Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, la escultura “constituye un reconocimiento de la actuación durante el golpe de Estado, y en particular, la participación en la vida pública en actividades de propaganda y apoyo al régimen franquista"El alcalde de Santa Cruz de Tenerife dice ahora que baraja guardar el monumento a Franco en “una nave”
La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, ha criticado este martes que autoridades que han sido “elegidas democráticamente cuestionen retirar de un espacio público el monumento al dictador Francisco Franco, en la capital tinerfeña, ”a pesar de chocar con la legalidad“.
Así lo expresa en un comunicado Pérez Schwartz, quien ha vuelto a pedir a las administraciones públicas que den cumplimiento a las leyes de memoria histórica y democrática tras conocerse el informe desfavorable de la Comisión de Patrimonio Cultural de Canarias a la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del denominado Monumento al Ángel o Monumento a Franco, situado en Santa Cruz de Tenerife.
Para la Asociación, “no es normal” que autoridades elegidas democráticamente cuestionen retirar este homenaje al dictador del espacio público, “a pesar de chocar con una legalidad que el próximo año cumplirá veinte años”, subraya la nota.
Consideran que la decisión del Gobierno de Canarias de no dar paso a su declaración como BIC supone “un paso importante”, que evitará una anómala protección patrimonial por vía judicial, que sea utilizada como una vía para eludir la aplicación de la legislación memorialista vigente.
Por otro lado recuerda que el Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas existentes en el ámbito territorial de Canarias, elaborado en 2021 por un equipo técnico de la Universidad y disponible en la web del Gobierno canario, deja claro que el monumento a Franco “constituye un reconocimiento de la actuación durante el golpe de Estado, así como un recordatorio y exaltación de dichos hechos, y en particular, la participación en la vida pública en actividades de propaganda y apoyo al régimen franquista”.
La Asociación considera además que la declaración como BIC resultaba incompatible con el marco legal vigente. Tanto la Ley de Memoria Histórica de Canarias como la Ley estatal de Memoria Democrática establecen la obligación de retirar de los espacios públicos aquellos elementos que supongan exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista.
La entidad memorialista considera que la conservación del monumento a Franco en la capital tinerfeña en el espacio público supone una “ofensa” para las víctimas de la represión franquista y para sus familiares.
Miles de personas sufrieron persecución política, encarcelamiento, exilio, pérdida de derechos y, en numerosos casos, la muerte como consecuencia de la instauración de la dictadura.
La presidenta de la Asociación recuerda además que las instituciones públicas disponen desde hace años de una hoja de ruta clara para actuar. Un equipo de especialistas de la Universidad de La Laguna elaboró el catálogo de vestigios y símbolos franquistas existentes en Canarias, identificando los elementos que incumplen la legislación memorialista y proponiendo medidas para su retirada o resignificación.
“Ya existe un trabajo técnico y académico riguroso que identifica los incumplimientos de la ley. No hacen falta más estudios ni más dilaciones. Lo que corresponde ahora es ejecutar las medidas previstas y garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación de memoria democrática”, añade.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife confía en que, tras el informe desfavorable a la declaración BIC acelere el proceso. Reitera que en este caso, ya se hizo un Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática. “Tenemos confianza en que las administraciones actuarán con coherencia institucional y respeto por la legalidad, poniendo fin a una anomalía que se prolonga desde hace décadas”, apunta.
La organización tacha de “incoherencia” que “en el siglo XXI, entidades que defienden la dictadura y el mantenimiento de estas violaciones de la Ley de Memoria, tengan capacidad económica para pagar costosos procesos judiciales, mientras las asociaciones de memoria solo tengamos el voluntariado y un escaso apoyo económico institucional”. comenta.
“La retirada de los símbolos de exaltación franquista no es una cuestión ideológica ni una opción política. Es una obligación legal y un compromiso democrático con la verdad, la justicia, la reparación y la memoria de las víctimas”, concluye Mercedes Pérez Schwartz.
