El proceso de reincorporación al puesto de trabajo tras una baja, sobre todo cuando esta es de larga duración, no siempre es sencillo. Para dar respuesta a esta problemática «en la que hay margen para trabajar», la Xunta acaba de crear la figura del coordinador de reincorporación que acompañará a los trabajadores en esta vuelta a la actividad. Se trata de una intervención voluntaria y que, por lo tanto, requerirá el consentimiento de la persona afectada. El objetivo es facilitar la coordinación con la empresa y gestionar, en caso de que sea necesaria, la adopción de medidas correctoras que permitan evitar recaídas. Es por ello que, como explicó esta mañana el conselleiro de Emprego, José González, el perfil de este profesional será el de «una persona con experiencia en el ámbito de la prevención».

Esta es una de las medidas más novedosas del Plan Integral para la mejora de la prevención, el bienestar laboral y la reincorporación saludable al trabajo en Galicia 2026-2029, aprobado este lunes por el Consello de la Xunta. Un programa que plantea 37 medidas para actuar sobre las ausencias laborales que puedan evitarse y sobre las prolongaciones innecesarias de las incapacidades temporales y que está dotado con 45 millones de euros.

Ya el pasado mes de abril, durante el Debate de Estado de la Autonomía (DEA), el presidente de la Xunta anunció que el Ejecutivo trabajaba en la elaboración de un plan para atajar el fraude en las bajas laborales. Tras un proceso de diálogo social no exento de críticas por parte de la oposición y los principales sindicatos de la comunidad (CIG y CCOO), que veían en la medida «una criminalización de los trabajadores», Emprego anunció en agosto un preacuerdo con UGT y la patronal para poner en marcha el plan aprobado en el día de hoy.

El Gobierno gallego justifica la intervención por el volumen de absentismo laboral. González aseguró que Galicia ocupa «la segunda posición de España en ausencias al trabajo» y citó un estudio de las universidades gallegas que cifra en 2.000 millones de euros el impacto económico de las ausencias laborales en 2024. El texto aprobado hoy no fija, sin embargo, cuántas bajas pretende reducir este plan. Preguntado expresamente por este aspecto, el conselleiro de Emprego explicó que «el objetivo no es rebajar el número de bajas de un modo específico, ni está cuantificado».

Sí establece, en cambio, nueve indicadores de referencia para comprobar la evolución de la iniciativa. Entre ellos figuran el número de empresas que implanten programas de bienestar laboral con apoyo del plan, el índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja, la evolución de las evaluaciones de riesgos psicosociales, los tiempos medios de acceso a determinadas prestaciones sanitarias o el número de trabajadores incluidos en programas de recuperación funcional y acompañamiento a la reincorporación, entre otros.

Durante este proceso, desde el anuncio hasta la aprobación del plan, el lenguaje de la Xunta al respecto se ha contenido. En abril de 2026, días después del DEA, cuando todavía se estaba elaborando el estudio sobre absentismo encargado por la Xunta, González afirmaba que, aunque las bajas eran un derecho de los trabajadores, «en esas cifras altas hay un absentismo injustificado que hay que combatir». No obstante, el conselleiro de Emprego reconoció hoy que «los abusos de la incapacidad temporal son minoritarios» y el plan establece que cualquier actuación deberá basarse en criterios objetivos del personal sanitario del Sergas.

El plan presentado por la Xunta se divide en tres ejes. El primero de ellos se centra en la prevención y el bienestar laboral y contará con cerca de 18 millones de euros. En este punto, el Gobierno gallego reforzará el ISSGA como organismo técnico de referencia e intensificará la prevención de los trastornos musculoesqueléticos y de los riesgos psicosociales. También se prevén ayudas para inversiones en equipamiento ergonómico, cuando un informe de esta entidad justifique la necesidad.

Entre las medidas dirigidas específicamente al tejido productivo gallego está Coida Peme, un programa que facilitará servicios de atención psicológica y musculoesquelética para el personal de las pequeñas empresas, con acceso voluntario y confidencial. Además, la Xunta concederá ayudas para que microempresas, pymes y autónomos puedan contratar personal de sustitución durante incapacidades temporales de larga duración, con el objetivo de mantener la actividad mientras dura la ausencia. «Queremos acompañar y dar herramientas a nuestros empresarios», defendió González.

La otra gran pata económica del plan corresponde al ámbito sanitario, con 26 millones de euros destinados a mejorar la atención y la gestión de las incapacidades temporales por contingencias comunes. Entre las actuaciones previstas figuran unidades especializadas para patologías musculoesqueléticas y psiquiatría menor, la incorporación de la información laboral a la historia clínica y medidas para reducir la carga administrativa de la Atención Primaria.

El tercer eje aborda la corresponsabilidad y el uso responsable del sistema y está dotado con 750.000 euros. Aquí figura el protocolo específico desarrollado por la Xunta para hacer frente a posibles abusos, unas actuaciones que deberán dirigirse también a eventuales prácticas empresariales contrarias a la normativa. Tal y como explicó González, en virtud del programa, la Xunta enviará una carta informativa a las personas que se encuentran en situación de incapacidad temporal para explicarle sus derechos y deberes.

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El plan incluye además varias peticiones al Gobierno central, ya que la Administración estatal mantiene las competencias sobre las incapacidades de más de 365 días. La Xunta reclama «reforzar el personal médico inspector del INSS», un «plan de choque» para reducir la pendencia de estos expedientes y un sistema estatal de información integrado e interoperable que permita compartir datos entre las administraciones y los distintos agentes implicados.

Fuente: El Correo Gallego