Amenazadas, explotadas y prácticamente secuestradas. Sin documentación, intimidadas y bajo un férreo control 24/7. Es la realidad de las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución tras ser captadas por entramados criminales que se aprovechan de su situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente. Un atentado contra su dignidad que no siempre obtiene el reproche de la sociedad. Una reciente encuesta del Ministerio de Igualdad con el CIS refleja que sólo tres de cada diez personas apoyan imponer multas a los clientes que consumen cuerpos a la carta.

Actualmente, la prostitución encuentra una vertiente muy elevada en el ámbito de los domicilios particulares, y la provincia de Cádiz no es ajena a ello. El negocio de la explotación sexual se ha trasladado de forma silenciosa desde la pandemia de los tradicionales clubes de carretera a casas y chalets, con especial incidencia en zonas turísticas de costa durante los meses estivales. Pisos-burdel que cierran tan pronto como termina la temporada. La volatilidad y la clandestinidad son aliadas de los explotadores y las condiciones en las que las mujeres ejercen la prostitución en esos entornos se han revelado más indignas e intolerables que en los establecimientos, apunta la Fiscalía General del Estado en su memoria anual.

Estos lugares se han convertido además en centros de distribución de sustancias estupefacientes, que en muchas ocasiones las mujeres son obligadas a suministrar a los clientes y a consumir ellas mismas.

La Fiscalía Provincial de Cádiz subraya que la realidad social actual acredita que los delitos de prostitución afectan "prácticamente en su totalidad" a ciudadanas extranjeras que, en muchas ocasiones, no sólo residen en España en situación de irregularidad administrativa, sino también que son víctimas de trata de seres humanos, lo cual las hace acreedoras del sistema integral de protección establecido en el artículo 59 bis de la Ley Orgánica de Extranjería.

Control férreo

La prostitución desarrollada en domicilios particulares evidencia que la mayoría de las mujeres que previamente han sido captadas se ven coaccionadas por sus explotadores, que les retiran el pasaporte o cualquier documentación y las amenazan con causarles daños a ellas o a sus familiares en el país de origen. También las agreden físicamente, utilizan brujería o vudú e incluso las venden o traspasan a otras mafias, apuntan desde la Fiscalía de Cádiz.

Además, las someten a estrechas vigilancias cuando salen del domicilio, si es que salen. Se dan casos en los que las mujeres están retenidas dentro de estas casas-prostíbulos bajo amenazas, agresiones y tratos degradantes. "Dentro de esta modalidad de prostitución, nos encontramos ante situaciones de encierro con privación física de libertad de las víctimas. No pueden salir por sí mismas. Se les impide al estar la puerta cerrada con llave y vigilada por cámaras, lo que genera en ellas una situación de temor y desasosiego", advierte el fiscal jefe Ángel Núñez. En otras ocasiones, añade, salen, pero "acompañadas, vigiladas y amenazadas de muerte o respecto a su situación administrativa irregular".

Las mafias retiran los pasaportes a sus víctimas. / Eduardo Sanz (Europa Press) Casas prostíbulo en el litoral

El desarrollo de esta modalidad delictiva opera en las zonas costeras y de litoral al valerse los proxenetas de "los sentimientos personales" para engañar a las víctimas en su país de origen a fin de ejercer la prostitución. Las captan, las trasladan, las recepcionan, las acogen y, a partir de ahí, entran en un túnel sin salida. Núñez habla del "peligro que corre la propia integridad física de la mujer e incluso su vida y la de sus futuros hijos por el prolongado tiempo que es obligada a prostituirse en la clandestinidad de un domicilio, ya que se saca a la víctima de un contexto en el que puede sentirse segura para convertirla en un objeto de mercancía que puede ser comercializado y explotado".

Los autores, incide, obtienen suculentos beneficios por ello, prevaliéndose de su situación de vulnerabilidad y precariedad económica al no poder acceder al mercado laboral en condiciones de legalidad y sin tener la posibilidad de apoyarse en una red de amigos y familiares cercanos debido a la lejanía respecto a sus países de origen.

