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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASALa Comunidad de Madrid transfiere 257 millones de euros desde seis entes autonómicos, entre ellos el 112 o la Agencia de Atención Social, después de que la Consejería de Sanidad pidiese 588 millones para hospitales, recetas médicas y pago de facturas por "créditos consignados insuficientes". El Ejecutivo regional habla de proceso "auditado" y "nada raro"La Comunidad de Madrid no puede destinar directamente la venta del ático de Chamberí a ayudas por los incendios
La Comunidad de Madrid aprobó en su Consejo de Gobierno del pasado 24 de junio traspasar más de 257 millones de euros, procedentes de varios entes y organismos autonómicos, al Servicio Madrileño de Salud (Sermas). La decisión llegó ya que “los créditos consignados en el presupuesto 2026 resultan insuficientes para atender la tramitación de facturas para centros sanitarios en gastos corrientes en bienes y servicios”, según recoge el documento del acuerdo, al que ha tenido acceso este periódico.
El dinero procede en concreto del líquido disponible “no necesario para el ejercicio de la actividad presupuestaria” en seis sujetos del sector público insititucional, dependientes del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. El Consorcio Regional de Transportes (CRTM) y la Agencia de Contratación Sanitaria lideran las aportaciones con 124 y 59,9 millones de euros respectivamente. Les siguen la Agencia Madrileña de Atención Social con 32,1 millones y la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor con 22,5. Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, cuyo papel es vital en circunstancias como los recientes incendios que han asolado la región, se han destinado otros 17,5 millones. Completa la lista con otros 1,63 millones el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el escrito que valida la medida, ejecutada desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo previa transferencia de los fondos a la Tesorería Central de la Comunidad de Madrid, el equipo de Ayuso debe justificar por qué la “situación reviste un carácter excepcional” ya que es en esos casos cuando puede llevarse a cabo. Exponen las “tensiones financieras” que pueden provocar “la demora en la tramitación de facturas” y la importancia de “garantizar tiempos óptimos en los períodos de pago a proveedores”. Admiten a renglón seguido que “no es posible satisfacer esa necesidad con los instrumentos y procedimientos ordinarios de gestión presupuestaria”.
El informe de la Intervención General especifica que el crédito faltante atañe a “la financiación de los hospitales, recetas médicas y pago de facturas para centros sanitarios”. Finalmente, tanto este departamento como la Dirección General de Presupuestos dieron luz verde a la iniciativa al amparo de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Pese a esa redacción literal que habla de “situación excepcional”, desde la Consejería de Sanidad afirman en declaraciones a Somos Madrid que “no es ninguna excepcionalidad”. “La Comunidad de Madrid tiene adoptado ese mecanismo para que todo remanente disponible, perfectamente auditado y pasado por el Consejo de Gobierno, pueda emplearse precisamente en Sanidad”, apostillan. Por ello, sostienen, “no es nada raro ni excepcional y se ha efectuado otras veces”.
La Consejería de Sanidad pide 588 millones y el PSOE habla de “tapar un desmantelamiento”
Pero los fondos solicitados para el Sermas suponen una cifra todavía mayor a la ya concedida, ya que la solicitud de la Consejería de Sanidad asciende a 588 millones de euros. La petición recoge el reparto e esa cifra en diferentes partidad de diversos hospitales y centros de salud madrileños. La Paz y el Doce de Octubre concentran la distribución: más de 95 millones de euros para el primero y casi 91 para el segundo. Al Ramón y Cajal o al Clínico San Carlos también se pide dotar de cantidades superiores a 50 millones de euros para cada uno.
Desde el PSOE de Madrid, que solicitó esta información a través del portal de transparecencia, ven “un intento de tapar el desmantelamiento del sistema público de salud madrileño”. La diputada autonómica Sara Bonmati lamenta que, ante el “colapso” de la sanidad, el Gobierno de Ayuso “da un hachazo al servicio de Emergencias 112 al mismo tiempo que los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid alertan de la falta de recursos para combatir y prevenir incendios”.
“Recorta en atención social y residencias de mayores a la vez que familiares y residentes denuncian la falta de personal para atender a los residentes durante el verano o la nula climatización de los centros. Mete tijera en el Consorcio de Transportes mientras que los usuarios del Metro de Madrid sufren día tras días la ausencia de climatización en los vagones y las esperas interminables en los andenes, también sin climatizar, debido a baja frecuencia de trenes”, añade.
