Miles de nacionalizados al amparo de la ley de nietos luchan a contrarreloj para intentar revertir ante el Tribunal Supremo (TS), la suspensión de su derecho a voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El alto tribunal rechazó levantar la medida cautelar, tal y como pedía el Gobierno, y ha emplazado a los interesados a que se personen en el procedimiento como parte codemandada.

El trámite para ello termina esta semana, tal y como fija la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta decisión afecta a 163.020 personas que habrían obtenido la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática de 2022 y que figuran como inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) con fecha del 1 de agosto.

Así las cosas, de momento solo podrán votar, según el criterio del Supremo, aquellas personas que acrediten ser hijos o nietos de exiliados por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual.

Los afectados disponen de cinco días a contar desde el pasado viernes y varias organizaciones ya han pedido acceder al procedimiento, entre ellas Cubanos por la Democracia y Ascendientes Españoles en el Mundo, mientras que Iustitia Europa -uno de los recurrentes junto a Vox- se ha opuesto alegando falta de legitimación.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y ha solicitado medidas cautelarísimas para dejar sin efecto la suspensión del voto. Gabilondo apunta que la decisión del Supremo puede vulnerar el derecho de participación política, la igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva.

Gabilondo asegura que el vínculo entre la nacionalidad española y el derecho al sufragio es indisoluble y pide que los afectados puedan ejercer su derecho de voto en las generales.

En este sentido, el partido de Santiago Abascal, considera "prematuro" el amparo presentado por Gabilondo, ya que el Supremo da de plazo hasta el 22 de octubre para que los afectados puedan alegar. Vox también ha pedido que se rechacen las medidas cautelarísimas porque podrían comprometer la correcta conformación del censo.

El Constitucional deberá pronunciarse primero sobre la admisión del recurso de Gabilondo y, a continuación, sobre la petición de paralizar de forma inmediata los efectos del auto del Supremo. La resolución llegará con el calendario electoral en marcha.