La irrupción del debate sobre la vivienda, que ha desembocado incluso en un adelanto electoral, ha hecho que la sanidad descienda en el ranking de las preocupaciones de los andaluces, según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces. Sin embargo, la llegada al Parlamento de la Iniciativa Legislativa Popular de Marea Blanca, el nuevo debate sobre una comisión de investigación sobre la crisis de los cribados y la huelga convocada por el Sindicato Médico Andaluz han vuelto a situar las listas de espera o los fallos en los programas de detección de cáncer de mama en el primer plano de la agenda política andaluza. En este escenario, este lunes el consejero de Sanidad y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha reunido a todo el equipo directivo para lanzar un mensaje: comienza el proceso de "transformación del sistema" anunciado en la recta final de la pasada legislatura.

"Vamos a iniciar la mayor reforma del sistema sanitario en décadas. Va a ser una gran transformación que queremos ejecutar de la mano de los profesionales". El vicepresidente primero y consejero de Presidencia y Sanidad, Antonio Sanz, arrancó este lunes con una reunión con directivos del SAS y directores de hospitales este plan que se llevará a cabo de la mano de un comité de expertos que será aprobado próximamente en el Consejo de Gobierno.

Esta anunciada transformación, que fue la respuesta de la Junta de Andalucía a la crisis de los cribados, se plantea en un triple nivel. Por un lado, con cambios organizativos de profundidad. Por otro lado, con una nueva ley de garantías del sistema sanitario. Y, por último, con una "revolución digital" que permita la incorporación de las nuevas tecnologías a los distintos procesos, según anunció el propio Antonio Sanz. Ahora queda definir en los próximos meses cómo se concretan estos cambios y cuál es su alcance en la gestión de la atención primaria, el personal sanitario o la red hospitalaria.

Con esta transformación, prometida en campaña electoral por el presidente andaluz, Juanma Moreno, el Gobierno andaluz tiene como objetivo mejorar los tiempos de respuestas, reducir las listas de espera o completar las medidas introducidas en los sistemas de realización de los cribados cuando se cumple un año de que los retrasos y problemas de comunicación en los cribados de cáncer de mama afectaran al menos a 2.371 personas, según los datos de la Junta de Andalucía.

En paralelo a esta reforma sanitaria anunciada por el consejero Antonio Sanz, esta semana llega al Parlamento la Iniciativa Legislativa Popular promovida por Mareas Blancas que superó poco antes de las elecciones un primer debate parlamentario con el voto a favor incluso del PP. La tramitación de esta propuesta comienza con las comparecencias de los agentes sociales convocados que pasarán por el Parlamento autonómico para fijar su posición y establecer sus reivindicaciones.

Marea Blanca presentó ante la Junta Electoral 57.000 firmas, 17.000 más de las necesarias, para promover la tramitación de una iniciativa legislativa popular. En ella, los proponentes lanzan una enmienda a la totalidad y piden "soluciones reales" a los problemas que enfrenta la sanidad andaluza en cuanto a listas de espera, falta de profesionales sanitarios o derivaciones a clínicas privadas.

Precisamente, con motivo de estas comparecencias Mareas Blancas ha convocado una serie de movilizaciones a las puertas del Parlamento durante toda la jornada con el objetivo de elevar la presión sobre el Gobierno andaluz. Este martes comparecerán en el Parlamento representantes de Mareas Blancas de todas las provincias, los sindicatos de clase o incluso Amama

Precisamente Amama es protagonista de otro de los frentes. Este jueves el Parlamento andaluz volverá a debatir la creación de una comisión de investigación a petición de las formaciones de izquierda sobre los fallos en los cribados del cáncer de mama cuando se cumple un año desde que se hicieran públicos a través de la Cadena SER las primeras denuncias. Tras la pérdida de la mayoría absoluta, el voto de Vox será decisivo. La formación de Santiago Abascal respaldó la iniciativa la primera vez que se votó. Ahora, sin embargo, han cambiado de posición. "En 10 meses se ha sabido perfectamente lo que ocurrió y se han puesto sobre la mesa las soluciones oportunas", defendió recientemente el portavoz adjunto Rodrigo Alonso: "No nos vamos a prestar a ese manoseo".

La Fiscalía ha archivado las denuncias presentadas por los fallos por lo que se ha puesto fin a la vía penal. Pero aún queda por delante en torno a doscientas reclamaciones patrimoniales que siguen su curso y que están pendientes de respuesta.

El consejero Antonio Sanz, en esta línea, destacó los avances en el sistema de cribados durante el último año: "Entre enero y junio de este año ya hemos realizado 249 mamografías, un 11% más que el mismo periodo del año pasado cuando se realizaron 421.000 mamografías, pero eso supuso un 41% más de mamografías que se están haciendo ya en relación con el 2018". Además, ha subrayado que en este año se han detectado 629 carcinomas.

No obstante, en 2025 en Andalucía se realizaron 7.983 nuevos diagnósticos de cáncer de mama, lo que convierte a este cáncer en "el más incidente en mujeres y representa aproximadamente el 31% de todos los cánceres femeninos diagnosticados en la comunidad", de un total de 25.374 casos de cáncer femenino.

Por primera vez dentro de su calendario de movilizaciones, el Sindicato Médico Andaluz ha apuntado en sus reivindicaciones directamente a la Junta de Andalucía y no sólo al Gobierno central. Así, ha convocado en Andalucía paros desde el 13 de noviembre al 4 de diciembre mientras en otros territorios se han desconvocado por la campaña electoral.

"La reivindicación no se limita al ámbito nacional. La Junta de Andalucía, que tiene transferidas la mayor parte de las competencias sanitarias, tiene una responsabilidad directa en nuestra situación", recoge el comunicado difundido por el Sindicato Médico Andaluz en el que responsabiliza a la Consejería de Sanidad de no haber aprobado aún un calendario de ejecución de los acuerdos alcanzados el pasado 29 de julio.

Fuente: El Correo de Andalucía