En España, los últimos datos sobre pobreza y exclusión social confirman una paradoja inquietante: la economía crece, el empleo aumenta y algunos indicadores mejoran levemente. Sin embargo, millones de personas continúan atrapadas en situaciones de precariedad estructural.

El XV Informe sobre el estado de la pobreza de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) muestra que la relación entre empleo y pobreza es más frágil de lo que suele asumirse. El 11,7 % de las personas ocupadas se encuentra en situación de pobreza y, al mismo tiempo, el 32,9 % de la población pobre tiene un empleo, frente a un 20,6 % que está en paro.

Estos datos indican que el empleo reduce la probabilidad de pobreza, pero no garantiza por sí solo unas condiciones de vida suficientes. Cuando el mercado laboral genera trabajos mal remunerados, inestables o a tiempo parcial involuntario, una parte significativa de la población ocupada permanece en situación de pobreza. Por ello, el debate sobre la reducción de la pobreza no puede centrarse únicamente en el acceso al empleo, sino que debe incorporar la calidad del trabajo y el marco normativo que lo regula.

Lejos de tratarse de una disfunción coyuntural, esta realidad encaja con notable precisión en el diagnóstico que Zygmunt Bauman formuló hace más de dos décadas en su obra Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias.

Las sociedades contemporáneas, en su afán por el progreso, el orden y la eficiencia, producen de forma sistemática “residuos humanos”. Se trata de personas que son excluidas sistemáticamente y que no encajan en los modelos dominantes de productividad, consumo y movilidad.

El IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, elaborado por la Fundación FOESSA, describe una sociedad española profundamente transformada, marcada por la fragmentación de las clases medias, la normalización de la precariedad laboral y la pérdida del empleo, factores que dificultan la integración social.

En la modernidad líquida, como apunta Bauman, el trabajo deja de ser un eje estable de la vida social y una fuente segura de identidad para convertirse en una actividad precaria, fragmentada e incierta. A diferencia de la sociedad industrial, donde el empleo ofrecía continuidad, reconocimiento y pertenencia, el trabajo contemporáneo se caracteriza por la flexibilidad extrema, la temporalidad y la ausencia de garantías a largo plazo.

El mercado ya no necesita integrar a toda la población como fuerza productiva, lo que provoca que amplios sectores queden excluidos de forma permanente y sean considerados superfluos. Así, el trabajo pierde su función integradora y deja de ser un camino seguro para escapar de la pobreza.

El citado XV Informe sobre el Estado de la Pobreza confirma esta dinámica. La tasa AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), un indicador que combina elementos de renta, posibilidades de consumo y empleo, desciende levemente, pero la pobreza severa permanece estable y su brecha aumenta. Esto indica que quienes están peor no mejoran.

Bauman describía en su obra Vida líquida este escenario como un mundo donde la propia existencia se caracteriza por la inestabilidad, la incertidumbre y la ausencia de referencias duraderas. Las condiciones de vida cambian más rápido de lo que pueden consolidarse los hábitos y los proyectos personales.

La dificultad de acceso a la vivienda, los empleos inestables y la debilidad de las redes comunitarias generan trayectorias vitales sin anclajes. El resultado no es solo pobreza material, sino desarraigo social y político, un malestar difuso que erosiona la confianza en las instituciones, en el estado de bienestar y en el funcionamiento y calidad del sistema democrático.

Ambos informes coinciden en un punto crucial: no fallan las personas, falla el sistema. La mayoría de quienes viven en exclusión realizan enormes esfuerzos por integrarse, pero se enfrentan a dispositivos fragmentados, mal dimensionados y pensados más para administrar la pobreza que para erradicarla.

Bauman fue claro al respecto: mientras la exclusión se aborde como un problema de individuos “inadaptados”, la sociedad seguirá produciendo “residuos humanos”. El reto no es perfeccionar los mecanismos de asistencia, sino reconstruir un pacto social que reconozca la interdependencia, refuerce los derechos sociales y devuelva estabilidad a vidas hoy sometidas a la lógica del descarte.

España, al igual que ocurre en buena parte de los países occidentales, se encuentra ante una encrucijada. Puede seguir gestionando la exclusión como un daño colateral inevitable de la modernidad líquida o apostar, como reclaman los informes, por políticas audaces que sitúen la vivienda, el empleo digno, los cuidados y la redistribución en el centro de dichas políticas públicas.

Bauman, con una lucidez que hoy solo puede calificarse de visionaria y brillante, nos dejó una advertencia que el tiempo no ha hecho sino confirmar: una sociedad que normaliza la producción de personas sobrantes acaba socavando los fundamentos éticos que la sostienen. Lo que en su momento pudo parecer una reflexión teórica o incluso exagerada se revela ahora como una anticipación precisa de nuestro presente. Los datos ya no dejan margen para la indiferencia. La cuestión no es si podemos permitirnos un cambio de rumbo, sino si podemos permitirnos no hacerlo.