La organización exige a la Conselleria la autorización urgente de trampas y visores térmicos e indemnizaciones a través de los seguros agrarios.Más información: José Vicente (ASAJA), sobre las macroplantas solares en el Vinalopó: "Nunca se debería castigar al sector primario por producir energía"
La organización ASAJA Alicante denuncia la falta de respuesta institucional ante el crecimiento desmedido de especies como conejos, jabalíes o muflones, que están provocando graves daños en las explotaciones agrícolas. “No es razonable que la sobrepoblación de fauna recaiga exclusivamente sobre los agricultores, tanto en costes económicos como en esfuerzo físico”, subrayan desde la entidad.
La asociación exige una revisión profunda de la normativa cinegética vigente, que consideran obsoleta e incapaz de responder a la gravedad actual. Según alertan, los daños ya no se limitan a reducir la producción, sino que comprometen directamente la supervivencia de los cultivos.
El presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, citricultor en la Vega Baja, señala que la plaga de conejos le supone un gasto adicional de unos 35.000 euros anuales en mano de obra y materiales protectores. “Invertimos más cada año para obtener menos rendimiento. Pasamos jornadas enteras protegiendo los árboles mientras la población de fauna sigue creciendo sin control”, explica.
En Pinoso, el agricultor José Cerdá describe la situación como “creciente y preocupante”, con pérdidas que oscilan entre el 30% y el 80% en viñedos y almendros. Critica que la normativa actual limita la actuación a avisar a cazadores, una medida que considera ineficaz. “Necesitamos permisos que nos permitan actuar directamente. Además, los seguros agrarios eluden indemnizar con cualquier argumento”, denuncia. En cultivos de albaricoque, asegura que los conejos llegan incluso a devorar la corteza en las partes altas de los árboles.
Los sistemas tradicionales de protección han dejado de ser útiles. Francisco Tárbena, afectado por arruíes y jabalíes en plantaciones de cítricos, manzanos y aguacates, afirma que los vallados no resisten: “El jabalí rompe las vallas con facilidad. Hace falta una normativa eficaz que permita el uso de trampas”.
En la misma línea, la agricultora María López denuncia la falta de respuesta de los seguros tras sufrir pérdidas del 40% en los sarmientos de uva de mesa. “Los conejos excavan bajo las vallas. Los peritos apenas revisan una parte mínima y concluyen que no hay daños suficientes. Se debería valorar lo perdido, no lo que queda”, reclama.
Por su parte, Ricardo Ferri, agricultor en L’Alcoià, estima pérdidas cercanas al 45% en cereal, donde el uso de vallados resulta inviable por la extensión de las parcelas. “La administración debería actuar de oficio, compensar los daños y aplicar medidas como el control de fauna en monte”, apunta.
La presión sobre los agricultores también se traduce en jornadas laborales extremas. En las Salinas de Santa Pola, José Manuel Irles, productor de sandía, se ve obligado a vigilar sus campos durante la noche. “Aprovechamos el riego para hacer guardia hasta la madrugada. Es insostenible trabajar así y rendir al día siguiente”, relata.
El viticultor Rafael Cañizares denuncia la pérdida total de sus viñas destinadas a vinificación por la acción de los conejos, que dañan tanto las plantas como los sistemas de riego. En el Camp d’Elx, Roque Bru insiste en la necesidad de métodos alternativos: “El minifundio impide el uso de armas por la cercanía de viviendas. Es imprescindible autorizar trampas y actuar en barrancos”.
Ante este escenario, ASAJA Alicante exige a la Generalitat Valenciana una reforma integral del sistema. Entre sus demandas, destaca la revisión de Agroseguro para que las indemnizaciones reflejen el total de la producción perdida, y no únicamente el remanente.
Asimismo, la organización pide que se permita a los agricultores gestionar directamente sistemas de control, como trampas eficaces en zonas de minifundio y el uso de tecnología nocturna para contener la expansión del jabalí.
Finalmente, reclaman una mayor implicación de la administración en el control de poblaciones en montes públicos y terrenos abandonados, con el objetivo de evitar que las explotaciones agrícolas sigan actuando como principal fuente de alimento para la fauna salvaje.