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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAEl sistema transitorio estará disponible hasta que, previsiblemente, se apruebe en septiembre el decreto que establece los dos días por semana. SAF, CSIF y UGT critican la visión "restrictiva" de la administración y también el rechazo de CCOO e ISA a respaldar el acuerdo El retraso de la Junta de Andalucía con el teletrabajo obliga a improvisar una solución transitoria para sus funcionarios
Ante la ausencia del decreto que consolida y amplía el teletrabajo, la Junta de Andalucía ha aprobado con los sindicatos un sistema transitorio hasta que se aprueba la medida definitiva en septiembre. Los sindicatos SAF, CSIF y UGT han anunciado este miércoles un acuerdo para la aprobación de una resolución de homogeneización del teletrabajo en la administración autonómica, que afecta a alrededor de 40.000 trabajadores. Así, se podrá elegir el día de teletrabajo del que ya disponen entre cualquier día de la semana y tampoco serán reducidos por festivos, puentes, permisos, vacaciones o ausencias justificadas.
En un comunicado conjunto, los sindicatos han anunciado que el pasado 21 de abril suscribieron con la Junta un pacto en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación el que esta se comprometía a culminar la aprobación del futuro Decreto de Teletrabajo antes del 30 de septiembre de 2026 y asumía la implantación de un marco provisional de aplicación homogénea del teletrabajo que permitiera dotar a esta modalidad de prestación de servicios de un marco “más claro, homogéneo y estable hasta la entrada en vigor del nuevo Decreto”. En declaraciones a Europa Press, fuentes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública han trasladado que la resolución acordada será de aplicación una vez que sea firmada y publicada, extremo que aún no se ha producido.
Por el momento, la Administración ha elaborado una resolución de homogeneización del teletrabajo para su aplicación en toda la Administración General de la Junta de Andalucía. Durante las últimas semanas, SAF, CSIF y UGT han “presionado” para que dicha resolución incorpore “el mayor número posible de garantías y mejoras para el personal empleado público”. De este modo, han valorado que esta resolución pone fin a la “actual disparidad” de aplicación de criterios entre centros directivos y establece “reglas claras y comunes” para todo el personal funcionario, recogiendo “mejoras reales” respecto a la situación anterior.
Aparte de que todos los días hábiles de la semana son teletrabajables, los sindicatos han destacado el “silencio administrativo positivo”, así que, en caso de que la Administración no resuelva en un plazo de dos meses, la solicitud se entiende concedida. Además, han logrado que, como causas de denegación tasadas y regladas, con la garantía de un mínimo de presencialidad semanal, “deberá aplicarse de forma objetiva y motivada”. Otras de las ventajas adquiridas con esta resolución son una mayor seguridad jurídica y flexibilidad, la prohibición expresa de mecanismos de control y vigilancia desproporconados y flexibilización del requisito de antigüedad, entre otras.
“Visión más restrictiva”
Por contra, han señalado que la Administración “continúa manteniendo una visión más restrictiva” del teletrabajo que la existente en otras administraciones públicas, lo que “limita el alcance de algunas de las mejoras planteadas por las organizaciones sindicales”. Por ello, SAF, CSIF y UGT han asegurado que seguirán exigiendo el cumplimiento del calendario comprometido para la aprobación del Decreto de Teletrabajo antes del 30 de septiembre de 2026.
Con respecto a las trifulcas entre las organizaciones sindicales, las tres organizaciones han manifestado su “profundo rechazo a la actitud” de CCOO e ISA, dado que “se autoexcluyeron de este proceso de negociación y durante semanas se han dedicado a obstaculizar nuestro trabajo y a desinformar”. En este sentido, cabe recordar que, una vez conocidas las condiciones de la Junta, CCOO, ISA y Ustea se apartaron alegando que no creían que sirviera de nada este acuerdo, salvo para romper la unidad sindical y que la administración autonómica se justificara ante sus trabajadores. “Un pacto vacío”, lo denominaron.
Uno versus cuatro
En Andalucía, el teletrabajo en la administración sigue rigiéndose en 2026 con los criterios excepcionales fijados para la crisis del Covid-19 y espera desde julio de 2024 a una modificación. Hasta ahora, los trabajadores de la administración general pueden solicitar un día de teletrabajo a la semana. Con el Decreto podrán pedir dos tan pronto como entre en vigor, una cifra que sigue siendo inferior a la mayoría de comunidades autónomas. Pasado año y medio se evaluará si se han cumplido los objetivos, y el Gobierno andaluz lo podrá generalizar a tres días a la semana, según el borrador que, se supone, llegará al Consejo de Gobierno en septiembre, tras casi año y medio en exposición pública.
El pasado 8 de abril la Consejería admitió en una reunión de mesa sectorial que aún necesitaba los informes presupuestario, jurídico y del Consejo Consultivo. Los sindicatos salieron de allí con la confirmación de que el teletrabajo no es una prioridad para el Gobierno andaluz. Días después, se filtró una circular de la Consejería de Sostenibilidad que restringe el teletrabajo, haciendo referencia a una guía de buenas prácticas de la propia Secretaría General de Administraciones Públicas de la que no habían sido informados. A las puertas de las elecciones, el secretario general se movió rápido para sofocar la crisis: volvió a citarlos, y les aseguró que la Junta esperaba publicar el Decreto a finales de septiembre, ofreciendo entre tanto una regulación que “homogeneice” la aplicación del teletrabajo y acabe con la disparidad, que raya la arbitrariedad.
Después de Andalucía, que solo tiene un día de teletrabajo, Asturias y la Comunidad de Madrid son los territorios con menos días de teletrabajo, siendo dos. En cambio, Aragón y Baleares tienen aprobados hasta cuatro días a la semana, aunque en el caso de altos cargos y jefes de servicio tienen que ir, al menos, tres días a la semana, además de haber algunos mínimos exigibles ligados a la antigüedad.