Sin sorpresa, con los diputados del PP y los representantes del Consell (incluido el president Juanfran Pérez Llorca) puestos en pie y los de Vox aplaudiendo desde sus escaños, populares y voxistas han aprobado este viernes la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Ordenación de la Generalitat, la conocida como ley de Acompañamiento, y han puesto la guinda con una coincidencia total al acuerdo de los Presupuestos de la Generalitat de 2026, validados nueve días atrás en el mismo hemiciclo.

El último pleno del curso parlamentario ha exhibido el mismo esquema de bloques que viene acompañando el trabajo en la cámara autonómica en toda la legislatura. La mayoría que conforman populares y voxistas en las Corts se ha impuesto al rechazo de PSPV y Compromís y han mostrado lo engrasada que está su relación a menos de un año de las elecciones. Otra cosa es qué ocurra a partir de septiembre, cuando la cuenta atrás hacia las urnas podría complicar esa capacidad de acuerdo.

Para muestra del nivel de complicidad entre ambos partidos está la exposición hecha por el presidente de la Comisión de Hacienda, el socialista Toni Gaspar, que ha resumido la relación de enmiendas presentadas y su resultado en la votación. "Grupo Popular: 32 enmiendas presentadas, 8 aproximadas con Vox; aprobadas todas menos una. Grupo Vox Corts Valencianes: 47 enmiendas presentadas, 8 aproximadas con el Grupo Popular, todas aprobadas", ha leído Gaspar que ha contrapuesto con las 116 presentadas por Compromís o las 75 por el PSPV de las que ha habido "cero aprobadas".

Y esa única que quedaba sin aprobar del PP ha perdido esa condición excepcional en la votación definitiva en el hemiciclo. Así, si Vox rechazó el lunes en el debate de la comisión habilitar una vía especial para acceder a la cúpula de la Policía Local de València, una reclamación de los 'populares' y en concreto de María José Catalá, alcaldesa del Cap i Casal; este viernes sí la ha apoyado, con una enmienda firmada conjuntamente que abre también reserva de plazas en los cuerpos municipales para militares profesionales y que se asuma su antigüedad en el sueldo.

Esta ha sido la última de las medidas incorporadas a un cajón de sastre normativo que complementa a los presupuestos y que cuenta con una clara impronta de la formación de ultraderecha. Además de la prohibición del uso del burka en espacios públicos o el veto al menú halal en colegios, exigencias voxistas; la principal es la aplicación del término "prioridad nacional" que ya fue incorporado a las cuentas y que aterriza en varios cambios legislativos como la Renta Valenciana de Inclusión, donde se exigirán a partir de ahora tres años de empadronamiento para recibir a la ayuda.

"Hoy comienza una nueva etapa, la prioridad nacional deja de ser una propuesta para ser un principio con reflejo al ordenamiento jurídico", ha expresado en este sentido el síndic de Vox, José María Llanos, "satisfecho" con la aprobación de la norma, una felicidad que el portavoz del PSPV, José Muñoz, le ha reprochado a los 'populares': "Están introduciendo un término racista, levanten la voz y reaccionen", al tiempo que ha afeado al Ejecutivo autonómico ser "el laboratorio de la extrema derecha normativizando sus principios".

El debate ha sido, como es habitual y como marcan las fechas estivales, acalorado, y hasta con toques electoralistas visto el camino cada vez más corto hacia las urnas. "Este laboratorio de la extrema derecha será también el primero en el que les mandemos a la calle", ha añadido Muñoz. "Hay esperanza y más pronto que tarde habrá un gobierno a la altura del pueblo; el futuro es nuestro y es en 2027", ha sentenciado por su parte Joan Baldoví, síndic de Compromís, que ha afeado al PP haberse dejado "la última gota de dignidad que les quedaba en esta ley".

Del término prioridad nacional ha huido el PP que, sin embargo, ha celebrado otras medidas como la reforma para mejorar la adjudicación de viviendas públicas o la bajada en el IRPF, asegurando que beneficia a las "rentas medias y bajas", si bien, el mayor descenso lo contemplan los salarios de más de 100.000 euros. Aunque más que en cuestiones concretas, los populares festejan haber sacado adelante los presupuestos y la norma que le acompaña contraponiéndose con el Gobierno central y Pedro Sánchez.

"Frente a un Gobierno central incapaz de pactar con nadie en cuatro años, nosotros sí somos capaces de llegar a acuerdos", ha reivindicado el síndic del PPCV, Fernando Pastor, que ha mostrado su confianza en que esta buena relación no se termine aquí sino que continúe el próximo curso. No obstante, no parece que vaya a ser muy necesario, al menos, hasta después de elecciones ya que no hay grandes normas a la vista por debatir. Mucho menos, unos nuevos presupuestos que se dan ya por seguro que no habrá hasta que se determine el nuevo reparto de equilibrios, votación de la ciudadanía mediante.

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