La solicitud de Newtral fue rechazada por la CAM, pasó por el Consejo de Transparencia, acabó en el TSJM y, tras una sentencia, ha sido remitida a la universidad.
Por Marta Gutiérrez
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) ha puesto fin al procedimiento iniciado tras una solicitud de acceso a la información presentada por Newtral.es en 2023 sobre el expediente académico de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
La solicitud se presentó después de que la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense distinguiera a Isabel Díaz Ayuso con el reconocimiento de ‘Alumni Ilustre’ para conocer los méritos académicos que lo justificaban.
La resolución judicial confirma el criterio que había fijado en septiembre de 2023 el ya extinto Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid tras estimar parcialmente la reclamación presentada por este medio.
El órgano concluyó entonces que la información solicitada obraba en poder de la Universidad Complutense y ordenó retrotraer las actuaciones para que la Comunidad de Madrid remitiera la solicitud a la universidad.
Como consecuencia del fallo, la petición ha sido enviada finalmente a la Complutense, que ya ha iniciado su tramitación y deberá decidir si concede o no el acceso a la información solicitada.
Sin embargo, según un escrito remitido a la periodista solicitante de la información, la universidad ha suspendido temporalmente el plazo para resolver la petición inicial mientras concede a la persona interesada, Isabel Díaz Ayuso, la posibilidad de presentar las alegaciones que considere oportunas antes de dictar resolución.
El caso continúa sin resolución, más de tres años despuésEl inicio de la petición se remonta a febrero de 2023, cuando Newtral.es presentó una solicitud de acceso a la información pública después de que la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense distinguiera a Isabel Díaz Ayuso con el reconocimiento de ‘Alumni Ilustre’.
Para conocer los méritos académicos de este reconocimiento, la petición solicitaba el expediente académico de la presidenta madrileña correspondiente a la Licenciatura en Periodismo cursada en la Universidad Complutense, con el nombre de todas las asignaturas y las calificaciones obtenidas.
La Comunidad de Madrid denegó inicialmente el acceso a la información, y argumentó que se trataba por un lado, de información de carácter personal, y por otro, que la aportación de expediente académico no era un requisito para el ejercicio de alto cargo.
Fue entonces cuando este medio presentó una reclamación ante el entonces denominado Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, que en septiembre de 2023 estimó parcialmente la reclamación.
Sin pronunciarse sobre si el expediente académico debía hacerse público o no, concluyó que la Comunidad de Madrid no era la administración competente para resolver la solicitud, ya que la información no obraba en su poder, sino en la Universidad Complutense.
Por ello, ordenó retrotraer las actuaciones hasta el momento de la presentación de la solicitud para que la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local la remitiera a la universidad.
Sin embargo, esa resolución nunca llegó a ejecutarse. En octubre de 2023, la Comunidad de Madrid interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la decisión del Consejo de Transparencia.
Mientras el procedimiento seguía su curso, la Asamblea de Madrid aprobó en diciembre de 2023 una reforma legislativa que suprimió el entonces Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, adscrito a la Cámara regional, y creó el actual Consejo de Transparencia y Protección de Datos, dependiente del Ejecutivo autonómico. Tras esa reforma, el órgano dejó de informar a la solicitante sobre la evolución del procedimiento.
Ahora, con la sentencia ya dictada y la solicitud remitida finalmente a la Universidad Complutense, la decisión sobre el acceso al expediente académico queda en manos de la universidad, que resolverá una vez concluya el trámite de alegaciones concedido a la presidenta madrileña.