El presidente Bernardo Arévalo confirmó que el Ejecutivo analiza el decreto 18-2026, aprobado por el Congreso de la República y que modifica las reglas para el cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).

Durante la conferencia de prensa La Ronda, de este 10 de agosto, el mandatario explicó que el decreto fue recibido en el despacho presidencial el 7 de agosto y que actualmente se encuentra bajo análisis antes de definir cuál será la postura del Ejecutivo.

Arévalo señaló que la evaluación contempla tanto los aspectos técnicos de la reforma al IUSI como sus implicaciones políticas. Según explicó, se debe determinar si los cambios responden a una necesidad de la población o si obedecen a otros intereses.

“Es una consideración que tiene ángulos técnicos y ángulos políticos”, afirmó el mandatario.

Añadió que probablemente en la próxima conferencia de La Ronda se dará a conocer la decisión del Ejecutivo sobre el decreto.

El IUSI es un impuesto que pagan los propietarios de bienes inmuebles a la municipalidad donde se encuentra la propiedad. El tributo se cobra de forma trimestral y está regulado por la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles de1998.

La discusión para modificar las tasas de este impuesto no es nueva. En 2024, varios diputados presentaron la iniciativa 6369, que proponía reducir los porcentajes aplicados al IUSI. Sin embargo, la propuesta no obtuvo la aprobación de la comisión legislativa correspondiente.

En 2025 se presentó una nueva propuesta, la iniciativa 6586, que también planteaba una reducción del impuesto y contemplaba inicialmente la exoneración para adultos mayores y jubilados. En este caso, la comisión correspondiente emitió dictamen favorable a finales de ese año.

Durante el trámite legislativo, la propuesta fue modificada y finalmente se concentró en dos cambios principales: la exoneración del IUSI para viviendas de uso residencial o mixto y el establecimiento de tasas de entre 3 y 9 por millar para inmuebles de uso comercial.

Durante los primeros meses del 2026, la iniciativa pasó por las tres lecturas correspondientes en el pleno del Congreso.

Los diputados que apoyaron la iniciativa argumentaron que la reforma busca reducir la carga tributaria de los propietarios de inmuebles, principalmente ante el incremento del costo de vida.

El proceso concluyó el 29 de julio, cuando los diputados aprobaron las enmiendas y dieron el aval definitivo al proyecto, que posteriormente se convirtió en el decreto 18-2026.

A lo largo de la discusión, distintas instituciones expresaron preocupación por el impacto que una reducción o exoneración amplia del impuesto podría tener en las finanzas municipales.

El mismo día de la aprobación final, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) manifestaron públicamente su preocupación por los posibles efectos de la reforma.

Uno de los principales puntos señalados es que el IUSI representa una fuente de ingresos para las municipalidades, recursos que son utilizados para financiar obras y servicios en los municipios.

Si el decreto 18-2026 es sancionado por el Ejecutivo y posteriormente publicado en el Diario Oficial, los nuevos cambios no comenzarían a aplicarse de inmediato.

El decreto establece que el nuevo régimen del IUSI entraría en vigor 90 días después de su publicación.

En una entrevista, Juan Carlos Rivera, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso, explicó que se espera que las nuevas disposiciones puedan entrar en vigor durante el primer trimestre de 2027, dependiendo de cuándo se publique el decreto.

Rivera también señaló que los propietarios deben continuar realizando los pagos correspondientes a 2026 y años anteriores, debido a que las disposiciones actuales todavía se encuentran vigentes.

Sin embargo, explicó que el decreto incluye un artículo relacionado con el cobro del impuesto que busca evitar que las municipalidades adopten medidas coercitivas contra los propietarios para exigir el pago del IUSI durante el período contemplado por la reforma.

Por ahora, el Ejecutivo mantiene bajo análisis el decreto 18-2026. Arévalo deberá definir si lo sanciona o veta.