Los vecinos del 60% de las viviendas evacuadas por el socavón de la L9 en el Putxet ya habrán podido regresar a casa dentro de dos semanas, cuando se cumpla un mes del incidente. Así lo ha dicho la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz, en una atención a los medios este viernes desde la plaza Frederic Soler. Ya han recuperado sus viviendas los residentes en dos de los 8 edificios que se evacuaron. La próxima semana podrán volver los de un tercer edificio, correspondiente a 11 viviendas y 4 locales de la calle Rubinstein 6. Y los vecinos de un cuarto edificio, en la calle Sant Gervasi de Cassoles 54 (31 viviendas y un local), podrán hacerlo la semana siguiente, la del 3 al 9 de agosto.

Territori activará la próxima semana un dispositivo "puntual" para atender a los inquilinos que se acojan al derecho de suspender el pago de su alquiler. Díaz ha explicado que se sigue trabajando para que la totalidad de los vecinos pueda volver a su casa, pero todavía no ha podido concretar cuándo podrá hacerlo el 40% restante, correspondiente a unas 35 viviendas.

La delegada del Govern en Barcelona ha explicado que los anticipos habilitados para que las familias puedan afrontar los gastos extraordinarios serán de 1.200 euros por persona, y sobre el índice habitual de referencia. Cuando termine el episodio y se recupere la "normalidad" se realizará la liquidación, que tendrá en cuenta el tiempo que las familias hayan tenido que estar evacuadas.

Así, la próxima semana ya recibirían la cantidad de primer mes hasta el 7 de agosto, y después se recibiría la cantidad correspondiente hasta el 7 de septiembre. Este viernes ha terminado el plazo para solicitar estas ayudas, y el Govern ha asegurado que se han atendido a todas las familias que lo han pedido. Por su parte, los comerciantes pueden pedir ayudas desde la línea abierta que ha activado el Institut Català de Finances (ICF). Díaz calcula que también podrán recibir las cantidades antes de terminar julio, la próxima semana.

A Díaz le ha acompañado el director general de Infraestructuras, Ramon Ramírez, que ha dado por "concluida" la fase de estabilización de los edificios. Asimismo, Ramírez ha explicado que las inspecciones técnicas dan todas "resultados positivos", por lo que mantiene un "optimismo prudente".

El director general de Infraestructuras ha añadido que prevén realizar "pruebas adicionales" en la calle, con sondeos y ensayos geofísicos para comprobar que "el terreno se encuentra ya en condiciones normales".

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes por unanimidad la implantación de compensaciones económicas y bonificaciones fiscales para vecinos y comercios afectados por obras de larga duración. La iniciativa, presentada por Junts, reclama que estas medidas se apliquen de forma "inmediata" y, con "carácter de urgencia", también a los afectados por el socavón provocado por las obras de la L9 en el Putxet. La iniciativa llega en un contexto de incidencias en distintas obras de la ciudad. Precisamente, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció el jueves en una entrevista con ACN la puesta en marcha de un plan específico de apoyo al comercio afectado por el socavón del Putxet, dotado con unos 100.000 euros.

La proposición aprobada este viernes en el pleno también pide la creación de un fondo municipal de contingencia para emergencias comerciales, dotado con un presupuesto permanente, con el objetivo de activar ayudas directas de manera automática y con la mínima burocracia posible. Asimismo, plantea la creación de una oficina de atención integral de barrio para los afectados por obras de larga duración, con un horario de apertura de ocho horas diarias, para gestionar reclamaciones y consultas de vecinos y comerciantes en tiempo real.

Además, la iniciativa insta al gobierno municipal a negociar con las compañías suministradoras una moratoria en los pagos o una bonificación directa para los establecimientos que han tenido que cerrar o cuya actividad comercial se haya visto afectada. En este sentido, propone hacerlo mediante un aval o a través de un convenio. La propuesta de Junts también plantea crear vales de descuento, financiados por el consistorio, para que los vecinos los gasten en los negocios afectados de la zona.

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