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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASALa Agencia requiere documentación al consistorio dirigido por María José Catalá tras denunciar Compromís un presunto fraccionamiento de contratos y la adjudicación "a dedo" de un espectáculo musical para la exaltación de las falleras mayores de València en el Palau de la MúsicaIntervención pidió al Ayuntamiento de València justificar la “idoneidad” del Roig Arena para la elección de las falleras
La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) investiga posibles irregularidades del Gobierno municipal de València que preside la alcaldesa María José Catalá (PP) en la contratación del acto de las Exaltación de las Falleras Mayores de 2024, por los contratos impulsados por Santiago Ballester (PP) como concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF) horas antes de los actos. La investigación de Antifraude, que ya ha requerido documentación al consistorio, nace de una denuncia del concejal de Compromís, Pere Fuset, quien sospecha que “lo que se ha visto hasta ahora es solo la punta del iceberg”.
La denuncia afecta a dos tipos de contratos. Por un lado, los contratos técnicos de sonido, luz y grabación. Mientras que en la Exaltación de 2019, celebrada en el Palau de la Música, el sonido y la luz se habían licitado juntos y con concurrencia pública, en 2024 Ballester los fraccionó en varios contratos menores, cada uno justo por debajo del límite que obliga la ley.
Además, según la denuncia de Compromís, las empresas tuvieron menos de 48 horas para presentar ofertas, cuando las normas municipales del Ayuntamiento de València exigen un mínimo de siete días, y algunas empresas incluso fecharon sus presupuestos dos días antes de que JCF les pidiera oferta. “O son adivinos, o alguien ya sabía quién tenía que ganar”, ha ironizado Fuset.
Por otro lado, Compromís también pedía investigar los contratos artísticos, especialmente el musical ‘Cineman Sinfónico’ de la Exaltación de la Fallera Mayor, adjudicado a dedo como contrato privado por razones artísticas sin ninguna concurrencia. En su denuncia, la formación valencianista recuerda que el musical, procedente de Madrid, se adjudicó horas antes del acto y costó más de seis veces el espectáculo del año anterior.
Tal como recuerda Fuset, el gobierno de Catalá confió aquel año en una big band de Madrid acompañando al cantante Daniel Digés para exaltar a la Fallera Mayor de València. “En la tierra de los músicos y las sociedades musicales, el PP y Vox se fueron a buscar un musical de Madrid. Ahora sabemos que, además de caro, el contrato podría esconder mucho más”.
Según el edil, la denuncia apunta también a una posible coordinación técnica del acto que nadie contrató: “JCF aseguró por escrito a Compromís que no existía ningún expediente de coordinación. Las imágenes de los ensayos, en cambio, muestran a profesionales de una empresa externa dirigiendo el acto sobre el escenario. Si nadie contrató la coordinación, ¿quién la hizo y quién la pagó? O nos mintieron a nosotros, o se pagó por la puerta de atrás, quizá dentro de algún contrato artístico dado a dedo”, ha advertido.
El regidor valencianista recuerda que el Ayuntamiento está obligado por ley a colaborar con Antifraude. Deberá aportar toda la documentación que le requiera la Agencia, contestar cada uno de los requerimientos de información y aclarar las contradicciones entre lo que dijo a la oposición y lo que muestran las imágenes y los expedientes. “El PP no puede convertir la Junta Central Fallera en un agujero negro para el dinero público con lo que Ballester gaste de espaldas a las leyes”, ha remarcado Fuset.
Esta investigación se suma a otras denuncias sobre la gestión del PP en la Junta Central Fallera y el Servicio de Fiestas, que comparten las concejalías de PP y Vox. “Ha llegado el momento de que Ballester dé explicaciones y de que Catalá deje de escudarlo”, ha manifestado el concejal de Compromís, que ha reiterado que “los posibles retrasos de otros a la hora de investigar nuestras denuncias no harán que eludamos nuestra misión de control para evitar cualquier oportunidad de corrupción”. Así, la formación valencianista asegura que continúa recabando información sobre otras posibles irregularidades en actos como la elección de candidatas a Falleras Mayores, que este año se ha disparado a más de 418.000 euros.
