El municipio de Villena se ha consolidado como uno de los principales municipios de resistencia institucional frente a la proliferación de macroplantas solares en la Comunidad Valenciana sobre terrenos de cultivo o naturales. La firma del alcalde, Fulgencio Cerdán (PSOE), decretando la caducidad fulminante de la licencia urbanística para la planta fotovoltaica de Los Alorines no es un hecho aislado, sino que representa la tercera gran victoria de la localidad alicantina.

Cerdán lidera una "cruzada" por defender el territorio y aportar sentido común a una planificación energética que, a juicio del consistorio, ha carecido por completo de él tanto a nivel autonómico como estatal. No en vano, en una reciente entrevista a este diario Cerdán aseguró que "tenemos el problema también derivado de las fotovoltaicas, sobre todo en el pequeño y mediano propietario, que tenían arrendadas las tierras a alguna cooperativa, en el sector del vino… El vino ha visto reducida su cosecha, el número de toneladas. Hay a quien le sale más rentable la fotovoltaica que trabajar en la tierra".

Con este último movimiento, el Ayuntamiento demuestra que la vigilancia administrativa al milímetro puede convertirse en un escudo eficaz frente a proyectos que inicialmente parecían impuestos de forma irreversible. Cerdán ha asegurado que desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando en esta línea, siempre amparados por la legislación vigente, para aportar sentido común a una planificación que, a nuestro juicio, no lo ha tenido ni por parte de la Conselleria ni del Gobierno central en lo que respecta al desarrollo de este tipo de infraestructuras en Villena".

La historia de este triple freno comenzó a fraguarse con el bloqueo del macroproyecto proyectado a los pies de la Sierra de Salinas, un espacio de alto valor ecológico y paisajístico para la comarca. En aquel momento, la amenaza venía fragmentada en tres instalaciones vinculadas conocidas como Frutasol, Villasol y Atalaya Solar, que en su conjunto pretendían desplegar una potencia masiva de 100 megavatios. La victoria en este paraje se logró por la vía medioambiental.

La movilización social, respaldada por informes técnicos desfavorables y la presión del propio municipio, consiguió dilatar los plazos de evaluación de tal manera que la promotora vio caducar sus derechos de conexión antes de poder obtener a tiempo la imprescindible Declaración de Impacto Ambiental. Aquel primer éxito insufló optimismo a la ciudadanía y marcó el camino a seguir, evidenciando que los gigantes energéticos no eran invencibles si se topaban con un muro técnico bien fundamentado.

Poco después, el foco de la batalla se trasladó al entorno de Peña Rubia, otro de los rincones emblemáticos del término municipal que se vio amenazado por el proyecto denominado PSF Villena Solar. En este segundo asalto, la clave del éxito residió en la vía de la movilización ciudadana y la contestación social. El rechazo masivo de los vecinos de la zona, articulado a través de alegaciones constantes y protestas públicas, generó un clima de hostilidad jurídica y social tan elevado que terminó por desinflar las pretensiones de la empresa responsable.

La persistencia local forzó un escenario de parálisis que debilitó la viabilidad del proyecto, logrando que la promotora diera marcha atrás o permitiera vencer los plazos administrativos ante la imposibilidad de avanzar en un entorno que se negaba rotundamente a sacrificar su paisaje.

La tercera y más reciente victoria, materializada en el paraje de La Encina con la planta de Los Alorines, introduce una estrategia completamente novedosa: la vía estrictamente urbanística. Este proyecto, que contemplaba una potencia instalada de 43 megavatios, contaba originalmente con la autorización de la Generalitat Valenciana, lo que obligó en su día al Ayuntamiento a conceder la licencia municipal de obras para evitar incurrir en responsabilidades jurídicas derivadas de un bloqueo arbitrario.

Sin embargo, el Gobierno local de Cerdán ha sabido jugar sus cartas con astucia y paciencia. Al detectar que la empresa promotora dejó expirar el plazo legal obligatorio sin haber iniciado los trabajos de construcción en el terreno, el alcalde ha firmado la resolución de caducidad de la licencia y ha desestimado de forma contundente el recurso presentado por la compañía.

Este último logro adquiere una relevancia especial al compararse con dinámicas de otros municipios cercanos. El propio alcalde ha querido trazar una línea de distinción con lo ocurrido en Novelda, donde la paralización de proyectos solares ha dependido de la decisión civil y privada de los propietarios de los terrenos, quienes se plantaron de forma unánime negándose a vender o arrendar sus parcelas a los fondos de inversión.

En Villena, por el contrario, los promotores sí habían logrado acuerdos económicos con los dueños del suelo, lo que obligaba a que la defensa del municipio dependiera exclusivamente de la pericia y el blindaje legal de la administración local. Al aprovechar este descuido temporal de la promotora de Los Alorines, Villena sienta un precedente.