El magistrado de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha calificado de “tragedia” la desconfianza que los españoles muestran en las encuestas hacia la justicia. “La convivencia se lamina si se generaliza la idea de que en España la Justicia no la imparten jueces, sino fachas con toga; esto es gravísimo”, añadió en una conferencia en el CEU San Pablo, “una sociedad no puede vivir desconfiando de sus jueces”. “Solo el 32,2% considera que las resoluciones que emiten sobre asuntos políticos son “justas e imparciales”.

Desde mi modesta opinión coincido con tan ilustre magistrado en que es una “tragedia”. “La convivencia se lamina si se generaliza la idea de que en España la justicia no la imparten jueces, sino fachas con togas, esto es gravísimo”. Sin embargo, una sociedad, en mi opinión, sí puede vivir,- malvivir sería mas exacto- desconfiando de sus jueces y la prueba es que sobrevive, cuando solo un “32% considera que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas e imparciales”.

Desgraciadamente, tan ilustre magistrado no sugiere ninguna propuesta para reformar el poder judicial. Poder judicial que él pudo haber presidido con el consenso de PP y PSOE, lamentablemente renunció para quedarse en la presidencia de la Sala de lo Penal del Supremo. No sabemos por qué, y seguro que hay una sustanciosa explicación. El poder judicial lo ejercen y lo integran jueces y magistrados desde la primera instancia hasta el Tribunal Constitucional, individual y/o colectivamente como tribunales. Otra cosa es el gobierno del poder judicial que la Constitución atribuye al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Nunca en la historia de España los jueces han tenido una independencia como en el sistema actual. Jamás. Tanto durante los procesos de instrucción como en poner sentencias. Si la independencia está garantizada, la desconfianza de los ciudadanos deriva de su falta de imparcialidad y respeto al principio de neutralidad política. Requisitos que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige a los titulares del poder judicial. Yo añadiría que además jueces y magistrados han hecho gala en su mayoría de un sentido corporativista y de protección mutua que ha limitado la capacidad de actuación y corrección del Consejo General del Poder Judicial. Un consejo que reina, pero no gobierna. El Judicial es un poder sin gobierno. Son los jueces quienes deben ganarse la confianza de los ciudadanos; no vale reprochar a los ciudadanos que desconfíen.

En esta legislatura la principal oposición al parlamento democrático y al gobierno que surge de él, ha sido fundamentalmente una oposición judicial, de algunos miembros del poder judicial, una minoría sin duda, pero una minoría muy cualificada e influyente. Todos los jueces como cualquier ciudadano tienen derecho a protestar y a asociarse incluso a manifestarse con togas y puñetas, ¡qué puñetas! Incluso, contra una ley la de amnistía, que ni siquiera se había presentado como anteproyecto; pero deberían ser conscientes de que la forma de hacerlo compromete la confianza pública en la imparcialidad judicial. No puede escandalizarse un magistrado tan ilustre como Marchena de que la ciudadanía después desconfíe de los jueces. ¿Por qué un magistrado del supremo no ha levantado la orden de busca y captura contra Puigdemont después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea? ¿Por qué un juez de instrucción se niega a cumplir la orden de sus superiores de devolver el pasaporte a dos personas imputadas con el procedimiento adecuado y mantiene de hecho medidas preventivas calificadas de inadecuadas o excesivas? ¿Por qué esos superiores que han corregido más de una docena de veces al juez Peinado no piden que se instruya un expediente aunque sea por incompetente?

La legislatura en su totalidad ha estado presidida por esa combinación de la agenda política de las derechas en las Cortes Generales y en los Parlamentos de diversas comunidades autónomas con la agenda judicial de algunos jueces y magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de diversos tribunales de justicia de las comunidades e incluso con los consejeros del Tribunal de Cuentas.

Que “los jueces elijan a los jueces” como reclama la derecha judicial es la expresión máxima del corporativismo judicial y de la impotencia del CGPJ. Mejor sería que los ciudadanos elijan al gobierno de los jueces y a jueces y fiscales- como en EEUU- así no habría desconfianza ciudadana justificable.

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