La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) investiga posibles irregularidades del Gobierno municipal de València que preside la alcaldesa María José Catalá (PP) en la contratación del acto de las Exaltación de las Falleras Mayores de 2024, por los contratos impulsados por Santiago Ballester (PP) como concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF) horas antes de los actos. La investigación de Antifraude, que ya ha requerido documentación al consistorio, nace de una denuncia del concejal de Compromís, Pere Fuset, quien sospecha que “lo que se ha visto hasta ahora es solo la punta del iceberg”.
La denuncia afecta a dos tipos de contratos. Por un lado, los contratos técnicos de sonido, luz y grabación. Mientras que en la Exaltación de 2019, celebrada en el Palau de la Música, el sonido y la luz se habían licitado juntos y con concurrencia pública, en 2024 Ballester los fraccionó en varios contratos menores, cada uno justo por debajo del límite que obliga la ley.
Además, según la denuncia de Compromís, las empresas tuvieron menos de 48 horas para presentar ofertas, cuando las normas municipales del Ayuntamiento de València exigen un mínimo de siete días, y algunas empresas incluso fecharon sus presupuestos dos días antes de que JCF les pidiera oferta. “O son adivinos, o alguien ya sabía quién tenía que ganar”, ha ironizado Fuset.
Por otro lado, Compromís también pedía investigar los contratos artísticos, especialmente el musical ‘Cineman Sinfónico’ de la Exaltación de la Fallera Mayor, adjudicado a dedo como contrato privado por razones artísticas sin ninguna concurrencia. En su denuncia, la formación valencianista recuerda que el musical, procedente de Madrid, se adjudicó horas antes del acto y costó más de seis veces el espectáculo del año anterior.
Tal como recuerda Fuset, el gobierno de Catalá confió aquel año en una big band de Madrid acompañando al cantante Daniel Digés para exaltar a la Fallera Mayor de València. “En la tierra de los músicos y las sociedades musicales, el PP y Vox se fueron a buscar un musical de Madrid. Ahora sabemos que, además de caro, el contrato podría esconder mucho más”.
Según el edil, la denuncia apunta también a una posible coordinación técnica del acto que nadie contrató: “JCF aseguró por escrito a Compromís que no existía ningún expediente de coordinación. Las imágenes de los ensayos, en cambio, muestran a profesionales de una empresa externa dirigiendo el acto sobre el escenario. Si nadie contrató la coordinación, ¿quién la hizo y quién la pagó? O nos mintieron a nosotros, o se pagó por la puerta de atrás, quizá dentro de algún contrato artístico dado a dedo”, ha advertido.
El regidor valencianista recuerda que el Ayuntamiento está obligado por ley a colaborar con Antifraude. Deberá aportar toda la documentación que le requiera la Agencia, contestar cada uno de los requerimientos de información y aclarar las contradicciones entre lo que dijo a la oposición y lo que muestran las imágenes y los expedientes. “El PP no puede convertir la Junta Central Fallera en un agujero negro para el dinero público con lo que Ballester gaste de espaldas a las leyes”, ha remarcado Fuset.
Esta investigación se suma a otras denuncias sobre la gestión del PP en la Junta Central Fallera y el Servicio de Fiestas, que comparten las concejalías de PP y Vox. “Ha llegado el momento de que Ballester dé explicaciones y de que Catalá deje de escudarlo”, ha manifestado el concejal de Compromís, que ha reiterado que “los posibles retrasos de otros a la hora de investigar nuestras denuncias no harán que eludamos nuestra misión de control para evitar cualquier oportunidad de corrupción”. Así, la formación valencianista asegura que continúa recabando información sobre otras posibles irregularidades en actos como la elección de candidatas a Falleras Mayores, que este año se ha disparado a más de 418.000 euros.