Abogados y abogadas del turno de oficio vuelven a cargar contra el Ministerio de Justicia por el retraso superior a los tres meses en el pago de las minutas por atender las causas adscritas a justicia gratuita, máxime cuando las cantidades resultan irrisorias respecto del coste real, "nos pagan a 0,85 euros por hora trabajada", expone el portavoz del colectivo en Zamora, Patricio Cuadra Blanco, no sin recalcar el hartazgo por el trato que se viene dispensando al centenar largo de profesionales que ponen sus conocimientos y experiencia a disposición de un servicio público que continúa sin ser reconocido como tal.

El letrado pide "que se nos suba la remuneración hasta que sea una cantidad digna, no pedimos que se coloque al nivel del asesoramiento privado, pero que se nos reconozca como un servicio público a la ciudadanía y se nos facture como tal, no como una 'indemnización' como ocurre en la actualidad". El término indemnización lleva implícita la negación de la relación laboral entre los profesionales de la Abogacía y el Ministerio de Justicia. "Queremos que se reconozca ese vínculo que nos permitirá también cotizar esos ingresos como retribución laboral", subraya.

Cuadra Blanco vuelve a poner de manifiesto que "somos las Kelly de la Abogacía", ya que no solo la retribución es irrisoria para prestar un servicio público de este calado, sino que "ponemos nuestros medios materiales, ordenador, despacho, vehículo para desplazamientos, nuestra conexión a Internet..., sin que el Estado nos aporte nada", denuncia en nombre de sus compañeros y compañeras.

El portavoz del turno recuerda que para quienes se colegian para ejercer la profesión "es obligatorio adscribirse a la Justicia Gratuita, se permite que se descuelguen compañeros y compañeras si hay suficientes para cubrir este servicio", un argumento más para defender su carácter de servicio público y esa relación laboral con el Estado a través del Ministerio de Justicia.

Tampoco se abona la disponibilidad del abogado durante las 24 horas de guardia, otro desajuste que solicitan que se corrija porque es un tiempo que les mantiene en alerta a quienes están adscritos al turno de oficio, un tiempo que podrían emplear en sacar adelante los asuntos de sus clientes particulares. Patricio Cuadra Blanco ejemplifica los ingresos que pueden suponer los trabajos en un día guardia de violencia de género, que le reportó 75 euros en el mes de abril o los poco más de 200 euros que le abona el Ministerio de Justicia por un divorcio de acuerdo mutuo.

Cuando no atienden ningún asunto en la guardia no perciben ninguna remuneración, a pesar de que tienen que estar disponibles para atender a detenidos o víctimas de delitos a cualquier hora del día, otra cuestión que genera protestas entre las abogadas y abogados del turno de oficio.

A estas consideraciones, agrega la desprotección frente a agresiones de los clientes con derecho a esta prestación gratuita del Estado a los que tienen que asistir, "al no considerársenos autoridad pública en el turno de oficio, estamos desprotegidos frente a esas situaciones".