La crisis interna de Asaja Córdoba ya tiene reflejo administrativo. La Junta de Andalucía ha reconocido la dimisión de cuatro miembros del comité ejecutivo de la organización agraria y ha ordenado actualizar el depósito registral de cargos, pese a que la presidencia de la entidad había alegado que esas renuncias no podían hacerse efectivas porque la junta directiva las había rechazado.

La resolución, fechada el 22 de julio, no entra a resolver el fondo de las controversias abiertas dentro de la organización patronal, pero sí da validez registral a las dimisiones de Iván de Arteaga y del Alcázar como vicepresidente primero; Marta Ulecia García como secretaria de Actas; Francisco Emilio Gómez-Villalva Pelayo como vocal; y José María Cabrera Altolaguirre como vocal.

El pronunciamiento supone un nuevo capítulo en la fractura interna que atraviesa la organización agraria cordobesa. Según recoge el expediente, los cargos dimisionarios solicitaron individualmente su baja en el registro correspondiente después de haber comunicado colectivamente al presidente de Asaja Córdoba su decisión de cesar como miembros del comité ejecutivo. La Administración requirió después a la presidencia de la entidad para que tramitara la renovación de los cargos afectados.

Fernando Adell, presidente de Asaja Córdoba. / PABLO CABRERA

La respuesta de Asaja Córdoba, según consta en la resolución, fue que no se había podido dar efectividad a esas dimisiones porque la junta directiva las había rechazado en una sesión celebrada el 6 de abril. Sin embargo, la Junta entiende que esa oposición interna no puede impedir la eficacia de unas renuncias comunicadas de forma expresa, individual e inequívoca por los propios interesados.

El argumento central de la resolución es que la pertenencia a los órganos de gobierno de una asociación empresarial tiene carácter voluntario. La Delegación Territorial sostiene que la dimisión de un cargo representativo es un acto unilateral y que produce efectos desde el momento en que se comunica de forma fehaciente a la asociación. Por tanto, no puede quedar supeditada a la aceptación, ratificación o autorización posterior de la presidencia, la junta directiva o cualquier otro órgano interno, salvo que los estatutos establezcan expresamente un régimen distinto.

El alcance de la resolución, no obstante, está limitado. La propia Junta subraya que su decisión se dicta exclusivamente a efectos registrales y de publicidad. Es decir, no prejuzga ni resuelve las discrepancias internas que puedan existir sobre la cobertura de vacantes, el funcionamiento de los órganos de gobierno de Asaja Córdoba o la validez de acuerdos adoptados en el seno de la organización. Esas cuestiones corresponden a la autonomía interna de la entidad o, en su caso, a los tribunales.

El contexto interno es especialmente delicado. Diferentes socios críticos con la actual presidencia sostienen que Asaja Córdoba se encuentra en una situación de "bloqueo" institucional y cuestionan la gestión de Fernando Adell. Entre otras cuestiones, esos escritos apuntan a la falta de cobertura de cargos, al rechazo de cuentas y presupuestos y a discrepancias sobre el funcionamiento de los órganos internos. Todas esas afirmaciones forman parte del conflicto abierto entre sectores de la organización y no son objeto de pronunciamiento por parte de la Junta en esta resolución.