Decir "la justicia es un cachondeo" llevó, hace 40 años, a un nacionalista andaluz, alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, a una condena de seis años de inhabilitación y dos meses de arresto. Sin embargo, el motivo de la condena no fue dicha frase, que no constituye delito alguno; sino el que, además, aseguró que existía connivencia entre abogados y jueces, lo que sí es delito al calumniar al juez. Pedro Pacheco fue durante años el representante del nacionalismo andaluz de izquierdas que culminaría en el Partido Andalucista. En el debate en el Congreso el presidente Sánchez pidió distinguir entre los procesos contra dirigentes socialistas hoy expulsados; contra el expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero, que sigue contando con su apoyo; y contra su esposa y su hermano. Jueces, y policías a sus órdenes directas –UCO y UDEF judicial-, persiguen la corrupción, pero estuvieron en el trasfondo del debate del miércoles 24; lo quieran o no, entran de lleno en la politización de la justicia o mejor en la judicialización de la política.

No basta con el “y tú más”, como le reiteraron sus socios de gobierno o de investidura al presidente Sánchez, o como dijo Gabriel Rufián el diputado de ERC ni con “los otros son peor, ¿y qué?”, nosotros -añadió- también hemos padecido la persecución de jueces y policías que “no son seres de luz”, sino que algunos pertenecen a la España negra. “A ustedes les persiguen por pactar con nosotros con Podemos, con EH Bildu, con el BNG y eso a la España oscura, que manda en este país, no se le va a olvidar nunca, jamás”. La justicia no es igual para todos, dijo.

La portavoz de EHB, Mertxe Aizpurua, apeló a su “memoria política, y no por desconfianza abstracta”, sino porque también sufrieron la persecución de poderes policiales y judiciales de lo que llamó el “régimen del 78”. Ni todo es lawfare, ni todo es corrupción, es una falsa disyuntiva, dijo, eso no obsta para que haya una operación para tumbar a su gobierno “una operación judicial, política, social y mediática” en marcha destinada a acabar con la ventana de oportunidad que abre un ciclo plurinacional y social. Tras las crisis territorial -vasca y catalana-, económica, institucional -de la monarquía- y de representatividad -de fin del bipartidismo- se ha abierto esta ventana de oportunidad que pretenden abortar, de ahí “el que pueda hacer que haga”. ”Dejen de resistir y pasen a la ofensiva -recomendó- porque no van a parar, señor Sánchez, no van a parar”.

Para la novata y brillante portavoz de Sumar, Verónica Martínez, el PP ya ha renunciado a hacer oposición y plantear alternativas, solo está en un proceso de derribo del gobierno. El gobierno lo que debe hacer es acelerar en democratizar la justicia, resolver el problema de la vivienda, que la gente tenga la certeza de que su vida va a mejorar, “que vayan a votar con ganas por un futuro mejor”.

En síntesis, tanto los coaligados en el gobierno como los que dieron su apoyo- excepto claramente Junts, que tampoco quiere aparecer votando con Vox por el momento- piden dejar al margen el “y tú más” y presentar un proyecto ilusionante reformista en la estructura judicial y plenamente social en lo económico partiendo de una base social de izquierdas y plurinacional, o Federal si quieren.

Indudablemente, el más importante es el proyecto de presupuestos para el 2027. Es el programa político de los partidos que sostienen al gobierno puesto en números, si eso se consigue es el empuje que el gobierno necesita y sus socios exigen. Además, el Gobierno va a intentar aprobar los proyectos de mejora del sistema de financiación autonómica, la condonación de la deuda, el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años y la ley del cine, entre otros.

El proyecto estrella es la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que transfiere la dirección de la investigación penal a los fiscales, bajo la supervisión de un juez. Esto eliminaría muchos de los problemas en los procesos de instrucción actuales. El texto se encuentra en fase de tramitación en la Comisión de Justicia del Congreso, tras finalizar el plazo de enmiendas. El resto de las formaciones que conformaron la mayoría de la investidura le darán apoyo, pero la negativa de Junts hace inviable hoy por hoy su aprobación. Quizá se podría negociar en paralelo a las leyes citadas en el párrafo anterior. Es la oportunidad de un proyecto.

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