Abusos

El modus operandi de este tipo de prostitución es el siguiente: los proxenetas adquieren un piso para convertirlo en una casa-prostíbulo y ofertan habitaciones a mujeres de origen extranjero, generalmente en situación irregular en territorio español y con dificultades económicas, bajo unas condiciones iniciales atractivas para ellas. Sin embargo, cuando llegan al referido piso, se les imponen unas claúsulas abusivas, aprovechándose de que no tienen otro lugar al que acudir y que necesitan obtener dinero para subsistir dada su precariedad.

Las víctimas, afirma el fiscal jefe de Cádiz, se ven obligadas a aceptar esas condiciones abusivas, como estar disponibles 24 horas los siete días de la semana para ejercer los servicios sexuales o no tener total libertad para salir de la casa. A esto se suma el abono de una cantidad económica mensual por habitación, más el pago del 40-50% del beneficio obtenido por los servicios sexuales. Asimismo, se ven obligadas a vender sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas a los clientes.

“A las mujeres se las intimida con la posibilidad de interferir sobre los procedimientos legales de protección internacional si denuncian tales condiciones ante las autoridades policiales”, destaca el jefe de la Fiscalía Provincial.

Con frecuencia, prosigue, los responsables de los pisos se encargan de distribuir sustancias estupefacientes por las diferentes casas de citas, tanto a los clientes como a las chicas, a las que en numerosas ocasiones obligan a consumir dicha sustancia con el fin de generarles una fuerte dependencia para doblegar su voluntad y someterlas con más facilidad a su explotación.

Por lo general, concluye, los responsables de los entramados se dedican a traer chicas desde países extranjeros con el fin de ejercer la prostitución bajo unas condiciones engañosas, gravosas y abusivas, de manera que contraen con ellas una deuda que tienen que saldar con el ejercicio de la prostitución.

Así, los proxenetas tienen a las chicas bajo su influencia y control a través del pago de la deuda contraída junto con los intereses que van generando con los alquileres por estar en los pisos, los desplazamientos a las fiestas privadas, la comida, la ropa, el aseo... También a través de la fuerte dependencia que les provocan con el consumo de droga, la cual están obligadas a vendérsela a los clientes.

"Por razones obvias, derivadas de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y el miedo que sufren, no es nada fácil la prueba en estos delitos, por lo que es necesario con mucha frecuencia aplicar la legislación de testigos protegidos, que es muy deficiente y tendría que ser objeto de reforma y actualización, así como el mecanismo de la prueba anticipada, porque es habitual que las víctimas abandonen el lugar donde estaban siendo explotadas y, muchas veces, para el momento del juicio están en paradero desconocido, lo cual propicia la impunidad", reclama Ángel Núñez.

Diligencias abiertas

Durante el año 2025, en el ámbito de la Fiscalía Provincial de Cádiz se han incoado procedimientos penales para investigar pisos-prostíbulos en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz capital, El Puerto de Santa María, Chiclana y Algeciras.

En el caso de Cádiz, explica Núñez, el más importante se trata de un procedimiento que trata de hechos susceptibles de integrar delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual o, cuanto menos, delitos de explotación de la prostitución ajena. De las diligencias practicadas hasta el momento resulta que varias ciudadanas extranjeras ejercían la prostitución en el inmueble gestionado por una mujer, que percibía una parte sustancial de los ingresos obtenidos mediante dicha actividad. Existen igualmente indicios de que la investigada organizaba aspectos esenciales de la prestación de los servicios, tales como la publicidad, la recepción de los pagos efectuados por los clientes y la posterior distribución de las cantidades obtenidas.

Tales circunstancias permiten apreciar, de manera provisional y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, una situación de dependencia o subordinación que excede de la mera cesión de un espacio para el ejercicio de la prostitución. Debe tenerse especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad que presentan las mujeres afectadas, en su mayoría extranjeras y alejadas de su entorno familiar y social, así como el porcentaje de los ingresos que habrían debido entregar a la investigada a cambio del alojamiento y demás servicios facilitados.