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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASALos socialistas urgen al ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca a implementar un protocolo legal tras las maniobras de bloqueo detectadas en municipios como San Fulgencio y l’Alqueria d’Asnar.El alcalde de l'Alqueria d'Asnar en la trinchera: bloquea una moción de censura que lo echaría del cargo
El grupo socialista en Les Corts Valencianes ha elevado una exigencia formal al Consell para que articule de manera inmediata una normativa que permita intervenir en los ayuntamientos donde se produzcan bloqueos ilegales a las mociones de censura. Esta iniciativa parlamentaria busca establecer lo que han denominado como una “vía exprés” administrativa, con el objetivo de garantizar que ningún primer edil pueda atrincherarse en el cargo vulnerando la voluntad de las mayorías democráticas y la legislación vigente.
La propuesta surge como respuesta directa a la situación vivida en localidades como San Fulgencio y l’Alqueria d’Asnar. En estos municipios, según denuncia el PSPV, se han sucedido diversas maniobras y obstáculos deliberados que han impedido o retrasado de forma injustificada la votación de mociones de censura impulsadas por mayorías plenarias legítimas. El diputado socialista Ernest Blanch ha advertido de la gravedad de estos hechos para la democracia local valenciana, denunciando que se están utilizando excusas procedimentales para secuestrar la voluntad de los plenos municipales.
Blanch ha sido especialmente crítico con la gestión del Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca, al que acusa de mantener una actitud de inacción intolerable frente a estas irregularidades. Según el diputado, la Generalitat dispone de una dirección general específica y de competencias plenas en administración local que debería estar ejerciendo para garantizar la transparencia y la neutralidad institucional. En sus declaraciones, Blanch ha afeado al Partido Popular que mire hacia otro lado cuando se trata de defender la legalidad democrática frente a intereses partidistas en los consistorios.
La proposición no de ley presentada en Les Corts detalla la necesidad de elaborar, en un plazo máximo de tres meses, un protocolo autonómico estricto que blinde la tramitación de las mociones de censura. Este mecanismo incluiría la activación urgente de recursos administrativos para suplir vacantes en puestos clave, como las secretarías municipales, evitando así que la falta de personal sea utilizada como una herramienta de bloqueo. Asimismo, el texto insta al Consell a utilizar todas las herramientas legales de control e impugnación para asegurar que los plenos se celebren conforme a derecho.
En el caso específico de San Fulgencio, el grupo socialista se apoya en el reciente posicionamiento de la Fiscalía de Área de Elche-Orihuela, que ha calificado de arbitrario el proceder del ayuntamiento gobernado por el PP. El Ministerio Fiscal ha señalado que el recurso presentado por el consistorio carece de lógica jurídica y tiene un carácter puramente dilatorio, destinado a perpetuar un gobierno que ya no cuenta con el respaldo legal necesario. Con este aval jurídico, los socialistas exigen que se ponga fin de inmediato al “juego sucio” y se permita el libre ejercicio de los derechos políticos en todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.
El grupo socialista en Les Corts Valencianes ha elevado una exigencia formal al Consell para que articule de manera inmediata una normativa que permita intervenir en los ayuntamientos donde se produzcan bloqueos ilegales a las mociones de censura. Esta iniciativa parlamentaria busca establecer lo que han denominado como una “vía exprés” administrativa, con el objetivo de garantizar que ningún primer edil pueda atrincherarse en el cargo vulnerando la voluntad de las mayorías democráticas y la legislación vigente.
La propuesta surge como respuesta directa a la situación vivida en localidades como San Fulgencio y l’Alqueria d’Asnar. En estos municipios, según denuncia el PSPV, se han sucedido diversas maniobras y obstáculos deliberados que han impedido o retrasado de forma injustificada la votación de mociones de censura impulsadas por mayorías plenarias legítimas. El diputado socialista Ernest Blanch ha advertido de la gravedad de estos hechos para la democracia local valenciana, denunciando que se están utilizando excusas procedimentales para secuestrar la voluntad de los plenos municipales.
Blanch ha sido especialmente crítico con la gestión del Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca, al que acusa de mantener una actitud de inacción intolerable frente a estas irregularidades. Según el diputado, la Generalitat dispone de una dirección general específica y de competencias plenas en administración local que debería estar ejerciendo para garantizar la transparencia y la neutralidad institucional. En sus declaraciones, Blanch ha afeado al Partido Popular que mire hacia otro lado cuando se trata de defender la legalidad democrática frente a intereses partidistas en los consistorios.
La proposición no de ley presentada en Les Corts detalla la necesidad de elaborar, en un plazo máximo de tres meses, un protocolo autonómico estricto que blinde la tramitación de las mociones de censura. Este mecanismo incluiría la activación urgente de recursos administrativos para suplir vacantes en puestos clave, como las secretarías municipales, evitando así que la falta de personal sea utilizada como una herramienta de bloqueo. Asimismo, el texto insta al Consell a utilizar todas las herramientas legales de control e impugnación para asegurar que los plenos se celebren conforme a derecho.
En el caso específico de San Fulgencio, el grupo socialista se apoya en el reciente posicionamiento de la Fiscalía de Área de Elche-Orihuela, que ha calificado de arbitrario el proceder del ayuntamiento gobernado por el PP. El Ministerio Fiscal ha señalado que el recurso presentado por el consistorio carece de lógica jurídica y tiene un carácter puramente dilatorio, destinado a perpetuar un gobierno que ya no cuenta con el respaldo legal necesario. Con este aval jurídico, los socialistas exigen que se ponga fin de inmediato al “juego sucio” y se permita el libre ejercicio de los derechos políticos en todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.