Bonmati alerta de que “faltan por transferir otros 325,8 millones para, en palabras del Gobierno autonómico, mantener el funcionamiento ordinario”. Se pregunta por tanto qué recursos “serán los siguientes en verse recortados para llegar a los 588 millones de euros que la Sanidad Pública madrileña necesita para seguir operando con un mínimo de normalidad”.
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La Comunidad de Madrid aprobó en su Consejo de Gobierno del pasado 24 de junio traspasar más de 257 millones de euros, procedentes de varios entes y organismos autonómicos, al Servicio Madrileño de Salud (Sermas). La decisión llegó ya que “los créditos consignados en el presupuesto 2026 resultan insuficientes para atender la tramitación de facturas para centros sanitarios en gastos corrientes en bienes y servicios”, según recoge el documento del acuerdo, al que ha tenido acceso este periódico.
El dinero procede en concreto del líquido disponible “no necesario para el ejercicio de la actividad presupuestaria” en seis sujetos del sector público insititucional, dependientes del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. El Consorcio Regional de Transportes (CRTM) y la Agencia de Contratación Sanitaria lideran las aportaciones con 124 y 59,9 millones de euros respectivamente. Les siguen la Agencia Madrileña de Atención Social con 32,1 millones y la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor con 22,5. Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, cuyo papel es vital en circunstancias como los recientes incendios que han asolado la región, se han destinado otros 17,5 millones. Completa la lista con otros 1,63 millones el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el escrito que valida la medida, ejecutada desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo previa transferencia de los fondos a la Tesorería Central de la Comunidad de Madrid, el equipo de Ayuso debe justificar por qué la “situación reviste un carácter excepcional” ya que es en esos casos cuando puede llevarse a cabo. Exponen las “tensiones financieras” que pueden provocar “la demora en la tramitación de facturas” y la importancia de “garantizar tiempos óptimos en los períodos de pago a proveedores”. Admiten a renglón seguido que “no es posible satisfacer esa necesidad con los instrumentos y procedimientos ordinarios de gestión presupuestaria”.
El informe de la Intervención General especifica que el crédito faltante atañe a “la financiación de los hospitales, recetas médicas y pago de facturas para centros sanitarios”. Finalmente, tanto este departamento como la Dirección General de Presupuestos dieron luz verde a la iniciativa al amparo de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Pese a esa redacción literal que habla de “situación excepcional”, desde la Consejería de Sanidad afirman en declaraciones a Somos Madrid que “no es ninguna excepcionalidad”. “La Comunidad de Madrid tiene adoptado ese mecanismo para que todo remanente disponible, perfectamente auditado y pasado por el Consejo de Gobierno, pueda emplearse precisamente en Sanidad”, apostillan. Por ello, sostienen, “no es nada raro ni excepcional y se ha efectuado otras veces”.
La Consejería de Sanidad pide 588 millones y el PSOE habla de “tapar un desmantelamiento”Pero los fondos solicitados para el Sermas suponen una cifra todavía mayor a la ya concedida, ya que la solicitud de la Consejería de Sanidad asciende a 588 millones de euros. La petición recoge el reparto e esa cifra en diferentes partidad de diversos hospitales y centros de salud madrileños. La Paz y el Doce de Octubre concentran la distribución: más de 95 millones de euros para el primero y casi 91 para el segundo. Al Ramón y Cajal o al Clínico San Carlos también se pide dotar de cantidades superiores a 50 millones de euros para cada uno.
Desde el PSOE de Madrid, que solicitó esta información a través del portal de transparecencia, ven “un intento de tapar el desmantelamiento del sistema público de salud madrileño”. La diputada autonómica Sara Bonmati lamenta que, ante el “colapso” de la sanidad, el Gobierno de Ayuso “da un hachazo al servicio de Emergencias 112 al mismo tiempo que los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid alertan de la falta de recursos para combatir y prevenir incendios”.
“Recorta en atención social y residencias de mayores a la vez que familiares y residentes denuncian la falta de personal para atender a los residentes durante el verano o la nula climatización de los centros. Mete tijera en el Consorcio de Transportes mientras que los usuarios del Metro de Madrid sufren día tras días la ausencia de climatización en los vagones y las esperas interminables en los andenes, también sin climatizar, debido a baja frecuencia de trenes”, añade.
Bonmati alerta de que “faltan por transferir otros 325,8 millones para, en palabras del Gobierno autonómico, mantener el funcionamiento ordinario”. Se pregunta por tanto qué recursos “serán los siguientes en verse recortados para llegar a los 588 millones de euros que la Sanidad Pública madrileña necesita para seguir operando con un mínimo de normalidad”.