La disputa política ya no se libra únicamente en los parlamentos o en las redes sociales. También se está trasladando a la cultura popular. Fiestas tradicionales, recreaciones históricas, festivales de música o celebraciones locales se han convertido en un nuevo terreno de confrontación ideológica, donde la extrema derecha trata de apropiarse de símbolos colectivos para convertirlos en herramientas de identidad excluyente.

Francia se ha convertido en el laboratorio más visible de esta estrategia. En los últimos meses, diversas investigaciones periodísticas como un reciente reportaje en Socialter han documentado cómo empresarios próximos a la ultraderecha financian espectáculos históricos, festivales medievales y grandes eventos populares con el objetivo de difundir una visión idealizada del pasado francés: una nación homogénea, cristiana y ajena a la diversidad que caracteriza a la Francia contemporánea.

La historia deja de ser un espacio para comprender el pasado y pasa a convertirse en un instrumento político.

No se trata únicamente de controlar el relato histórico. La estrategia busca algo más profundo: conquistar espacios emocionales. Las fiestas populares generan identidad, pertenencia y comunidad. Precisamente por ello resultan tan atractivas para quienes pretenden construir un discurso basado en el «nosotros» frente a «los otros». Cuando una celebración deja de ser patrimonio común para convertirse en un acto de afirmación ideológica, pierde su esencia integradora.

Este fenómeno no es exclusivo de Francia. En distintos países europeos y americanos se observa una tendencia similar. Banderas nacionales, himnos, tradiciones religiosas, festividades populares e incluso acontecimientos deportivos son utilizados por movimientos nacionalistas para presentarse como los únicos intérpretes legítimos de la identidad nacional. Quien no comparte su visión queda implícitamente excluido de esa comunidad imaginada.

Paradójicamente, muchas de esas tradiciones nacieron precisamente como espacios de encuentro abiertos a toda la sociedad. Las fiestas patronales, los carnavales, las romerías o las celebraciones históricas fueron construyéndose durante siglos mediante la mezcla de influencias culturales, sociales y religiosas.

Son el resultado de una historia compartida, no el patrimonio exclusivo de una ideología.

La apropiación simbólica suele comenzar de forma discreta. Primero llega el patrocinio de determinados eventos, después la presencia de organizaciones afines, posteriormente la modificación de los mensajes y finalmente la utilización política de aquello que hasta entonces pertenecía a todos. El riesgo no reside únicamente en quién financia una fiesta, sino en quién termina definiendo su significado.

La respuesta no pasa por politizar aún más la cultura ni por convertir cada celebración en un campo de batalla ideológico. Al contrario. La mejor defensa consiste en preservar el carácter plural de estos espacios, reforzando el papel de historiadores, gestores culturales, asociaciones vecinales y entidades locales capaces de garantizar que el patrimonio colectivo siga siendo precisamente eso: colectivo.

Las democracias necesitan símbolos comunes. Necesitan lugares donde personas con ideas distintas puedan celebrar juntas sin preguntarse por quién votan. Cuando esos espacios son ocupados por proyectos políticos excluyentes, la convivencia pierde uno de sus principales puntos de encuentro.

La cultura nunca ha sido neutral, pero tampoco debería convertirse en un instrumento de exclusión. Las fiestas populares, como el patrimonio histórico o los símbolos nacionales, pertenecen a toda la ciudadanía. Defenderlas significa proteger una memoria compartida construida desde la diversidad y evitar que el pasado sea utilizado para dividir el presente. Porque una sociedad deja de reconocerse a sí misma cuando permite que lo que era de todos acabe convertido en la bandera de unos pocos.

Redacción
En Positivo

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