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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAEl 15 de junio de 2022 en Zamora se rozaron los cuarenta grados. Fue un día sumamente caluroso que vino después de otro igual, y de otro igual. La Aemet había emitido su alerta por peligro extremo de incendio, ya que al calor se sumaba la posibilidad de tormentas y de fuertes rachas de viento. En un paraje conocido como "La Pedrizona", en Ferreras de Abajo, cayó un rayo y se originó un incendio que calcinó cerca de 30.000 hectáreas. Los medios de extinción de la Junta de Castilla y León, dicen los vecinos, tardaron mucho en llegar. Tardaron porque no había, ya que la Junta no había declarado el peligro alto de incendios y el dispositivo estaba mermado. Lo sucedido aquel verano obligó a la administración a cambiar los protocolos. La Época de Peligro Alto, que antes iba exclusivamente del 1 de julio al 30 de septiembre, se amplió un mes más: del 12 de junio al 12 de octubre. En 2026, terminó esta misma semana. Y ya hay voces que dicen que esta modificación, la de 2022, se queda corta. Las primaveras son cada vez más cálidas y los otoños tardan más en entrar. Lo sucedido esta semana, con temperaturas de treinta grados, propias casi del mes de agosto en algunas zonas de Castilla y León, no hace más que acrecentar la sensación de que la Época de Peligro Medio, en la que oficialmente se está ahora, llega demasiado pronto. Apenas ha llovido, más allá de alguna tormenta puntual, y el sol todavía calienta mucho por las tardes. "Puede que no se produzca ya un gran incendio como si estuviéramos en pleno verano, pero las consecuencias todavía pueden ser muy negativas si el operativo que hay sobre el terreno no es el indicado", explica José Ramón Jiménez, responsable de Medio Ambiente de Comisiones Obreras en Castilla y León.La situación evidencia que el dispositivo trabaja bajo un marco legal que está obsoleto desde hace años. El caso que ha saltado más recientemente a la palestra es el de los Agentes Medioambientales, un colectivo fundamental en la prevención contra incendios que trabaja en la comunidad bajo una normativa obsoleta. Estos profesionales, regidos a nivel estatal por una ley de 2024 están, a mayores, afectados en Castilla y León por un decreto del año 2004. Un texto elaborado cuando la realidad de los incendios era muy diferente a la actual, que se basa "en una problemática del siglo pasado" y que organiza los medios en base a un paradigma claramente desfasado. Ahí se indica, por ejemplo, que los Agentes Medioambientales están obligados a hacer guardia y a acudir a prestar servicio en un incendio se produzca donde se produzca en caso de ser precisos sus servicios. Una situación válida, y a regañadientes, hace dos decenios pero "inasumible" ahora, ya que se obliga a trabajadores a ponerse al frente de un dispositivo en zonas que pueden no dominar. En 2022, además de modificar los calendarios de épocas de peligro bajo, medio y alto, la Consejería de Medio Ambiente se comprometió con los trabajadores a modificar el decreto de 2004. Hace cuatro años de eso y no hay nada, lamenta Jiménez. Lo reconocía esta semana el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a la par que ensalzaba la subida de recursos en la lucha contra las llamas del 46% en los presupuestos de la Comunidad de 2027, incluyendo los 59 millones de euros destinados a medios aéreos y unidades helitransportadas. La Junta, dijo, trabaja "de nuevo" en los decretos de medidas de la lucha contra incendios. Lo hace después de que las Cortes tumbaran el texto presentado a finales del año pasado, que llegó a la Cámara sin consenso y con un Gobierno en minoría parlamentaria."La realidad nos ha puesto en otro marco distinto y no podemos seguir trabajando con un decreto de hace 22 años", continúa el responsable de Medio Ambiente de Comisiones Obreras en la comunidad. Lo fundamental, insiste, es tener un marco "básico" pero "adaptable", que tenga a trabajadores de forma permanente en el monte, también en los meses fríos para realizar labores de desbroce y prevención. Lo que sucede, denuncian las mismas fuentes, es que el dispositivo en Castilla y León no da más de sí. Hay casos en la provincia de León, donde se registraron fuegos de importancia este mes de agosto, en el que un solo trabajador ha acumulado más de 170 horas extraordinarias en jornadas de lucha contra las llamas. En Zamora hay personal que también roza las cien. "Esto es prácticamente doblar jornada, lo que indica que hace falta un trabajador más. A las personas que acumulan horas se les tiene que compensar después, así que ahora empezarán a coger vacaciones", durante las épocas de peligro más bajo. La consecuencia es que la prevención sufre. "Oficialmente el dispositivo público está todo el año, pero en la práctica no es así", continúa Jiménez. "Si tienes que dar a un trabajador un mes y medio extra de vacaciones por el trabajo del verano, no puedes contarlo para después sacar pecho porque se trabaja todo el año", resumen las mismas fuentes. Esto por lo que refiere al operativo puramente público, pero hay parte del dispositivo que está formado por trabajadores de empresas privadas en las que se ha externalizado el servicio. Es algo que la Junta se ha comprometido