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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASADecenas de trabajadores se concentraban en la Plaza de la Villa mientras el delegado municipal debatía con la oposición. José Fernández ha zanjado el debate insistiendo en que los modelos de gestión indirecta son algo habitual, pese a las preguntas de Más Madrid y la multitud reunida a las puertas de la comisiónAlmeida anuncia dos centros de infancia que enfilan la privatización de un servicio público: "Es un caballo de Troya"
Mientras decenas de profesionales de los servicios sociales se concentraban a las puertas de una comisión municipal, su concejal sorteaba críticas dentro y fuera del edificio. Los gritos de “privatización” y el maletar entre la plantilla han marcado una mañana tensa en la Plaza de la Villa, donde habían decidido reunirse para protestar por la externalización de los CAI. Este es un recurso público para la atención a la Infancia que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido externalizar, pasando a un modelo de gestión indirecta en los tres centros de este tipo que aún tenían bajo su mando.
La protesta se hizo coincidir con una comisión en la que responsables municipales del área de Familias repondía a portavoces de la oposición, que no perdieron la ocasión de recordar este conflicto. La representante de Más Madrid, Lucía Lois, pidió directamente en sala la “paralización de esta privatización” en los Centros de Atención a la Infancia; pero el delegado de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, esquivó el debate reproduciendo vídeos de Rita Maestre, su rival en el Ayuntamiento, hablando de su gestión de los CAI durante su etapa en el Gobierno local de Manuela Carmena.
“Nosotros vamos a ampliar recursos igual que lo hizo Carmena [...] Sois pura hipocresía”, ha zanjado Fernández sobre la protesta por los recursos para la infancia, evitando responder directamente a los ataques hacia su gestión mientras, de puertas para afuera, una multitud de trabajadores hablaba de “asfixia” en los CAI y pedían no solo mantener el servicio como hasta ahora, sino ampliar su cobertura y mejorar las condiciones de la plantilla.
“Ahora mismo hay un aumento de riesgos psicosociales, bajas por estrés o burnout, agresiones que no se visibilizan porque no se puede dar respuesta a las familias y gente que está muy sobrepasada. Todo esto ya está generando el deterioro de un sistema público, así que es necesario que se mantenga como tal”, coincidían frente a los medios las portavoces de la Plataforma de Servicios Sociales Públicos de Madrid, que ha llamado a concentrarse durante la comisión municipal.
Privatizar o no, esa es la cuestión
Por su parte, la propia Lucía Lois se mostró convencida antes de arrancar el pleno de que la gestión privada de todos los CAI implicará “salarios bajos” o “rotación constante” entre profesionales; lo que también puede mermar la calidad de un servicio que sigue siendo público. También la representante del PSOE, Ana Lima, aprovechó para advertir de una “precarización” que puede obstruir la función de estos centros. “La atención a la infancia necesita de profesionales que generen un vínculo y estén especializados”, resolvía Lima, sugiriendo que para ese nivel de implicación hace falta cierta estabilidad.
En realidad, el conflicto con los Centros de Atención a la Infancia estalló en mayo, cuando el Ayuntamiento de Madrid anunció dos nuevas aperturas en Vallecas. Una aparente buena noticia que, sin embargo, no sentó bien a todos; pues implicaba redistribuir a los trabajadores de los CAI 1, 2 y 3. En total, la ciudad alberga 12 y estos quieren ampliarse con dos puntos más. La reorganización municipal contempla que los 38 funcionarios que trabajan actualmente en esos tres centros pasen al nuevo CAI 14, especializado en los procedimientos de declaración de riesgo de los menores.
Aunque el Gobierno de Cibeles recuerda que estos procedimientos deben ser asumidos exclusivamente por personal funcionario, y basan ahí su argumento para redistribuir al personal. De hecho, desde el Área de Servicios Sociales niegan que este giro implique una “privatización” del sistema e insisten en los modelos de gestión indirecta que se han usado en casos similares. De momento, la previsión es que los nuevos CAI entren a funcionar en diciembre: uno de ellos para absorber parte de la carga en Villa de Vallecas y el otro, únicamente para las declaraciones de riesgo. “Nuestra propuesta sigue siendo la misma: hay que municipalizar el servicio”, concluyen los asistentes a la protesta.
