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El restaurante Paquebote tendrá que desmontar la terraza instalada sobre dominio público durante más de 10 años

Дата публикации: 25-04-2026 07:56:10

Un retraso en la notificación municipal inclinó en contra el dictamen del Consejo Jurídico, pero una sentencia del TSJ permitirá recuperar el terreno

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Alexia Salas

24/04/2026 Actualizado 25/04/2026 - 09:56h.

Los 250 metros cuadrados que ocupan las terrazas con pérgolas metálicas del restaurante Paquebote, en La Manga, volverán a ser de uso público. Tras un largo trámite de denuncias y recursos judiciales, el Ayuntamiento de San Javier ha llegado a un acuerdo con la empresa Promociones Sabicasa, por la que la mercantil acepta desmontar la terraza que instaló sin licencia, y devolver el suelo municipal, según informa el concejal de Urbanismo, Antonio Martínez Torrecillas. El Ayuntamiento tiene abiertos otros cuatro expedientes de ocupación indebida de terrenos públicos por negocios privados en La Manga, la mayoría por obras de ampliación contrarias al planeamiento.

El conflicto de Paquebote se remonta a 2017, cuando el Ayuntamiento inició un expediente para recuperar unos terrenos situados en la zona de servidumbre marítimo-terrestre que, según el inventario municipal, formaban parte de una cesión gratuita realizada en 1994. Una notificación oficial fuera del plazo llevó al Consejo Jurídico a anular el requerimiento del Ayuntamiento y, aunque en primera instancia el Juzgado de Cartagena dio la razón a la mercantil, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha avalado la potestad municipal para reclamar el dominio público.

«No queríamos llegar a la ejecución forzosa, así que probamos con la vía amistosa y, después el inicio del expediente», señala el edil, quien acepta que el restaurante desmonte la terraza una vez concluida la temporada de verano.

Martínez confirma que la empresa Sabicasa es una de las investigadas en el caso judicial Valhalla, que tiene al exalcalde de San Javier, José Hernández, en el centro de la presunta corrupción urbanística a través de operaciones con diversas sociedades inmobiliarias. A requerimiento del juez que instruye el caso, iniciado hace 15 años, el Ayuntamiento ha respondido que se mantiene como parte de la acusación en el caso, que vuelve a registrar un nuevo aplazamiento para trasladar la documentación a todas las partes.

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