Jornada de alta tensión en la Guardia Civil, con los dos principales miembros de su cúpula compareciendo ante la Justicia como investigados. La directora general del instituto armado, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, han acudido este jueves a la convocatoria del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el expansivo caso Leire, de supuesta corrupción en los aledaños del PSOE.

La plataforma Hazte Oír ha pedido al letrado del PP que representa a la unión de acusaciones particulares en el caso Leire que tramite una petición de costilla para la imposición de prisión provisional a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, dado “el riesgo de fuga evidente” y el de “reiteración delictiva”, ha explicado a las puertas de la Audienia Nacional el abogado del colectivo ultraconservador, Javier María Pérez Roldán.

En un acto con escasos precedentes en el entorno físico de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, en Madrid, la plataforma ultra Hazte Oír, una de las promotoras de las acusaciones que se formulan en el caso Leire -pero no personada como parte porque el juez Pedraz fundió toda la acusación popular en el PP-, ha desplegado una pancarta con las fotos de la directora General de la Guardia civil, Mercedes González, y el DAO del cuerpo, el teniente General Manuel Lamas, con el eslogan “vuestro honor ni se divisa”, haciendo un juego de palabras con el lema tradicional de la Guardia Civil “el honor es mi divisa”.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha hecho ya entrada en el edificio de la Audiencia Nacional, donde esta mañana la espera el juez Santiago Pedraz para tomarle declaración como investigada en el caso Leyre. Unos minutos antes ha llegado el director. adjunto operativo del Instituto armado, el teniente general Manuel Llamas, que viene a declarar en la misma calidad ante el juez que instruye la supuesta trama de corrupción urdida en torno al PSOE. La directora ha sido citada por sus reuniones, al menos dos, mantenidas con Leire Díez, y el DAO comparece, después de que un informe de la unidad central operativa del Instituto armado (UCO), recogiera declaraciones de dos generales de La GuardiaCivil sobre supuestos intentos de entorpecer la labor de la UCO con informaciones reservadas abiertas dentro del cuerpo.

Montse Mínguez, portavoz federal del PSOE, remarcó la confianza del partido en Mercedes Gonzalez. Es una profesional, es una compañera ejemplar. "Tengamos en cuenta que Mercedes González tiene sus derechos como es la presunción de inocencia". "Toda nuestra confianza", remarcó

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, interroga este jueves como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas. González declarará a partir de las 10.15 horas y después lo hará Manuel Llamas, en el marco de la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. En ambos casos, el juez les atribuye presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. La directora de la Guardia Civil fue imputada después de que la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista, que según el juez habría coordinado la presunta trama, mientras que el liderazgo recaería sobre el exdirigente socialista Santos Cerdán.

"Se aportan los billetes de ida a Londres y de vuelta desde Brístol", dice el escrito que el exministro del Interior Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, ha entregado al juzgado madrileño que rige el juez Juan Carlos Peinado. La representación letrada de la esposa del presidente del Gobierno los ha aportado este miércoles, dentro del plazo que dio el magistrado, como prueba de que, efectivamente, Gómez viajó al Reino Unido el pasado fin de semana cumpliendo la razón por la que había pedido una suspensión de la retirada cautelar de su pasaporte y de la prohibición de salir de España.

La sentencia que condena por prevaricación administrativa a los once procesados por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha recibido una valoración "positiva" por parte de HazteOír, una de las acusaciones populares personadas en la causa. No obstante, su abogado, Javier María Pérez-Roldán, considera que el fallo "se queda corto" al no apreciar el delito de tráfico de influencias y no descarta recurrir ante la instancia superior.

"La valoración general es positiva. No ha admitido toda la acusación que nosotros realizábamos, principalmente la del tráfico de influencias, pero sí ha admitido la prevaricación de los implicados", afirma Pérez-Roldán en declaraciones a La Crónica de Badajoz.

El letrado destaca que la resolución judicial, de 377 páginas, supone además un respaldo a la independencia del tribunal. "El hecho de haber condenado por unos hechos sí y por otros no quiere decir que han valorado en conciencia las pruebas practicadas, como deben hacer. Si simplemente hubieran querido dar la razón a las acusaciones populares, habrían condenado por todo lo que solicitábamos", sostiene.

Ahora, Calama rechaza esta pretensión al explicar que la aparición de las transferencias vinculadas a Focus Social Research (del grupo Gloria) no es el resultado de una fiscalización indiscriminada de la vida de Zapatero, sino "la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas en el marco de unas diligencias judiciales que ya estaban en curso".

"Y que, por su propia naturaleza, permiten que afloren hechos inicialmente no previstos pero dotados de verosimilitud delictiva", añade el juez en relación al informe de la UDEF que reveló ese pago.

Por tanto, "no existe vulneración de derechos fundamentales. La información procede de fuentes de prueba obtenidas con autorización judicial; su análisis no excede el marco de la investigación; no se ha producido intromisión ilegítima en la intimidad; y no hay rastro de una investigación general sobre la vida del investigado".

Sin embargo, ocurre que ese pago "por su cuantía, origen y contexto, puede ser relevante para determinar si existieron contraprestaciones ilícitas, influencias indebidas o retornos económicos vinculados a las relaciones que ya estaban siendo investigadas".

Porque, según EFE, "que Zapatero participe en conferencias o reciba remuneraciones por asesoramiento no excluye que determinados pagos puedan tener naturaleza distinta, y precisamente por eso deben ser analizados cuando emergen de la documentación intervenida".

El informe de la UDEF sostiene que el expresidente del Gobierno participó en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia "orientadas a beneficiar los intereses" del grupo empresarial peruano Gloria, "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros" entre 2024 y 2025.

"Los hechos analizados en el presente informe apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes", apunta la UDEF