La polémica con la 'ley de nietos' continúa después de que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentara el pasado viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la suspensión del derecho al voto a personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática.

Más de 160.000 personas no tendrán derecho a voto en las próximas elecciones del 29 de noviembre, algo a lo que se ha resignado la institución, que en un comunicado ha solicitado al tribunal de garantías medidas cautelarísimas sobre la interpretación del Tribunal Supremo.

Por ello, este lunes el Constitucional empezaba a abordar el recurso. Tal y como han confirmado fuentes del TC a Onda Cero, será el Pleno del Tribunal, presidido por Conde Pumpido, el que resuelva finalmente si suspende la prohibición de votar impuesta por el Supremo.

Según explica Eva Llamazares, fuentes del Constitucional han confirmado a Onda Cero que la sección de tres magistrados en la que recayó el recurso del Defensor del Pueblo ha elevado la cuestión al Pleno, que será finalmente quien aborde la suspensión del derecho al voto.

De esta forma, serán los doce magistrados del Constitucional los que decidirán si suspenden de manera urgente y sin escuchar a las partes la medida cautelar impuesta por el Supremo que impide votar a los nuevos inscritos en el censo de votantes ausentes.

En concreto, los jueces deberán abordar si el Defensor del Pueblo está legitimado para presentar este recurso después de no hacerlo en el momento en el que el Supremo anunció su decisión inicial.

El recurso del Defensor del Pueblo llegó después de que el Supremo anulara la posibilidad de votar a los nacionalizados bajo el amparo de la 'ley de nietos'. El tribunal mantuvo la suspensión del derecho a voto tras la instrucción de Justicia que ampliaba los supuestos que permitían la nacionalización de ciudadanos.

El Supremo consideró que la instrucción no se ajustaba a la ley y dejó a 163.020 personas ya nacionalizadas sin el derecho a acudir a las urnas. La decisión del ministerio constaba en presuponer la condición de exiliados a quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, algo que fue rechazado.

Tras el fallo, el Supremo ha dado cinco días hábiles a los afectados por la suspensión del voto para que puedan personarse en la causa y presentar alegaciones.

Los ciudadanos deben decidir si se personan en una causa que afecta a su derecho al voto, pero no todos recibirán una notificación directa. Desde la Administración han asegurado que desconocen quiénes son todos los ciudadanos a los que afecta la medida, lo que imposibilita la comunicación individual.

Además, para intervenir en el proceso y reclamar tendrán que contar con abogado y procurador para saber de manera definitiva si pueden participar en las elecciones del 29N.