durante la XII Legislatura el modelo de cuidados de larga duración, una estrategia orientada a que las personas mayores, dependientes o con discapacidad puedan permanecer en su hogar el mayor tiempo posible, siempre que así lo deseen, mediante un refuerzo de la atención domiciliaria, la teleasistencia, las ayudas a la adaptación de las viviendas y el despliegue de nuevas soluciones tecnológicas para favorecer su autonomía.

Así lo anunció hoy el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, durante su comparecencia en las Cortes, donde situó la atención a las personas mayores, la dependencia y los cuidados de larga duración entre las principales prioridades de la XII Legislatura. El consejero defendió que el envejecimiento, la dispersión de la población y el incremento de las situaciones de gran dependencia obligan a consolidar un modelo que permita prestar cuidados personalizados tanto en los centros residenciales como, especialmente, en el propio domicilio y en el medio rural.

Vázquez recordó que Castilla y León parte de una posición de liderazgo nacional en dependencia. Según destacó, la Comunidad atendió durante 2025 a más de 129.300 personas, con cerca de 184.000 prestaciones, es la autonomía con mayor porcentaje de población recibiendo prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con un 5,4 por ciento, y registra el menor plazo medio de resolución de expedientes del país, 113 días, frente a los 341 días de la media nacional. Además, obtuvo una calificación de 7,5 puntos en el Observatorio Estatal de la Dependencia, casi tres puntos por encima de la media española (4,8).

Sobre esa base, la Consejería reforzará los programas dirigidos a favorecer la permanencia en el domicilio. Entre ellos figura un incremento de la financiación de 'A gusto en casa', que ya presta atención a cerca de 5.700 personas en más de un millar de municipios, y del programa INTecum, destinado a personas con enfermedades avanzadas o en fase terminal.

Asimismo, actualizará la normativa del servicio de ayuda a domicilio para avanzar hacia un modelo más personalizado de atención y reforzará la coordinación con las nueve diputaciones y los 16 ayuntamientos que gestionan este recurso, que supera los 40.000 usuarios y cuenta con una financiación cercana a los 100 millones de euros anuales a través del Acuerdo Marco con las corporaciones locales. A ello se sumará el impulso de nuevos servicios de reparto de comida a domicilio en el medio rural.

La Junta incrementará también el presupuesto y el número de usuarios de la teleasistencia avanzada, que actualmente presta servicio a más de 62.000 personas, con nuevos sistemas de monitorización y asistencia remota dirigidos especialmente a pacientes con enfermedades crónicas de alto riesgo.

Entre las principales novedades de la Legislatura, el consejero se refirió a la nueva línea de ayudas dotada con diez millones de euros anuales para financiar la sustitución de bañeras por platos de ducha con el fin de prevenir caídas y mejorar la seguridad de las personas mayores en sus viviendas.

A ello se unirá la implantación progresiva de un sistema de tele-rehabilitación integral personalizada para personas con mayores niveles de dependencia, que permitirá trabajar desde el domicilio aspectos cognitivos, físicos y emocionales mediante nuevas herramientas tecnológicas.

El titular de Sanidad y Bienestar Social dedicó además un apartado específico a las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), para quienes la Junta continuará reforzando los apoyos domiciliarios a través del programa INTecum. Recordó igualmente que Castilla y León fue la primera comunidad autónoma en regular el Grado III+ de dependencia extrema, que permite acceder a prestaciones económicas de hasta 9.900 euros mensuales para financiar servicios de asistencia personal o ayuda a domicilio.

Transformación de las residencias

El segundo gran pilar del modelo de cuidados de larga duración será la transformación de los centros residenciales y de día hacia una atención cada vez más personalizada para personas mayores y personas con discapacidad.

Con ese objetivo, la Junta ampliará la concertación de plazas residenciales y de centros de día e incrementará su financiación para garantizar una atención «digna, accesible y de calidad». Asimismo, reforzará la formación especializada de profesionales, cuidadores y familias mediante el desarrollo del HUB de innovación La Aldehuela, concebido como un centro de referencia para impulsar la innovación social y tecnológica en el ámbito de los cuidados.

Vázquez anunció además que la Comunidad continuará avanzando hacia la eliminación de las sujeciones físicas y químicas en residencias y centros de día, promoviendo la acreditación de centros libres de sujeciones como una de las señas de identidad del nuevo modelo de atención centrada en la persona.

Combatir la soledad no deseada

Junto al refuerzo de la dependencia, el consejero situó el envejecimiento activo y saludable como otra de las prioridades de la política social de la Junta, con el objetivo de prevenir la fragilidad y combatir la soledad no deseada antes de que aparezcan situaciones de dependencia.

Para ello, la Consejería potenciará las actividades del Club de los 60, impulsará el nuevo Carné 60 Castilla y León, con nuevas ventajas, descuentos y actividades, y ampliará el programa de viajes, que en 2025 ofertó cerca de 28.500 plazas para 31 destinos nacionales e internacionales.

También continuará reforzando la Universidad de la Experiencia, que cuenta con 42 sedes -27 presenciales y 15 en línea- y alcanzó durante el curso 2025-2026 una cifra récord de más de 6.600 alumnos, ampliando especialmente su implantación en el medio rural.

Vázquez anunció la creación de una Red de Espacios de Encuentro, en colaboración con las asociaciones de personas mayores, para ofrecer una programación estable de actividades de acompañamiento, convivencia y participación social que contribuya a combatir el aislamiento.

La Junta pondrá igualmente en marcha un procedimiento específico para prevenir, detectar y atender situaciones de maltrato hacia las personas mayores y creará un servicio gratuito de asesoramiento y protección frente a fraudes, abusos patrimoniales, estafas y exclusión digital, accesible tanto de forma presencial como telemática, con independencia del lugar de residencia.