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Mientras decenas de profesionales de los servicios sociales se concentraban a las puertas de una comisión municipal, su concejal sorteaba críticas dentro y fuera del edificio. Los gritos de “privatización” y el maletar entre la plantilla han marcado una mañana tensa en la Plaza de la Villa, donde habían decidido reunirse para protestar por la externalización de los CAI. Este es un recurso público para la atención a la Infancia que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido externalizar, pasando a un modelo de gestión indirecta en los tres centros de este tipo que aún tenían bajo su mando.
La protesta se hizo coincidir con una comisión en la que responsables municipales del área de Familias repondía a portavoces de la oposición, que no perdieron la ocasión de recordar este conflicto. La representante de Más Madrid, Lucía Lois, pidió directamente en sala la “paralización de esta privatización” en los Centros de Atención a la Infancia; pero el delegado de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, esquivó el debate reproduciendo vídeos de Rita Maestre, su rival en el Ayuntamiento, hablando de su gestión de los CAI durante su etapa en el Gobierno local de Manuela Carmena.
“Nosotros vamos a ampliar recursos igual que lo hizo Carmena [...] Sois pura hipocresía”, ha zanjado Fernández sobre la protesta por los recursos para la infancia, evitando responder directamente a los ataques hacia su gestión mientras, de puertas para afuera, una multitud de trabajadores hablaba de “asfixia” en los CAI y pedían no solo mantener el servicio como hasta ahora, sino ampliar su cobertura y mejorar las condiciones de la plantilla.
“Ahora mismo hay un aumento de riesgos psicosociales, bajas por estrés o burnout, agresiones que no se visibilizan porque no se puede dar respuesta a las familias y gente que está muy sobrepasada. Todo esto ya está generando el deterioro de un sistema público, así que es necesario que se mantenga como tal”, coincidían frente a los medios las portavoces de la Plataforma de Servicios Sociales Públicos de Madrid, que ha llamado a concentrarse durante la comisión municipal.
Privatizar o no, esa es la cuestiónPor su parte, la propia Lucía Lois se mostró convencida antes de arrancar el pleno de que la gestión privada de todos los CAI implicará “salarios bajos” o “rotación constante” entre profesionales; lo que también puede mermar la calidad de un servicio que sigue siendo público. También la representante del PSOE, Ana Lima, aprovechó para advertir de una “precarización” que puede obstruir la función de estos centros. “La atención a la infancia necesita de profesionales que generen un vínculo y estén especializados”, resolvía Lima, sugiriendo que para ese nivel de implicación hace falta cierta estabilidad.
En realidad, el conflicto con los Centros de Atención a la Infancia estalló en mayo, cuando el Ayuntamiento de Madrid anunció dos nuevas aperturas en Vallecas. Una aparente buena noticia que, sin embargo, no sentó bien a todos; pues implicaba redistribuir a los trabajadores de los CAI 1, 2 y 3. En total, la ciudad alberga 12 y estos quieren ampliarse con dos puntos más. La reorganización municipal contempla que los 38 funcionarios que trabajan actualmente en esos tres centros pasen al nuevo CAI 14, especializado en los procedimientos de declaración de riesgo de los menores.
Aunque el Gobierno de Cibeles recuerda que estos procedimientos deben ser asumidos exclusivamente por personal funcionario, y basan ahí su argumento para redistribuir al personal. De hecho, desde el Área de Servicios Sociales niegan que este giro implique una “privatización” del sistema e insisten en los modelos de gestión indirecta que se han usado en casos similares. De momento, la previsión es que los nuevos CAI entren a funcionar en diciembre: uno de ellos para absorber parte de la carga en Villa de Vallecas y el otro, únicamente para las declaraciones de riesgo. “Nuestra propuesta sigue siendo la misma: hay que municipalizar el servicio”, concluyen los asistentes a la protesta.