En el Centro Inteligente de Mando, Coordinación y Control (Cimacc) de la Policía Nacional en la Región, ubicado en las instalaciones de Ceballos, en Murcia, faltan manos. Las decenas de profesionales que conforman el equipo trabajan pegados al ordenador y al micrófono, en un sistema que está operativo durante las 24 horas del día y conectado con el Centro de Coordinación de Emergencias.

Sin embargo, falta gente. La razón: desde la capital de la Comunidad se gestionan todos los incidentes de aquellas municipios en los que hay Cuerpo Nacional de Policía, esto es, Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Alcantarilla y Yecla. Un volumen de trabajo ingente.

«Somos la quinta jefatura de España y tenemos bastantes problemas con la sala del 091», destaca Adrián Rodríguez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región. En concreto, lo que pasa es que «en muchas ocasiones no se pueden atender las llamadas o las peticiones de identificaciones que hacen compañeros que están en la calle».

Por ejemplo, dos agentes que interceptan a un sujeto en la vía pública y necesitan que desde la 091 les confirmen si, por ejemplo, cuenta con una requisitoria. Que tarden mucho al otro lado del teléfono desespera no solo a los policías que aguardan, sino «al ciudadano, al que a veces se tiene retenido durante mucho rato para una simple identificación», detalla Rodríguez. La razón: «No hay suficientes operadores en la sala».

Antes había una sala en cada municipio, pero desde 2015 ya está todo unificado en la Jefatura

Así las cosas, «algún compañero, en alguna ocasión, ha optado por desistir de la identificación», al ver que la persona que espera se estaba poniendo nerviosa y ante la perspectiva de que, si se le sigue reteniendo, las cosas pueden acabar peor para el policía, «en una desobediencia o atentado a agente de la autoridad», comenta.

Efectivos de la Policía Nacional han trasladado al SUP sus quejas, dado que son damnificados por este particular efecto dominó. Se denomina así a la reacción en cadena en la cual un suceso inicial (en este caso, el colapso de la sala del 091) provoca una secuencia de eventos que pueden acabar, en el peor de los casos, en catástrofe.

Hace un tiempo, rememora Rodríguez, Cartagena (que cuenta con la comisaría local más grande de la Región) tenía su propia sala del 091, pero hace ya años que se centralizó todo en Murcia. Específicamente, desde 2015. Antes había dos o tres profesionales en cada sala, en cada municipio; tras centralizarlo, trabajan un jefe de sala y media docena de efectivos por turno. Se hizo así con la idea de optimizar recursos y que hubiese más policías, en toda la Región, dedicados a otras tareas, entre ellas patrullar.

No obstante, entran miles de llamadas (unas 15.000 más o menos) al mes en la sala del 091 de la Región. «Se junta la escasez de operadores con el incremento del trabajo sobre el terreno y el aumento de las llamadas entrantes, lo cual repercute en los compañeros que están dejándose la piel en las calles», recalca el responsable del Sindicato Unificado de Policía.

Adrián Rodríguez valora el trabajo de los operadores del Centro Inteligente de Mando, Coordinación y Control, dado que «están desbordados». «Tienen que atender las llamadas de los ciudadanos y también todas y cada una de las peticiones de identificación que se producen en los municipios de la Región en los que hay Policía Nacional», manifiesta.

Ante estas «largas esperas», ya sea al otro lado del teléfono o en la vía pública, «los ciudadanos se ponen más o menos nerviosos». Adrián Rodríguez especifica que «en muchas ocasiones, estamos hablando de identificaciones que pueden derivar en una detención, ya que la persona identificada puede tener en vigor una requisitoria o estar investigada por algún asunto policial en curso».

«Al final, si no se puede comprobar de una manera eficaz y en el menor tiempo posible, esto puede derivar en una situación violenta hacia los compañeros que legalmente realizan su labor en la calle», lamenta, para insistir en que «nos vemos siempre abocados a denunciar la falta de efectivos que en todos los ámbitos se hace palpable, no solo en este caso». «No es de recibo que una de las principales jefaturas a nivel nacional tenga las carencias que tienen en cuanto personal en un servicio tan sensible», enfatiza.

El SUP, que incide en que los problemas de comunicación con los indicativos que prestan servicio en la calle en Cartagena son «constantes», pone el acento en la circunstancia de que en la sala en sí están todos los puestos cubiertos, «lo cual nos da aún más razones para pedir que se refuercen las plantillas y se cree al menos un puesto más en el 091, porque los compañeros no dan abasto», insiste Rodríguez, que apunta que le consta que se ha pedido a Madrid un puesto más, sin que se haya concedido.

En la misma línea se muestran desde Jupol Murcia, al sentenciar que «la sala del 091 está sin manos para coger el teléfono». «Ya lo denunciamos en su momento y lo repetimos ahora: es una sala de emergencias que, en sus peores momentos, ha llegado a depender de menos agentes de los necesarios al teléfono para gestionar las llamadas de toda la Región», aseveran desde esta organización en la Región.

El colectivo policial remarca que «eso no es un servicio del siglo XXI, es un parche permanente», al tiempo que destaca que «esta carencia no se queda en una cifra: cuando una patrulla solicita por radio una comprobación de antecedentes, una matrícula o cualquier dato urgente durante una intervención en la calle, el tiempo de espera se dispara porque no hay suficientes agentes en la sala para atenderla».

Desde el punto de vista de Jupol en la Región de Murcia, «esos segundos y minutos de demora, en mitad de una intervención policial, son un riesgo añadido para el agente que está solo en la calle esperando una respuesta y para el ciudadano al que protege».

«Ademas, a los policías nacionales se les pide cubrir vacantes estructurales sin dietas, sin indemnizaciones y renunciando a sus vacaciones reglamentarias», denuncian desde el sindicato, que tiene claro que «tapar la falta crónica de plantilla no es una política de seguridad y la factura la pagan los agentes de cada comisaría».

Al hilo, hacen hincapié en que «pedimos los medios para hacer el trabajo que la ciudadanía espera de nosotros. Mientras Interior siga gestionando la seguridad de la Región a golpe de parche, serán los agentes (y los ciudadanos) quienes paguen las consecuencias».

Cabe recordar que la dotación de medios de Policía Nacional (también de Guardia Civil) a la Región de Murcia es una competencia del Ministerio del Interior. El Ejecutivo regional lleva años denunciando, en la misma línea que Jupol y el SUP, la carencia de efectivos en esta Comunidad.