El Informe Anual sobre Fiscalidad de la Comisión Europea sitúa a España a la cabeza de los incrementos en la carga impositiva de los Veintisiete, con el trabajo como principal motor de la subida y la llamada progresividad fría como mecanismo silencioso que reduce el poder adquisitivo real de los ciudadanos.

Puede que el sueldo de este año sea más alto que el del anterior. Puede incluso que la subida haya llegado para compensar la inflación. Y, sin embargo, es posible que al ciudadano le quede menos dinero disponible que antes.

La explicación no está en la nómina, sino en Hacienda: España es, según Bruselas, el país de la Unión Europea que más ha incrementado su presión fiscal desde la pandemia, y ese ascenso se explica, casi en su totalidad, por lo que se paga a través del trabajo.

Así lo confirma el Informe Anual sobre Fiscalidad 2026, publicado este viernes por la Comisión Europea, que compara la evolución de los sistemas tributarios de los Veintisiete tomando como referencia dos periodos: el previo a la pandemia (2015-2019) y el posterior (2020-2024).

El resultado coloca a España en el primer puesto continental, con un incremento de 2,9 puntos porcentuales del PIB en la ratio de ingresos fiscales, muy por delante de Lituania (+2,3 puntos) y Luxemburgo (+2,2 puntos).

En el extremo contrario, Malta y Hungría protagonizan los mayores descensos, con una caída de 2,8 puntos en ambos casos, mientras que Alemania e Irlanda también corrigen a la baja.

Por qué sube: el trabajo paga la factura

Bruselas es clara sobre el origen del fenómeno: el incremento de la presión fiscal en España responde "casi por completo" al aumento de la recaudación derivada de los impuestos sobre el trabajo -IRPF y cotizaciones sociales-, mientras que los impuestos sobre el capital apenas se han movido y los ligados al consumo incluso han retrocedido.

A nivel europeo, el peso del trabajo ya supone el 51,5% de toda la recaudación, pero en España esa tendencia se ha acelerado por dos vías concretas.

La primera es técnica y casi invisible para quien la sufre: la no indexación generalizada de los tramos autonómicos y estatales del IRPF a la inflación.

El fenómeno tiene nombre, progresividad fría, y un funcionamiento tan simple como controvertido: los salarios nominales suben para intentar compensar la subida de precios, pero ese aumento empuja al contribuyente hacia tramos impositivos más altos. El resultado es que se paga más sin haber ganado, en términos reales, ni un euro de poder adquisitivo.

La segunda vía tiene nombre propio: las sucesivas subidas de las cotizaciones a la Seguridad Social, que han elevado los ingresos públicos al tiempo que presionan directamente los costes laborales de las empresas y la renta disponible de los hogares.

Una singularidad fiscal: el impuesto al patrimonio

El informe comunitario apunta además a un rasgo que distingue a España del resto de sus socios europeos: es actualmente el único Estado miembro de la UE que mantiene un impuesto sobre el patrimonio neto.

Bruselas matiza, no obstante, que su eficacia recaudatoria depende del diseño concreto del tributo y de la capacidad administrativa para garantizarlo, una advertencia que deja la puerta abierta al debate sobre su verdadero rendimiento.

A esta singularidad se suma otra: España es uno de los cuatro países de la Unión -junto a Alemania, Bélgica y Austria- donde las administraciones regionales cuentan con capacidad recaudatoria propia.

En el caso español, las comunidades autónomas concentran el 16,9% de los ingresos tributarios totales, un dato que retrata hasta qué punto el mapa fiscal español está descentralizado frente al de la mayoría de sus vecinos comunitarios.

Sube más rápido, pero sigue por debajo de la media

Pese a la velocidad de la escalada, España mantiene una posición peculiar en el mapa fiscal europeo: sigue por debajo de la media de la eurozona.

En 2024, los ingresos tributarios representaron el 36,8% del PIB español, frente al 39,8% del conjunto de los países del euro. En 2025, esa cifra ascendió al 37,8%, todavía 2,5 puntos por debajo del 40,3% de la eurozona.

Bruselas prevé que la brecha se mantenga en los próximos ejercicios, con una presión fiscal del 38,2% del PIB en España en 2026 y del 38,4% en 2027, frente al 40,6% estimado para la eurozona en ambos años.

Es, en definitiva, una carrera de fondo en la que España corre más rápido que nadie, pero desde una posición de salida más atrasada.

Las economías con mayor presión fiscal de los Veintisiete siguen siendo Dinamarca (45,2%), Francia (43,5%) y Austria (43,4%), mientras que en el extremo opuesto se sitúan Irlanda (21,7%), Rumanía (27,9%) y Malta (28,8%).

La pregunta que deja abierta el informe no es solo cuánto ha subido España, sino cuánto le queda por subir para converger con sus socios del euro, y a costa de qué rentas.