a eliminar, pero que sigue existiendo. Y aquí sí hay trabajadores que esta semana se han ido a la calle. Lo explica el portavoz de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL). Es difícil cifrar cuántas personas fueron al paro el 13 de octubre, pero solo en Castilla y León se estiman en unas 600. "Las brigadas de tierra pasan de 10 o 12 componentes a cinco y las helitransportadas pueden pasar de 24 a siete". La dinámica, insisten, es la misma que la del año pasado, cuando se venía de un verano terrible en materia de incendios, tanto o más que el que acaba de terminar. "La administración no aprende de sus errores", dicen en ATIFCYL. "Incluso gastan más dinero, pero no arreglan lo que no funciona. Faltan estructuras preventivas", dicen en una asociación que pide prevenir para no gastar tanto dinero y esfuerzo en extinguir. "Se han contratado más helicópteros, pero no se invierte en prevención", indican desde el colectivo.Los representantes de los trabajadores hablan del oxímoron del "operativo inoperativo". Otro ejemplo, faltan conductores. En Zamora, una de las provincias que más sufre por el efecto de los incendios, hay un total de catorce camiones en el operativo. Cada camión tiene dos conductores a los que hay que sumar los que prestan servicio en horario nocturno: 33 en total. "Con 33 trabajadores es imposible tener en funcionamiento todos los camiones durante todo el año. Imposible. Lo que sucede es que, cuando hay bajas, se acude al paro para contratar camioneros, gente que tiene el carné pero que no tiene experiencia para meterse en un incendio. Eso o que, cuando llegan las llamas, hay camiones parados, como ha sucedido este año", puntualizan desde Comisiones Obreras. Esto demuestra, dicen los sindicatos, que el operativo, además, sufre por la falta de profesionales.En estas, los Agentes Medioambientales han anunciado que dejan de realizar guardias desde el 13 de octubre, fecha del fin de la Época de Peligro Alto. Exigen, según explica Sergio Martín, trabajador del ramo y representante de UGT, la apertura de una "negociación real" sobre las cuestiones que afectan directamente al funcionamiento del servicio y al conjunto del colectivo. Los Agentes Medioambientales no tienen reguladas cuestiones tan básicas como los tiempos de trabajo y de descanso, la organización de turnos, los sistemas de guardias y la organización de los convoyes. El sector espera un nuevo decreto de guardias de cara a la temporada de 2027 y ha empezado a movilizarse ya, mucho antes que el año pasado, cuando las primeras informaciones públicas sobre este asunto llegaron casi en primavera. "Queremos negociar, pero necesitamos que la administración abra la negociación", indican desde UGT a la par que señalan que la primera medida, la de negarse a realizar guardias, "podrá ir acompañada de otras medidas de presión que se irán concretando y desarrollando en función de la respuesta de la administración". De momento, el rechazo del bloque a las condiciones laborales de la comunidad tiene efectos notorios. Al no realizar guardias voluntarias, ante cualquier conato de incendio durante esta Época de Peligro Medio, "no hay personal cualificado disponible para dirigir y coordinar el operativo sobre el terreno", dicen los representantes sindicales. Y, en caso de haberlo, es muy posible que no fuera personal experto, añade José Ramón Jiménez. En Castilla y León, a falta de técnicos expertos en materia forestal, la labor de coordinar un fuego puede recaer en otros funcionarios sin experiencia en la materia. "En Zamora hemos tenido casos de trabajadores que durante el resto del año están centrados en materia de caza, o en materia de subvenciones, que se ven movilizando recursos para atajar un incendio", denuncian desde Comisiones Obreras. Son, de nuevo, consecuencias de un "protocolo obsoleto" que, insisten los representantes sindicales, "hay que modernizar". Para los trabajadores es fundamental trabajar en la reforma del marco legal para que la comunidad se pueda adaptar a una realidad que cambia a pasos agigantados. Incendios como los que se viven desde el año 2021 eran "impensables" hace no tanto. "Necesitamos un giro de tuerca completo para el dispositivo o seguiremos estando desbordados cada verano", insisten las mismas fuentes.
El 15 de junio de 2022 en Zamora se rozaron los cuarenta grados. Fue un día sumamente caluroso que vino después de otro igual, y de otro igual. La Aemet había emitido su alerta por peligro extremo de incendio, ya que al calor se sumaba la posibilidad de tormentas y de fuertes rachas de viento. En un paraje conocido como "La Pedrizona", en Ferreras de Abajo, cayó un rayo y se originó un incendio que calcinó cerca de 30.000 hectáreas. Los medios de extinción de la Junta de Castilla y León, dicen los vecinos, tardaron mucho en llegar. Tardaron porque no había, ya que la Junta no había declarado el peligro alto de incendios y el dispositivo estaba mermado. Lo sucedido aquel verano obligó a la administración a cambiar los protocolos. La Época de Peligro Alto, que antes iba exclusivamente del 1 de julio al 30 de septiembre, se amplió un mes más: del 12 de junio al 12 de octubre. En 2026, terminó esta misma semana. Y ya hay voces que dicen que esta modificación, la de 2022, se queda corta.