Cada vez que se suicida un niño debería pararse el mundo, pero no sucede. Muy pocos de los menores que se quitan la vida terminan en las noticias, y cuando eso pasa suele ser porque hay detrás unos familiares rotos y muy combativos que se resisten a que su hijo perdido se diluya en las cifras de cómputo anual de suicidios. En el 2004, el caso de Jokin Ceberio fue el primero en convertir en problema público lo que hasta entonces se consideraba una tragedia íntima. Hay personas que acaban cumpliendo esa función sin haberlo pedido: Ana Orantes, Maricarmen Abascal.

Jokin se suicidó en Hondarribia cuatro días antes de cumplir los 15 años tras haber pasado meses sufriendo acoso escolar sistemático y organizado. Ocho menores que habían participado en su hostigamiento fueron juzgados y condenados. Desde entonces, el bullying ha pasado a entenderse como crimen, casi siempre colectivo, aunque siga banalizándose. La crueldad es la misma, pero los métodos han cambiado, porque ahora quienes la ejercen disponen de más medios y pueden acosar también por watsap y difamar usando herramientas de la IA.

Los motivos también permanecen. Quien lo sufre es siempre alguien que no se ajusta a los parámetros más estrechos de lo que se considera normal y aceptable. Hace unos días, una adolescente llamada Adonis se quitó la vida en l’Hospitalet de Llobregat con solo 14 años después de meses de recibir insultos tránsfobos y homófobos, según explicó su hermana Gabriela, que tuvo, brevemente, la atención de los medios. Las noticias sobre el caso terminan con la frase habitual: “El caso está en manos de los Mossos”.

Unos pocos familiares supervivientes, a los que se les junta la pena con la perseverancia, permanecen a veces más rato en las noticias. Blanden fotos de sus hijos fallecidos ante las cámaras y reclaman que su caso se juzgue, se investigue, que deje de considerarse un drama social y se aborde como el delito específico que fue. Las familias de Kira y de Óscar, dos exalumnos de las escuelas Pare Manyanet, en Sant Andreu y les Corts, llevan años reclamando que la institución no protegió a sus hijos. Óscar se quitó la vida a los 21 años y su familia cree que pudo haber sufrido abusos sexuales por parte de un profesor. Ahora, la congregación religiosa que es dueña de los dos colegios demanda a las familias y a la asociación Trencats, que fundó el padre de Kira López, y exige 70.000 euros por vulneración al honor. Hay algo chocante también en eso, en pensar que el honor puede ser institucional. Y mucho de mezquino en esa demanda.