Una empleada del hogar, M.J., comenzó a trabajar para cuidar a una mujer mayor tras ser contratada por su hijo. Sus condiciones no eran muy favorables, ya que la trabajadora cobraba un total de 1.000 euros brutos al mes, incluidas las pagas extraordinarias. El problema era que la empleada del hogar no tenía ni el permiso de residencia ni el del trabajo.
