El presidente de la Junta, Juanma Moreno, urgió su investidura tras las elecciones del 17 de mayo, que obligaban a un acuerdo con Vox, con el argumento de que era urgente ponerse a elaborar el Presupuesto de Andalucía para 2027 y para ello era necesario contar con un Gobierno en plena operatividad. El Ejecutivo ya está trabajando y es de esperar que en las próximas semanas se empiecen a conocer las líneas estratégicas de las cuentas. No cabe duda de que el próximo va a ser un Presupuesto especial. El hecho de que Vox tenga asiento en el Consejo de Gobierno y ostente una vicepresidencia es un condicionante que dejará su huella. La duda es hasta qué punto los cambios que introduce esta situación van a ser fundamentales y diferenciadores con respecto a los ejercicios precedentes. Otras comunidades en las que el PP también tiene que apoyarse en Vox pueden ofrecer pistas. La Comunidad Valenciana aprobaba el miércoles sus cuentas de 2026 con el voto favorable del partido de la derecha radical, después de que el PP se plegara a reflejar en el Presupuesto el controvertido concepto de la prioridad nacional. En Andalucía ese mismo principio figura en el documento que fija los términos del pacto de Gobierno. Juanma Moreno en diversas declaraciones ha dejado claro que la política del Ejecutivo que preside no se va a mover “ni un milímetro” del Estatuto de Autonomía y de la Constitución. No es una obviedad. Es un pronunciamiento necesario que fija cuál es el marco de actuación de cuyos límites no se puede salir. El Presupuesto de la Junta va a ser el primer banco de pruebas de una coalición que responde a lo mandatado por los ciudadanos en las urnas. Si, como hay que desear, el reto se supera con éxito, la legislatura tendrá vía libre para transitar durante los próximos cuatro años. No es el momento de los maximalismos y sí de pensar dónde están los intereses y el progreso de los andaluces.