Los recortes de la Junta de Castilla y León han llegado al turno de oficio que venía financiando para atender a las mujeres víctimas de agresiones sexuales con bajos recursos, para que pudieran optar a un abogado sin coste alguno cuando sus ingresos fueran inferiores a lo estipulado para acceder a la Justicia Gratuita, en concreto, en 2,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), según denuncian abogados y abogadas adscritas a este turno de oficio voluntario.
Los recortes de la Junta de Castilla y León han llegado al turno de oficio que venía financiando para atender a las mujeres víctimas de agresiones sexuales con bajos recursos, para que pudieran optar a un abogado sin coste alguno cuando sus ingresos fueran inferiores a lo estipulado para acceder a la Justicia Gratuita, en concreto, en 2,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), según denuncian abogados y abogadas adscritas a este turno de oficio voluntario.
La reducción de recursos para el turno de oficio para víctimas de violencia de género ha llegado la justicia gratuita para que el Colegio de Abogados de Zamora atienda los casos de agresiones sexuales, lo que implica que se subsumirán en el turno mencionado inicialmente, lo que conlleva la desaparición del turno específico para las mujeres que sufren en estos últimos delitos contra la integridad sexual.
La Junta venía abonando a profesionales de la Abogacía que llevaban estos asuntos alrededor de 600 euros gracias al acuerdo suscrito con el Colegio de Abogados de Zamora, casos que entran en el servicio de Justicia Gratuita del Estado, al desligarse la Administración autonómica de acuerdo con la decisión tomada por el actual Ejecutivo de Castilla y León que deja los servicios sociales en manos de Vox.
La Administración autonómica mantendrá el pago de los asuntos de agresiones sexuales cuyo procedimiento judicial comenzara antes del cambio de carteras en las consejerías tras las elecciones últimas, con lo que los abogados y las abogadas que defiendan este tipo de asuntos en adelante recibirán retribuciones muy alejadas de esos casi 600 euros por asunto.
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