En ese contexto, la posición de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno queda inevitablemente deslegitimada. Si su continuidad ya resultaba difícil de sostener –con una legislatura inviable: sin presupuestos y marcada por causas judiciales en su entorno–, esta deriva introduce un elemento cualitativamente distinto. Ya no es sólo desgaste político. Es la posible afectación directa al funcionamiento del Estado de derecho.

La respuesta del Gobierno, lejos de despejar dudas, sigue un patrón reconocible: minimizar los hechos, desautorizar a quienes los investigan y desplazar el foco hacia una supuesta persecución política. Ahora añade un paso más: la invocación por Óscar Puente de una teoría de la conspiración. Cuando el poder cuestiona la validez de los procesos judiciales que le afectan, no se limita a defenderse: erosiona el sistema de contrapesos que garantiza su control. Ese es el verdadero riesgo. Una democracia no se degrada únicamente por la existencia de corrupción, sino cuando el poder deja de reconocer los límites que le impone la ley. Si esos límites se cuestionan desde dentro, el deterioro no es coyuntural: es estructural.

En ese escenario, la responsabilidad ya no recae sólo en el Gobierno. Los partidos que hicieron posible la investidura siguen sosteniendo una mayoría de bloqueo que permite prolongar esta situación. Su posición los sitúa ante una disyuntiva clara: facilitar una salida política o asumir el coste de quedar asociados a esta deriva. Volver a pedir responsabilidades puede parecer estéril. Pero es imprescindible. Hay líneas que un Estado de derecho nunca debería cruzar.