El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, adelantó este miércoles, 15 de julio, que solicitará un informe a los servicios jurídicos de la Junta para explorar «todas» las vías legales frente a la denominada 'ley de nietos'. «Daremos la batalla jurídica contra cualquier intento del Gobierno de Sánchez de vulnerar nuestras competencias», expresó Pollán en un mensaje en X (antes Twitter).

Fuentes de Vox explican a Ical que Pollán, junto al vicepresidente de Extremadura y Aragón, Óscar Fernández y Alejandro Nolasco, han solicitado de forma coordinada un informe a los servicios jurídicos de sus respectivos gobiernos autonómicos para evaluar una posible invasión de competencias derivada de la conocida como ley de nietos, una disposición de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022.

El objetivo, precisaron desde Vox, es analizar «en profundidad» el encaje jurídico de una norma que aseguraron está facilitando «la incorporación masiva y fraudulenta de cientos de miles de personas extranjeras al censo electoral». La formación sostuvo que se trata de un proceso, aplicado de forma «opaca y sin control alguno», que compromete la «limpieza» de futuros procesos democráticos y, en especial, de las próximas elecciones generales de 2027.

De esta forma, Vox, a través de sus vicepresidentes en Castilla y León, Extremadura y Aragón, pretenden conocer qué instrumentos legales asisten a los gobiernos autonómicos frente a lo que consideran una «maniobra de ingeniería electoral» al servicio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para «perpetuar» su «poder y corrupción».

Desde el partido trasladaron que estudian los medios a su alcance para frenar un mecanismo que insistieron «engorda» el censo con votantes que aseguraron en «muchos» casos nunca han residido en España, ni tienen vínculos con las provincias donde se les estaría censando. De esta forma, aclararon que esta medida se enmarca en la batería anunciada a inicios de esta semana para defender el estado de derecho desde los parlamentos, el Congreso, Bruselas y, por supuesto, desde los gobiernos.