La investigación de Canal 13 sobre la venta de parches de fentanilo en ferias libres y por internet volvió a encender las alertas sobre la venta ilegal de medicamentos controlados, un problema que crece a ritmo inquietante. El dato del Instituto de Salud Pública es contundente: los decomisos superaron las 48 toneladas en el último año y los robos a camiones de distribución aumentaron más de un 400%. Esta información fue expuesta en el Senado el 21 de julio del año en curso, en el marco de la discusión de una ley para controlar este fenómeno.

La venta clandestina de medicamentos en ferias libres no es un simple problema de comercio informal, sino un riesgo sanitario serio. El fentanilo, por ejemplo, tiene un alto potencial adictivo y exige control médico estricto por su estrecho margen entre dosis terapéutica y letal. La crisis de opioides en Estados Unidos es un recordatorio de cómo este tipo de mercado puede escalar hasta convertirse en una emergencia de salud pública.

Frente a esta realidad, el proyecto de ley que avanza en su primer trámite constitucional es un paso necesario y bienvenido. Sin embargo, conviene detenerse en un punto que merece mayor atención: el foco regulatorio parece concentrarse casi exclusivamente en la venta minorista, el último eslabón de una cadena que incluye también la producción, la importación y, especialmente, la distribución mayorista. Una ley efectiva no puede limitarse a sancionar el punto final de venta; debe abarcar el recorrido completo que sigue un medicamento desde su origen hasta las manos del paciente.

Las cantidades de medicamentos que hoy nutren al mercado ilegal difícilmente se explican solo por la venta al detalle, lo que sugiere volúmenes de acceso que van más allá de un punto aislado de la cadena. La discusión parlamentaria debería poner foco en el conjunto de esa cadena, estableciendo límites a las ventas excesivas o fuera del comportamiento habitual. Hoy no existe legislación que aborde este vacío, algo que el debate actual parece no estar considerando con la urgencia necesaria.

Una regulación que fortalezca la fiscalización sobre el local que atiende al público, pero que no observe con igual rigor toda la trazabilidad previa, corre el riesgo de resultar incompleta. El desafío legislativo es asegurar que todos los eslabones de la cadena —producción, importación, distribución mayorista y venta minorista— se midan con estándares de control proporcionales al riesgo que representan.

Una norma cumple su propósito cuando abarca la totalidad del fenómeno que pretende regular; una regulación parcial deja vacíos que el mercado ilícito sabe aprovechar. Proteger la salud pública exige mirar el problema completo.

Eduardo Poehls B. Gerente de Asuntos Legales y Corporativos