Castilla y León verá incrementada en 3,5 millones de euros la cantidad del nivel acordado por el Estado para financiar la atención a la dependencia para 2026, lo que se traducirá en 83,1 millones de euros frente a los 79,7 del pasado año, debido al cumplimiento con los objetivos de mejora estipulados, entre lo que se encuentran variables de empleo, lista de espera y calidad de los servicios, según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales al que tuvo acceso Ical. La cifra no llega aún a los 85,5 millones de 2004.

A diferencia de Castilla y León, hay otras ocho comunidades (Cataluña, C. Valenciana, Asturias, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Aragón y Madrid) verán reducida su financiación por su mala gestión al no cumplir con los objetivos de mejora de la atención vinculada a la Financiación Acordada.

Al analizar la inversión en Dependencia por habitante en 2025, Castilla y León ocupó la tercera posición, con 338 euros, sólo por detrás de País Vasco (479,8 euros) y Extremadura (411,3 euros). En el otro extremo se encuentran Canarias (178,8 euros), Murcia (225,8 euros) y Cataluña (247,3 euros).

Además, en el informe se denunció que se mantiene una acusada desigualdad territorial, siendo las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año País Vasco (3.102 euros), Extremadura (2.757 euros), Baleares (2.632 euros) y Navarra (2.578 euros), mientras a la cola se encuentran Galicia (1.490 euros), Canarias (1.492 euros) y Murcia (1.751 euros). Castilla y León, con 2.174 euros, se sitúa en quinta posición y por encima de la media nacional (2.034 euros).

A ese respecto, el portavoz en Castilla y León de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, Gustavo García, aseguró que la Comunidad cuenta con unos servicios sociales «magníficos», aunque advirtió de la necesidad de mantener las partidas y la financiación para este ámbito en los presupuestos de Castilla y León, por lo que lanzó un mensaje en este sentido de cara a la formación del próximo Gobierno autonómico.

Por otro lado y según el estudio, Castilla y León se posicionó como la segunda autonomía que menor porcentaje de inversión pública aportó en Atención a la Dependencia en 2025, al cifrarse en el 63,3 por ciento, solo por delante de La Rioja (59,8 por ciento). País Vasco, con 917 millones y el 85,3 por ciento; Navarra, con 181 millones y el 81,4 por ciento; e Islas Baleares, con 273 millones y 81,3 por ciento, lideraron la tabla. A la contra, La Rioja, con 57,8 millones (59,8 por ciento), Castilla y León, con 589 millones (63,3 por ciento), Andalucía, con 1.556 millones (66 por ciento) y Galicia, con 492 millones (67,1 por ciento) fueron las que menos porcentaje aportaron en Dependencia.

En el conjunto del país la inversión pública en Atención a la Dependencia fue de 13.734 millones de euros en 2025, de los que 9.976 millones de euros (72,6 por ciento) correspondieron a las comunidades autónomas, mientras que la aportación estatal fue el 27,4 por ciento, con 3.758 millones de euros.

En el caso de Castilla y León, el gasto total certificado fue de 931,7 millones, de los que 589,9 millones (63,3 por ciento) correspondieron a fondos autonómicos y el resto, 341,8 millones (36,7 por ciento) a transferencias del Estado.