Hasta el momento, la retahíla de causas judiciales que afectan al entorno más próximo del presidente Sánchez es abrumadora: el caso Koldo, que investiga presuntas comisiones en contratos públicos y ha dado lugar a diversas piezas separadas, entre ellas la que analiza una posible financiación irregular del PSOE; el caso Leire Díez, que indaga un presunto intento de desacreditar a jueces, fiscales y guardias civiles implicados en investigaciones de interés para el Gobierno; el caso Begoña Gómez, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios; el caso David Sánchez, relativo a su contratación en la Diputación de Badajoz, o el caso Plus Ultra, del que ha surgido otra pieza relacionada con el expresidente Rodríguez Zapatero.

En varios de estos procedimientos llama la atención tanto el perfil fanfarrón y macarrilla de algunos de los investigados –hasta hace nada próceres de la nación– como las excentricidades de algunos instructores, poco compatibles con la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones.

Al margen de su eventual desenlace penal, desde un punto de vista ético y político, lo que ya conocemos basta, a mi juicio, para justificar la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Además, el contorsionismo retórico de quienes, bien porque gobiernan en coalición, bien porque se benefician de la debilidad del Ejecutivo, siguen empeñados en resistir por resistir no hace sino agravar el descrédito institucional. Resulta bochornoso y constituye una profunda falta de respeto hacia unos ciudadanos que han dado repetidas muestras de mayor sentido común que sus representantes.

Que conste que estoy totalmente en contra de la animadversión personal contra Pedro Sánchez, que ha pasado de yerno perfecto a Satanás. Y que tanta judicialización de la política me recuerda aquellos procesos del Tribunal Revolucionario en tiempos de Robespierre, descritos magistralmente por Anatole France en Los dioses tienen sed. Salas abarrotadas para asistir al juicio de generales derrotados en el frente, donde el acusado se desgañitaba justificando sus fracasos con argumentos técnicos y excusas contradictorias: órdenes confusas, municiones que nunca llegaron, distancias y mapas que ni él mismo recordaba con precisión, si es que alguna vez llegó a comprenderlos. Interrogatorios interminables en los que, sin dominar realmente la materia, fiscales y defensores se enredaban en una maraña probatoria o exculpatoria tan mareante que, al final, lo único que parecía quedar claro era que había que condenar a alguien.

Lo sucedido en esta legislatura es tan grave que solo el voto popular puede restablecer la confianza pública

Pero precisamente por esta razón, porque los juzgados no pueden sustituir a la política, Pedro Sánchez no debería persistir en un búnker que solo ahonda la polarización y el distanciamiento respecto de los ciudadanos a los que dice representar, incluidos muchos de sus votantes. Lo acontecido durante esta legislatura es tan grave –recuérdese que, además de entrar en el despacho de Zapatero y en la sede de Ferraz, la policía registró también el despacho del fiscal general del Estado– que solo el voto popular puede restablecer la confianza pública.

Tampoco es de recibo aferrarse al poder en nombre de la buena gestión. Decididos a seguir ladrando sin tener que morder, políticos como Mónica García han defendido estos días que los posibles casos de corrupción serían excusables porque la acción de gobierno compensa. Quizá sin saberlo, la ministra parafrasea a Stendhal cuando, en Memorias de un turista (1838), escribió: “En el año 1792 en Francia había gente como Sieyès, Mirabeau y Danton. Estos dos últimos robaron. ¡Qué importa! Han salvado su patria, la han convertido en lo que es. España sería afortunada si tuviera hombres como estos, aunque tuviera que pagar dos millones a cada uno”.

Ampurdanés pragmático como soy, comprendo la tentación de ese razonamiento, pues la historia está llena de gobernantes eficaces cuya conducta personal distó mucho de ser ejemplar. Pero precisamente por eso existen las urnas: para que los ciudadanos decidan si los aciertos compensan los abusos o si, por el contrario, ni siquiera una buena gestión justifica eludir la renovación anticipada de la confianza. Esa decisión no corresponde ni a los ministros ni a los jueces. Corresponde exclusivamente al refrendo ciudadano.